Diálogo Científico (DC) Vol. 17, No. 1, 2008
¿SOCIALISMO DEL SIGLO XXI? -
movimientos de BASES y los retos de una política de desarrollo alternativa en venezuela
Raul Zelik*1
Cuando se trata de la política social y de desarrollo del Gobierno de Chávez la crítica presenta repetidamente dos argumentos: el primero reza que no es ninguna obra de arte realizar programas sociales dados los altos ingresos provenientes del petróleo; el segundo, relacionado con el anterior, que la centralidad estatal de la actual política gubernamental no hace más que agudizar los viejos problemas estructurales de la sociedad venezolana. A ello se añade que un desarrollo autónomo de Venezuela con perspectivas de futuro ha sido impedido en los decenios pasados, sobre todo por el hecho de que prácticamente todos los sectores económicos dependían del sistema de subvenciones, no pudiéndose desarrollar por ello una base productiva autónoma.
El primer argumento, que juega un papel central en las informaciones de los medios occidentales, ya casi suena a cínico en vista de los acontecimientos reales de 1998. Se silencia totalmente que el Gobierno de Chávez por nada tuvo que luchar tan duro como por los ingresos provenientes del sector petrolero. El hecho de que el precio del petróleo volviera a subir en 1999, tras un periodo de varios años de precios bajos, fue primeramente debido a los esfuerzos de la política exterior del entonces todavía flamante Gobierno de Chávez. Por iniciativa venezolana la OPEP volvió a establecer la disciplina de las cuotas de extracción. Esta política exterior, sorpresivamente consciente de sí misma, deparó al Gobierno de Chávez precozmente la hostilidad de los Estados Unidos de América (EUA) y de diversos Gobiernos europeos.
Y también la capacidad de financiar programas sociales con los crecientes ingresos (en un principio modestos) tuvo que ser conquistada a duras penas por el Gobierno venezolano. La movilización de la oposición burguesa, que entre 2002 y 2004 organizó dos intentos para derrocar a Chávez y un referendum derrogatorio, no se inició por tanto con las reformas políticas en el marco de la nueva Constitución de 1999, sino a finales de 2001, cuando el Gobierno -hasta entonces sin un claro perfil en políticas sociales- procedió a la ejecución de las medidas distributivas. El conflicto escaló cuando en este contexto el Gobierno trató de colocar personal propio en la empresa petrolera estatal PDVSA. Mommer (2003) ha mostrado cómo la gerencia se había esforzado hasta entonces por apartar sistemáticamente a esta empresa estatal del control del Gobierno, y de ocultar al Estado las ganancias (entre otros, a través de negocios internos con filiales extranjeras de PDVSA). En conjunto se ha de partir de que la gerencia, según Mommer, se había propuesto una reprivatización de la empresa.
El que PDVSA entregue hoy nuevamente una gran parte de sus ganancias al Estado, y que de esta manera se haya generado un margen políticofiscal para programas sociales, no se puede explicar simplemente con la vertiginosa subida del precio del petróleo desde 2002. Sin la disposición del Gobierno a enfrentarse a poderosos intereses minoritarios no serían financiables sus programas sociales.
De ahí que, en su contenido, me parezca más interesante el segundo argumento que considera la actual política social como un retorno del específicamente venezolano «populist system of conciliation» (Rey 1991). De hecho, subvenciones para alimentos, programas de vivienda, salud y educación, financiados con medios públicos, fueron siempre en el pasado (pero sobre todo durante la bonanza petrolera bajo el presidente Carlos Andrés Pérez) un firme compoente integral de la política gubernamental. Tal sistema de altos gastos públicos conducía ciertamente a una reducción de la pobreza absoluta (cfr. Buxton 2003), pero al mismo tiempo servía de mecanismo para el enrriquecimiento elitario. En una entrevista con el autor (Zelik 2003), el antiguo viceministro de planificación, Roland Denis, calificó este fenómeno de modelo venezolano de acumulación. Como quiera que la economía descansaba sobre la renta petrolera (administrada por el Estado), la acumulación privada-capitalista tenía lugar, consecuentemente, dentro del Estado. El populismo era el tejado a cuyo cobijo se desarrollaba la apropiación de riqueza pública. Los proyectos de infrastructura y construcciones eran calculados muy por encima de los costes reales, y así es como los fondos públicos otorgados desaparecían en bolsillos privados. Tan sólo el presidente socialdemócrata (más tarde incluso vicepresidente de la Internacional Socialista), Carlos Andrés Pérez (CAP), parece haberse adjudicado de esta guisa cientos de millones de dólares a su cuenta particular.
