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DOCUMENTACIÓN
 AMÉRICA
SUDAMÉRICA
COLOMBIA
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Índice AI: AMR 23/004/2004
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20 de abril de 2004
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[No publicar antes de: 20 abril de 2004]
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Público
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Amnistía Internacional
Colombia
Un laboratorio de guerra:
Represión y violencia en Arauca
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Resumen
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Índice AI:
AMR 23/004/2004
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http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042004
A causa de su importancia estratégica en materia económica,
militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido
un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las
fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los
grupos armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte
presencia en el departamento. Arauca ha atraído también la atención de
Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto
de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte
propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe
ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera
con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave
de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de
seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación,
establecidas por el gobierno en 2002.
Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento
de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de
seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los
defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los
dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con
frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto,
durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su
control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos
agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las
fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha
respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el
gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando
sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil,
especialmente contra las autoridades y funcionarios locales.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido
para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los
civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los
derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La
Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y
la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y
Arauquita. De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a
la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra
las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento
de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación
y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte
incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó
principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes
campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado
anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente
cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos,
a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a
pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en
funcionamiento.
Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas
del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y
"desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y
secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en
Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido
"limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el
oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados
con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas
y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en
favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a
quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la
guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la
población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas,
"desapariciones" y tortura.
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de
América –el principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las
empresas extranjeras que actúan en el departamento tienen el deber de
garantizar que sus fondos y sus actividades no contribuyen a que se
cometan violaciones de derechos humanos en Arauca. Sin embargo, unidades
del ejército implicadas en violaciones de derechos humanos siguen
recibiendo ayuda económica y logística de gobiernos de segundos países y
de empresas extranjeras.
Este texto resume el
documento titulado Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y
violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004), publicado por
Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más información
o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal.
Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros
temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa
se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al
español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1
EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA
INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
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[No publicar antes de: 20 abril de 2004]
|
Público
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Amnistía Internacional
Colombia
Un
laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca
© Reuters
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1
2. LA
POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 6
Ayuda militar: proteger los
intereses estadounidenses en la región 8
La lucha por el dominio: guerrillas
y paramilitares 10
3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE
EMERGENCIA 11
La zona de rehabilitación y consolidación
de Arauca 11
Un soldado en cada esquina: la
militarización de Arauca
12
El coste en derechos humanos: la
intensificación del conflicto armado 12
4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL
CONFLICTO 14
El ejército de soldados campesinos 14
La red de un millón de informantes
civiles 16
Soldado por un día 18
5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A
LA SOCIEDAD CIVIL 19
Defensores de los derechos humanos,
activistas sociales y dirigentes campesinos 19
Fortalecimiento de la autonomía del
ejército en Arauca 23
Estrategia nacional para consolidar
la impunidad 25
6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL
PARAMILITARISMO 27
La consolidación del
paramilitarismo en Arauca
28
Ataques a la población civil 32
Continúan los homicidios pese al
alto el fuego 32
7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 33
Autoridades locales en el punto de
mira 33
Bombas y morteros: las víctimas
civiles 35
Extorsión y secuestro como fuente
de ingresos 35
8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS
DEL CONFLICTO 36
Periodistas: un golpe a la libertad
de expresión 36
Maestros: minando el derecho a
enseñar 37
Mujeres: atacadas como táctica de
terror 37
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39
Colombia
Un laboratorio de guerra:
Represión y violencia en Arauca
1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2002, los vecinos de Saravena, en el
departamento de Arauca, se disponían a celebrar su fiesta tradicional.
Para que pudieran disfrutar de su festividad, el ejército accedió a
levantar algunas de las restricciones de circulación impuestas a los
habitantes de Saravena y otros municipios de Arauca por el gobierno del
Presidente Uribe en septiembre de 2002. Sin embargo, la tarde del 12 de
noviembre, unos 700 soldados rodearon la localidad para que el ejército,
la policía y miembros de la Fiscalía General(1) y la Procuraduría
General(2) registraran casas, lugares de trabajo y comercios. Al concluir
la noche se había detenido a punta de arma a más de 2.000 personas y se
las había conducido al estadio de Saravena, donde las fotografiaron, las
grabaron en vídeo, las interrogaron, comprobaron sus antecedentes y les
marcaron los brazos con tinta indeleble.