El puntofijismo trajo por tanto un estatalismo dominado por la corrupción y el clientelismo, con lo que se fue erosionando ya en sus primeros años la legitimidad de la «democracia modelo de Venezuela» -como erróneamente se la llama con frecuencia. Pero en tanto que una parte de la riqueza petrolera llegaba a los segmentos bajos de la sociedad, este sistema se mantenía más o menos estable. Este orden se derrumbó sin embargo en 1983 cuando Venezuela cae en la trampa de la deuda y se inicia el círculo de la devaluación monetaria. Las elites cargaron la crisis sobre los de abajo, y el caracazo, la totalmente sorpresiva revuelta de los pobres y su brutal represión por parte del Gobierno CAP 1989, puso de manifiesto la ruptura. En el vacío político generado por esta crisis de representación es cuando se produce en la década de 1990 el vertiginoso ascenso de Chávez, quien logra reunir en torno suyo una amplia alianza de opositores al sistema.
Críticos de la política social chavista aducen ahora que la política social gubernamental es en muchos aspectos asombrosamente parecida al clientelismo populista de Carlos Andrés Pérez. Según ellos, la subvención de ramos completos de la economía infla nuevamente al Estado y refuerza existentes estructuras de corrupción y clientelismo; y, además, el Gobierno nada hace por enfrentarse a los peligros del alto precio del petróleo. De hecho, Venezuela sufrió repetidamente en los decenios pasados bajo la «enfermedad holandesa», es decir, bajo una sobrevaloración crónica del bolívar como consecuencia de las altas exportaciones de petróleo. Los flujos de dólares hacían subir el valor del bolívar, lo cual encarecía relativamente los productos fabricados en el país. Así es como resultaba más barato importar mercancías que producirlas en Venezuela. En esta situación apenas si podían desarrollarse los sectores productivos.2
Para ser justos hay que señalar sin embargo que el Gobierno de Chávez conoce perfectamente esta relación entre riqueza de reservas, inflación del Estado y bloqueo del desarrollo. Ya en 1999, cuando en Venezuela para nada se hablaba de socialismo, Chávez se refería a la necesidad de una política de desarrollo sostenible. Su punto de gravitación lo veía este presidente oriundo de campesinos en la agricultura. Los ingresos estatales ya no deberían más seguir siendo simplemente consumidos, sino colocados para que produjeran. Así fue como el Gobierno puso a disposición medios para el sistema de salud pública y para la reanimación de la producción agraria. Especial interés recayó aquí sobre los Llanos, las tierras bajas del sur venezolano con escasa densidad de población.
Pero a mayor escala es sólo a partir de 2004 cuando se empieza a debatir sobre una política alternativa de desarrollo -lo cual obedece sin duda a dos razones principales: por un lado, el Estado venezolano superó en este período una crisis fiscal que durante los conflictos políticos internos de 2002/3 casi había llevado a un colapso.3 Gracias a una exitosa consolidación de PDVSA y del creciente precio del petróleo, el Estado venezolano disponía a partir de 2004 de medios considerables. Por otro, se radicalizó el proceso político. Los intentos de la oposición por derrocar al presidente, de abril y diciembre de 2002, habían mostrado claramente que no eran los partidos del Gobierno o instituciones estatales su principal apoyo, sino una movilización descentralizada,4 sostenida por redes de las bases. Fueron estas redes las que se enfrentaron en abril de 2002 al Gobierno golpista y las que aseguraron la distribución de bienes de consumo durante la huelga de empresarios en diciembre de ese mismo año.5
Las Misiones: política social y conflicto político interno
Tras estos sucesos, el Gobierno de Chávez empezó a orientar su política más intensamente hacia la base social. Para los electores provenientes en su mayoría de los barrios pobres, la principal deficiencia de la política gubernamental consistía concretamente -muy al contrario de lo que era para la oposición burguesa- en que hasta entonces nada había cambiado en las condiciones de distribución.6
El que el Gobierno de Chávez pusiera en ejecución a partir de 2003 proyectos alternativos sociales y de desarrollo respondía por tanto perfectamente a las ideas de transformación de sus electores. La objección que se escucha frecuentemente de que estas medidas no obedecían a una estrategia integralmente diseñada es sin duda correcta. Aunque tampoco se ha de olvidar que la nueva política social era menos el resultado de un proyecto gubernamental que una parte de esta dinámica de conflicto.
La historia de las Misiones, de los programas sociales estatales, confirma claramente este carácter. Entre los primeros programas se contaban las misiones Barrio Adentro, Ribas, Robinson y Mercal (cfr. una visión de conjunto en Wilpert 2007). Aquí se trataba por un lado de satisfacer necesidades elementales (asistencia básica sanitaria; alfabetización; acceso al sistema educativo; abastecimiento de productos de consumo diario). La base social que mantenía en su cargo al presidente desde 1998 se beneficiaba por primera vez directamente de la política gubernamental. Quien describa este hecho negativamente como mero abastecimiento de una clientela, está ignorando en mi opinión todo el significado de los programas. Gracias a Barrio Adentro fueron atendidas por primera vez básicosanitariamente en Venezuela millones de personas; las misiones Ribas y Sucre posibilitaron a su vez a cientos de miles la asistencia a una escuela superior (especializada). Una política que se vuelca de esta manera hacia los grupos de población marginalizados, políticamente privados de sus derechos, no puede ser descalificada sin más como maniobra táctica electoral.
Un segundo aspecto de las Misiones, no menos interesante que el anterior, consiste en la movilización social que se desarrolla paralela a ellas. Hasta fines de 2003, el Gobierno de Chávez se hallaba en la peculiar situación de que pese a formar el Gobierno no controlaba el aparato del Estado -una situación ya discutida instructivamente por Rossanda (1975) a base del ejemplo de Chile bajo Salvador Allende. Pero esta situación de crisis llevó en el caso venezolano a una provisionalidad notable: el Gobierno de Chávez se vio obligado en 2003 a gobernar al margen de su aparato administrativo -o, como también se decía, a poner un bypass. En este sentido, las Misiones eran medidas gubernamentales improvisadas en el conflicto con la oposición. A base del ejemplo de las tiendas Mercal, administradas por el Estado, se puede analizar bien este hecho -incluidas también sus contradicciones.
A la creación de estas tiendas precede la crisis de finales de 2002. La huelga general, apoyada fundamentalmente por empresarios y por la clase media,7 condujo entonces a un colapso del suministro de bienes de consumo diario, que ya no podían ser despachados por el comercio al por mayor. En Caracas surgió en esta situación una especie de economía de emergencia: el Gobierno compraba alimentos, gas de cocina y gasolina en el extranjero, los militares transportaban los bienes a los barrios pobres, y la distribución era organizada por organizaciones vecinales. De esta manera recibieron las redes de base un reconocimiento político que hasta entonces les había sido negado. Con la creación de las tiendas Mercal se quería institucionalizar esta experiencia. Las tiendas habían de garantizar un abastecimiento independiente de grandes empresas y posibilitar al mismo tiempo un control de la demanda (compra de bienes producidos por cooperativas y productos procedentes de países latinoamericanos). Pero esta orientación estratégica apenas si fue implementada en la práctica: aunque sí es cierto que activistas provenientes de redes de base encontraron empleo en las tiendas estatales Mercal, su vinculación a organizaciones ya existentes no impidió sin embargo que se volvieran a formar de nuevo estructuras corruptas e ineficaces.8
Pero la vinculación con redes de base existentes y el estímulo de la autoorganización jugó en las misiones Robinson, Ribas y Barrio Adentro un papel mucho más central. Todos estos tres programas fueron iniciados debido a que el personal académico apenas estaba dispuesto a trabajar en los barrios pobres que estaban considerados como peligrosos. En el caso de los programas educativos Robinson y Ribas se recurrió por este motivo a una solución provisoria. Las organizaciones de los distritos habían de poner a disposición aulas y personal (facilitadores), mientras que el Estado se encargaba de proveer de libros, televisores y videos didácticos. Es evidente que la falta de profesores especializados repercutió negativamente sobre las sotenibilidad de los programas. Pero por otro lado no se puede negar que ambas misiones despertaron un verdadero entusiasmo educativo entre la población pobre. Lo cual significa realmente un éxito nada despreciable: en un grupo de población hasta entonces espacial, política y socialmente marginado, se impuso la convicción de que la marginación social no es algo dado por naturaleza. Incluso aún cuando numerosos participantes de la misión Ribas interrumpieron sus cursos antes de alcanzar la madurez escolar -en algunos barrios se criticó con frecuencia la falta de disciplina de asesores y alumnos-, no se ha de minusvalorar el número de aquéllos a quienes gracias a estos programas se abrieron nuevas perspectivas.
Muy similar es el caso de la misión de salud Barrio Adentro. El discutido recurso a médicos cubanos también tuvo en este caso que ver con el hecho de que el personal venezolano especializado -reclutado por regla general de entre la clase media- no estaba dispuesto a prestar sus servicios en barrios pobres y en pueblos alejados. Dentro de este contexto es como el Gobierno de Chávez firma el conocido acuerdo con el Gobierno cubano. El colegio médico venezolano criticó la entrada de 10.000 médicos cubanos, calificándola no sin razón de dumping salarial.9 Pero también este programa estuvo caracterizado por una notoria participación ciudadana. Al menos en la fase inicial de Barrio Adentro se exigió de vecindarios formar comités de salud que apoyaran a las y a los médicos cubanos en su trabajo diario. De esta manera se comprometieron tan sólo en Caracas miles de voluntarios en el marco de Barrio Adentro.
Estas formas improvisadas de estatalismo alternativo han vuelto a perder importancia en los dos años pasados. El Gobierno considera manifiestamente como insuficientes estas estructuras surgidas en situaciones de crisis y aboga por una institucionalización de los programas. Aunque se puede dudar seriamente de que los nuevos aparatos administrativos en vías de surgimiento vayan a ser más transparentes que las desacreditadas estructuras del puntofijismo.
«Desarrollo endógeno», «socialismo del Siglo XXI» y estatalismo alternativo
Con los conceptos de «desarrollo endógeno» y «socialismo del Siglo XXI», el presidente Chávez definió en 2004 y 2005 los puntos básicos de un proyecto de desarrollo alternativo a gran escala. Ambos conceptos fueron esbozados sólo en sus líneas generales: bajo «desarrollo endógeno» se entiende hoy en Venezuela generalmente una política de desarrollo descentralizado y sostenible que trata de utilizar las capacidades y estructuras locales como potencial. A diferencia de las estrategias de substitución de importaciones (orientadas a la gran industria), que fueron dominantes en América latina en las décadas de 1950 y 1960, hoy se persigue un desarrollo a menor escala que integra y promueve ciclos locales de autoabastecimiento en regiones rurales, así como también en el sector informal.
El «socialismo del Siglo XXI» tiende en una dirección similar. Se entiende bajo este concepto una renuncia a las tradiciones autoritario-centralistas del socialismo estatal de antaño. En las publicaciones venezolanas oficiales se pueden identificar las siguientes características de tal socialismo: a) establecimiento de una economía social, no totalmente nacionalizada, en la que se garantiza públicamente la manutención básica y se promueven formas de propiedad y producción solidarias, cooperativistas y colectivas; b) mantenimiento y profundización de la democracia a base de plebiscitos, referendums, presupuestos participativos, etc.; c) una adaptación conceptual del concepto de socialismo a la realidad latinoamericana en el que se recojan tanto tradiciones indígenas colectivas como principios cristianos y concepciones de justicia de las guerras de independencia y d) la persecución de un proyecto de integración continental tal como es propagado por Chávez bajo las siglas ALBA.
Puede que este proyecto de desarrollo tenga un diseño sólo tosco, pero las reflexiones que lo respaldan nada tienen de evidente ni de banal. Así, la propagación de un modelo de desarrollo descentralizado, menos orientado a la gran industria, está basada en la experiencia de que la modernización tardía está condenada económicamente al fracaso y/o promueve la formación de sistemas represivos.10 También el fortalecimiento de formas de propiedad solidarias, el fomento de una democracia participativa y la consideración de tradiciones latinoamericanas son elementos plausibles de un programa alternativo.
El problema fundamental del proyecto chavista radica sin embargo en el hecho de que entre las metas generales y la praxis diaria política se abre una brecha gigantesca. Y mi objección no apunta a que el Gobierno de Chávez haya de aportar por arte de magia soluciones a problemas fundamentales. Más bien hay que constatar críticamente que el Gobierno más bien se esfuerza poco por hacer transparente y discutir la complejidad del proyecto de transformación.
Edgardo Lander, cercano al Gobierno e intelectual crítico, ha llamado varias veces la atención sobre este aspecto: se propaga el socialismo del Siglo XXI sin analizar a la vez por qué motivos el anterior socialismo realmente existente se desarrolló hacia un sistema autoritario, totalmente ineficiente en sentido económico. El discurso de Chávez, hemos de reconocerlo, decepciona en este sentido por sus pocas reflexiones al respecto. El mantenimiento de una economía mixta, la preservación de diferentes formas de propiedad, garantías democráticas y el desarrollo de proyectos específicamente nacionales o regionales, es todo lo contrario de una novedad en el debate socialista. En la antigua Yugoslavia se hicieron ya intentos a partir de la década de 1960 de socialismo cooperativista; en el Perú, el Gobierno del militar izquierdista Juan Velasco Alvarado entregó entre 1968 y 1975 sectores básicos de la industria a los obreros, se remitió a tradiciones indígenas y fortaleció asambleas comunales, o sea, a ese mismo poder popular del que hoy se vuelve a hablar en Venezuela; participación democrática, identidad latinoamericana, libertad de opinión y economía mixta fueron los puntos básicos de la política sandinista en Nicaragua. Estos enfoques tienen en común -lo mismo que el socialismo estatal de cuño soviético- el que todos ellos han fracasado. Lo cual no quiere decir necesariamente que, en principio, tal política haya de ser errónea. Aunque sí habría que dar una respuesta a por qué estos enfoques tampoco se desarrollaron del modo deseado.
Y es precisamente este debate -decisivo- el que trata de evitar el Gobierno en Venezuela. Pero no sólo eso: en manifiesta contradicción con su propio discurso, el Gobierno de Chávez defiende a Cuba como modelo social. Aquí, el observador mejor intencionado, que reconoce los logros cubanos en la manutención básica de la población, no puede negar que la economía cubana funciona en general mal, y que en la sociedad no han dejado especiales huellas ni la participación ni la transparencia.
La actitud chavista frente a Cuba es perfectamente característica del proyecto del Gobierno venezolano. Los plausibles principios son contrarrestados regularmente por la praxis política. Se habla, por ejemplo, de desarrollo alternativo, ambientalmente adecuado, pero en caso de duda se otorgan sin embargo derechos de explotación minera en regiones indígenas a empresas transnacionales. Se formula una crítica conceptualmente correcta, una crítica al Estado, pero al mismo tiempo se crean instituciones que son alarmantemente similares a las viejas: de manera intransparente, ineficiente y democráticamente incontrolable también ellas sirven a los nuevos funcionarios para su enrriquecimiento personal.11 Y aquí no sorprende que las nuevas se parezcan a las viejas instituciones. El carácter clientelista del Estado venezolano no tiene que ver en primera línea con el hecho de estar ocupado por un personal ineficaz y corrompible: su problema ha sido siempre. y sigue siéndolo, de naturaleza estructural. El hecho de que la renta petrolera sea distribuida dentro del Estado, lo conforma a éste de manera clientelista. El enrriquecimiento personal sólo se podría frenar si se produjera una democratización radical, o sea, si se cuidara de la transparencia del aparato y de una participación activa ciudadana. Ciertamente que se habla en Venezuela de una tal contraloría social -ella es incluso uno de los pilares de la reforma administrativa-, pero en la práctica el aparato estatal se muestra resistente al control. Y no en último término debido a que el aparato político está dominado por estructuras de liderazgo y redes de poder informales, cuyo surgimiento promueve el estilo personal del presidente. Chávez juega un papel contradictorio: de un lado le corresponde sin lugar a dudas el mérito de haber iniciado un movimiento participativo y, de otro, en cuanto figura política realzada, significa un obstáculo para una democratización radical.
«Núcleos de desarrollo», cooperativas, autogestión obrera
Consideremos ahora más al detalle algunos proyectos de la política económica y de desarrollo:
En 2004/5, el Gobierno empezó a inaugurar los así llamados núcleos de desarrollo endógeno, una especie de plantas modelo de política de desarrollo. La sin duda más conocida de estas plantas se halla en Catia, un barrio pobre en el oeste de la capital Caracas. En unas instalaciones retiradas de servicio, propiedad de la empresa estatal PDVSA, se ensaya en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda hacer visible la vinculación entre política económica, política social y política de desarrollo: las instalaciones de abastecimiento y de producción se hallan directamente unas al lado de otras; aparte de una clínica, instalaciones de deporte y algunas organizaciones de vecinos, hay una fábrica de zapatos, una sastrería y una huerta de verduras llevada por una cooperativa. Las instalaciones para la salud, entre las que se encuentra también una farmacia que ofrece medicinas a precios muy bajos, son mantenidas por el Estado y su utilización es gratis. También las inversiones en las instalaciones de producción fueron financiadas con fondos públicos. Esta planta deja bien claro que lo importante para el Gobierno venezolano no es en primera línea un incremento de una producción orientada al mercado mundial. Por desarrollo entiende más bien un proceso socioeconómico general que ha de repercutir en beneficio de la mayoría de la población.
Simultáneamente se ha tenido en cuenta el aspecto de la producción en la planta. Las cooperativas en la industria textil y del calzado fueron fundadas en el marco de la misión Vuelvan Caras, un programa de educación que hace posible la formación profesional a los adultos. Los cooperativistas fueron formados en 2005 en la fábrica textil y de calzado para que pudieran ellos mismos dirigir la planta autónomamente. Las inversiones efectuadas por el Estado han de ser más tarde saldadas, al menos en la perspectiva, por las cooperativas.
A todas luces se quiere evitar establecer nuevamente relaciones paternalistas entre el Estado (o sus elites) y los ciudadanos, tales como eran características del populismo bajo Carlos Andrés Pérez. Los fondos públicos no han de ser simplemente consumidos, sino que han de fluir en plantas de producción y en la formación. Los cooperativistas no son alimentados, al menos teóricamente, por el Estado; éstos tienen que amortizar sus plantas y de este modo poner fondos a disposición de otros proyectos promocionales. Cogestión y participación son entendidas como desafíos que se plantean también en la vida económica; con ello se amplía claramente el significado del concepto de democracia. Además se intenta -en consonancia con el principio «endógeno»- aprovechar también los conocimientos locales: Catia está considerado como un barrio en el que existen tradicionalmente muchas fábricas textiles y de calzado.
El problema central del proyecto sigue siendo sin embargo indiscutible: apenas si existe un ramo donde la competencia del mercado mundial sea tan brutal como en el textil y en el del calzado. Si las cooperativas no han de competir con los sweat shops del sureste asiático en lo que respecta a peores condiciones laborales, se verán permanentemente necesitados del apoyo estatal. Pero de este modo, el viejo principio paternalista, que desde siempre estuvo en el fondo del populismo clientelista venezolano, vuelve a revivir un silencioso renacimiento. El Estado -o para decirlo más drásticamente: el presidente Chávez- seguirá cuidando de las cooperativas. Aquí poco se puede decir en contra de que la producción local sea protegida frente a una competencia que opera con salarios miserables. Pero cuanto más directa sea esta protección en forma de subvenciones, tanto más marcadas serán las expectativas de alimentación que tan características son de Venezuela: el Estado como proveedor de ciudadanos (tendencialmente pasivos).
También proyectos de mayores dimensiones en el sector automovilístico y tecnológico se ven confrontados con este fenómeno: el «joint venture» iraní-venezolano Venirauto ya ha puesto en el mercado hace tiempo los primeros autos de clase media, de producción nacional y ahorrativos de energía. Una cooperación chino-venezolana produce desde hace poco ordenadores a precio barato para el mercado nacional. Ambos proyectos se verán a plazo medio ante la alternativa de adaptarse a las condiciones internacionales de producción o a tener que ser subvencionados por el Estado.
Por qué esta vinculación con el Estado es un problema -al menos con frecuencia- queda claro en el caso de las cooperativas agrarias. Fox (2007) informa en venezuelanalysis.com, una revista «online» próxima al Gobierno pero no falta de crítica, de 181.000 cooperativas que en 2007 estaban registradas en Venezuela. De todas ellas funcionan, incluso a tenor de estadísticas oficiales, sólo menos del 40%. Ello tiene que ver, entre otras causas, con el hecho de que el boom cooperativista es un resultado de la movilización política de Chávez. El presidente ha logrado ciertamente desatar un movimiento social que trata de cambiar en sus fundamentos las relaciones económicas, pero muchas veces no basta el impulso para consolidar proyectos que operen autónomamente. En una cooperativa agraria en Barinas, al sur de Venezuela, pequeños campesinos hablaban de que en 2005 sólo habían quedado diez familias de las 100 que originariamente la formaban. Y ello pese a que el Gobierno había cumplido muchas de sus promesas y puesto a disposición de la alejada cooperativa algo de infrastructura -comunicación vial, casas, escuelas, etc. La situación geográfica y conflictos internos en las cooperativas llevaron sin embargo a muchos miembros fundadores a renunciar al proyecto en unos pocos meses. A ello se añadía la dificultad de que muchos cooperativistas no tenían mucha o ninguna experiencia en el campo de la agricultura. Con el programa de formación Vuelvan Caras y con el apoyo de personal técnico se trata de llenar estos vacíos, pero los resultados son hasta ahora bastante modestos.
Desde el Ministerio de Agricultura se informa además de otros obstáculos. Como las cooperativas son promovidas con fondos públicos se producen repetidamente fundaciones de cooperativas motivadas por razones meramente financieras. En un caso, incluso un terrateniente animó a sus peones a fundar una cooperativa para así poder ellos solicitar máquinaria agrícola. El tractor concedido a esta cooperativa y financiado con fondos públicos fue finalmente cedido al terrateniente previo regalo de algunas decenas de cajas de cerveza.
Uno de los problemas fundamentales parecería ser que el crecimiento cualitativo en Venezuela no puede ir al ritmo del cuantitativo. Este problema es todavía más agravado por Chávez en un aspecto. Como ya hemos dicho, su política se caracteriza por una permanente movilización política de las capas bajas. Esto es positivo por una parte: Chávez ha animado a la participación a una mayoría de la población no representada, medialmente hecha invisible y políticamente marginalizada. Aunque también se ha de añadir que su comunicación genera también una difícil dinámica propia. Chávez tiene que movilizar siempre de nuevo a la población para mantener en marcha el proceso social que le sirve de soporte. Lo cual quiere decir que está obligado a presentar éxitos en sus continuas apariciones en los medios de comunicación.
De esta manera se ha ido formando algo que se podría designar como variante específicamente venezolana de la «ideología de la tonelada»:12 el crecimiento cuantitativo exhibible es valorado más alto que el cualitativo, siempre más difícil de ver. Una víctima de esta política, según se informa desde círculos de las organizaciones barriales de Caracas, es Julio Montes, ex ministro de la vivienda, quien presentó su dimisión en 2005. Montes, a quien se atribuían buenas relaciones con los movimientos de base, propuso tras la toma de posesión de su cargo ministerial un cambio radical en la política de la construcción. Según se cuenta congeló contratos no transparentes con empresas privadas y estimuló una estrecha cooperación con los Comités de Tierra Urbana (CTU) organizados de manera democrática básica. Los CTUs, surgidos en 2002 en el marco de la legalización de barrios pobres urbanos, pueden ser considerados, al menos en Caracas, como forma horizontal de la organización de vecinos. Urbanistas alternativos hace tiempo que remiten a que la participación ciudadana es requisito central para el logro de proyectos infrastructurales. En Venezuela se ha tenido que hacer repetidamente la experiencia de que colonias construidas por el Estado no fueron aceptadas por los moradores y se desmoronaron sin haber sido utilizadas. Aparte de que la participación reduce también el margen de la corrupción. En el caso de programas de construcción en el que participan los futuros moradores es más difícil utilizar fondos para fines diferentes o emplear materiales deficientes.
En este contexto, los CTUs aplaudieron las propuestas del ministro Montes para administrar conjuntamnte medios financieros públicos en una forma de co-gobierno. Pero debido a que el ministro puso en el centro la participación y la transparencia se construyó perceptiblemente menos de lo originariamente planificado. El presidente Chávez tomó esto como motivo para criticar públicamente a su ministro Julio Montes en su programa Aló Presidente. Montes presentó acto seguido su dimisión.
Que aspectos formales y cuantificables se hallan en primer plano, es una impresión que se tiene también en otros campos. La democratización de la vida económica -es decir, la cogestión en grandes fábricas o la autoadministración de fábricas que han dado en quiebra, ocupadas por los obreros- muestra en la práctica efectos sólo limitados. Con frecuencia la cogestión se reduce a una evaluación de nuevos sindicatos chavistas creados dentro de las fábricas, y a una retórica revolucionaria que poco cambia en las condiciones laborales y procesos de decisión. La planta estatal de aluminio de Alcasa, por ejemplo, se halla en régimen de cogestión desde 2005. La produción está sin embargo considerada como tan perjudicial para la salud que en realidad ya debía haber sido cerrada hace tiempo. Incluso en este proyecto de excepción se plantea por tanto la cuestión de qué hay que entender realmente bajo autoadministración y democracia.
Resumen
Un juicio concluyente sobre la política social y de desarrollo del Gobierno de Chávez no podrá ser por tanto homogéneo. El reproche que le hacen muchos reporteros de que el Gobierno reparte los ingresos petroleros sólo por el cálculo político de mantenerse en el poder, es con toda seguridad falso. Si lo importante para el Gobierno de Chávez fuera sólo seguir en el poder, más fácil le sería seguir sirviendo a las elites tradicionales. La política social y de desarrollo está claramente orientada hacia una alternativa social al mercado y al neoliberalismo. Ya tan solo esta empresa es digna de ser tenida en cuenta.
También el reproche de que se trata de una política sin perspectiva de desarrollo se apoya en supuestos falsos. El Gobierno venezolano se ha esforzado en los pasados años por no consumir siemplemente medios financieros, sino por invertirlos en proyectos con perspectivas de futuro, es decir, por incrementar la producción nacional. Programas de formación y de salud de gran volumen, la promoción de la agricultura y la construcción de plantas nacionales de producción, entre ellas, empresas para la fabricación de automóviles y tecnología, demuestran que aquí se persigue un amplio concepto de desarrollo. No está sin embargo claro en absoluto si los altos ingresos provenientes del petróleo no van a bloquear de nuevo a mediano plazo estos esfuerzos desarrollistas, tal como siempre fue el caso en el pasado venezolano.
Por último, lo más problemático parece ser que aquí se concede con frecuencia demasiada poca importancia a un crecimiento cualitativo, políticamente enmarcado -y en consecuencia más lento. Los procesos de democratización, necesarios para un control social del Estado y de la administración, son interrumpidos por el culto a la persona de Chávez (aunque también por los permanentes ataques de la oposición burguesa). Así ocurre que reformas, en principio correctas, no llegan en este contexto a una realización práctica, y quedan como algo formal. El que el gran proyecto alternativo, que ha de combinar justicia social, democracia y solidaridad, todavía no se haya hecho realidad en Venezuela, no puede ser con seguridad una objección. Una alternativa al mercado y a la competencia tiene que contar con muchas contradicciones internas y, no en último lugar, también con una resistencia masiva externa. Pero, sin embargo, sí hay que criticar que en Venezuela se discuta demasiado poco sobre problemas estructurales, internos, y sobre las desastrosas experiencias del socialismo real. Mientras que esto no cambie no podrá materializarse ninguna alternativa social que apunte más allá del burocratismo estatal. Y sin embargo considero extraordinariamente interesantes los esfuerzos venezolanos de transformación -por plantear novedosamente cuestiones de principio sobre economía, justicia y democracia que parecían haber desaparecido totalmente en el único orden mundial neoliberal que quedó depués de 1989.
Bibliografía
Buxton, Julia (2003): «Economic Policy and the Rise of Hugo Chavez», en: Ellner/Hellinger 2003.
Castillo, Antonio (2003): «Breaking Democracy. Venezuela's Media Coup», en: Media International Australia incorporating Culture and Policy 108, Sydney / Australia.
Diehl, Oliver / Muno, Wolfgang [Hg.] (2005): Venezuela unter Chávez - Aufbruch oder Niedergang?, Frankfurt / Main.
Eisenbürger, Gert / Küppers, Gaby (2005): «Man spürt eine neue soziale Energie» (Interview mit Pater Armando Janssens), en: ila 287, Bonn.
Ellner, Steve / Hellinger, Daniel [eds.] (2003): Venezuelan Politics in the Chavez Era. Class, Polarization & Conflict, Boulder / USA.
Ellner, Steve / Salas, Miguel Tinker (2005): «Introduction: The Venezuelan Exceptionalism Thesis: Separating Myth from Reality», en: LatinAmerican Perspectives XXX, 32,2, Riverside /USA.
Fox, Michael (2007): «Venezuela's Co-op Boom», en: http://www.venezuelana lysis.com/analysis/2393, 5.12. 2007.
Harnecker, Marta (2003) Militares Junto al Pueblo, Caracas
Lander, Edgardo (2005): «Venezuelan Social Conflict in a Global Context», en: LatinAmerican Perspectives XXX, 32, 2, Riverside /USA.
Lander, Edgardo (2006): «Creación del partido único, ¿aborto del debate sobre el Socialismo del Siglo XXI?», en: http://www.aporrea.org/ideologia/a28743. html, 5.12. 2007.
Lemoine, Maurice (2003a): «A coup countered», en: Wilpert 2003.
Lemoine, Maurice (2003b): «Coups d'Etats without Borders», en: Wilpert 2003.
Lemoine, Maurice (2003c): «Venezuela's Press Power», en: Wilpert 2003.
Melcher, Dorothea (2005): «Petroleumrepublik Venezuela», en: Sevilla/Boekh 2005.
Mommer, Bernard (2003): «Subversive Oil», en: Ellner/Hellinger 2003.
Ramírez Voltaire, Simón / Müller, Markus-Michael (2004): «Eine Einladung zum Mitmachen.Warum die Rede vom ‚Populismus' mehr verschleiert als sie klärt», en: iz3w 280, Freiburg.
Rey, Juan Carlos (1991): «La Democracia Venezolana y la Crisis del Sistema Populista de Conciliación», en: Revista de Estudios Políticos 74, Madrid.
Rossanda, Rossana (1975): Über die Dialektik von Kontinuität und Bruch, Frankfurt/Main.
Sevilla, Rafael / Boekh, Andreas ([Hg.] (2005): Venezuela - Die Bolivarische Republik, Bad Honnef.
Wilpert, Gregory [ed.] (2003): Coup Against Chavez in Venezuela, Caracas.
Wilpert, Gregory (2007): Changing Venezuela by Taking Power. The History and Policies of the Chavez Presidency, London.
Zelik, Raul (2003): «Zur politischen Situation in Venezuela» (Interview mit Roland Denis), en: http://www.links-netz.de/K_texte/K_zelik_venezuela. html, 1.2. 2006.
Zelik, Raul / Bitter, Sabine / Weber, Helmut (2004): Made in Venezuela. Notizen zum ‚bolivarianischen Prozess', Berlin.
Zelik, Raul (2005): «Venezuela - Notizen zur ‚bolivarianischen Revolution'», (Radio-Feature), en: http://www.raulzelik.net/techtarchiv/venezuela/wdr-feature.rtf
Zelik, Raul (2006): «Venezuelas ‚bolivarianischer Prozess'. Mit Gilles Deleuze in Caracas», en: Prokla 142 - Soziale Kämpfe in Lateinamerika, Münster.