Esta detención en masa de civiles, conocida como Operación
Heroica y teóricamente destinada a detener a presuntos miembros de la guerrilla,
ha sido la operación más grande de este tipo llevada a cabo por las
fuerzas de seguridad colombianas en los últimos años. Entre los 2.000
aprehendidos aquella noche se encontraban la mayoría de los miembros de
la comunidad de derechos humanos de Saravena, así como conocidos
sindicalistas y otros dirigentes sociales. Sin embargo, sólo 85 fueron
detenidos oficialmente. De ellos, 35 fueron puestos en libertad más tarde
por falta de pruebas. De los 50 restantes, unos 40 eran sindicalistas. En
el momento de redactar este informe, se creía que apenas 30 de los 2.000
aprehendidos aquella noche seguían sometidos a investigación.
La realidad de la guerra en Colombia es terriblemente cruda, pero
el departamento de Arauca se ha visto especialmente afectado por el
conflicto armado, que ha asolado el país durante cuatro décadas. Además,
en lo que se ha convertido en una trágica norma en los conflictos
modernos de todo el mundo, es la población civil la que soporta
invariablemente la carga de la represión y la violencia que le infligen
las partes del conflicto: las fuerzas de seguridad y sus aliados
paramilitares, por un lado, y los grupos armados de oposición, por el
otro. Así sucede en el departamento nororiental de Arauca, rico en
petróleo, donde los intereses económicos, especialmente los asociados al
control de los importantes recursos petrolíferos del departamento, y los
intentos de la guerrilla de sabotear estos recursos y obtener fondos
mediante extorsiones a la industria petrolera han avivado el conflicto
durante más de 20 años. La cifra de civiles muertos en el departamento es
escalofriante. Aunque las cifras varían según las fuentes consultadas, se
calcula que, únicamente en el municipio de Tame, que cuenta con una
población de tan sólo unos 55.000 habitantes,(3) al menos 175 personas
fueron asesinadas en 2003, frente a las 144 de 2002 y las 86 de 2001.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las
medidas recientemente adoptadas por el gobierno como parte de su
estrategia de "seguridad democrática" han agravado la crisis de
derechos humanos de Arauca.(4) La creación de una red de informantes
civiles, algunos de ellos pagados, y de un ejército de "soldados
campesinos" obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad ha
puesto a los civiles en peligro de ser atacados por la guerrilla,
mientras que la aprobación por el Congreso de una ley que otorga poderes
de policía judicial a las fuerzas armadas probablemente facilitará la
práctica ya existente de iniciar investigaciones judiciales, muchas veces
infundadas, contra defensores de los derechos humanos y otros civiles.
Estas tácticas tienen como finalidad empañar la imagen de los defensores
y los activistas sociales al acusarlos de actividad guerrillera, y los
expone a un mayor peligro de ser víctimas de ataques violentos de los
paramilitares, independientemente de que las investigaciones descubran o
no indicios de actividades delictivas. Si el ejército actúa de
"policía" con sus propios miembros, lo más probable es que muy
pocos de ellos sean investigados por violaciones de derechos humanos, si
es que se investiga a alguno.
El uso de la legislación de emergencia por parte del gobierno
también ha sido motivo de preocupación. Colombia ha pasado la mayor parte
de los últimos 50 años bajo diversos estados de emergencia, en los que se
han dejado de lado las garantías constitucionales, los gobiernos han
gobernado por decreto y al ejército se le han concedido amplios poderes
para encargarse de cuestiones de orden público. Esto ha dado lugar a violaciones
flagrantes y generalizadas de derechos humanos. El Presidente Uribe
declaró el Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002,
tan sólo tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de
2002 emitió el decreto 2002, que le permitiría establecer el 21 de
septiembre dos zonas de seguridad, las llamadas Zonas de Rehabilitación y
Consolidación, una de las cuales abarcaba tres municipios de Arauca:
Arauca, Saravena y Arauquita. El 29 de abril de 2003, la Corte
Constitucional se pronunció contra la renovación del estado de emergencia
y todos los decretos relacionados con él, incluido el decreto 2002. Sin
embargo, en la práctica, el ejército sigue utilizando muchas de las
medidas anuladas por la Corte. Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación
se establecieron para reducir la violencia, al final se caracterizaron
por un aumento de la inseguridad y de las violaciones de derechos humanos
e infracciones del derecho internacional humanitario.(5)
Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales
y de derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio,
"desaparición", detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.
Además, pese a haber expresado interés en mantener un diálogo con las
ONG, en la práctica el gobierno, las fuerzas de seguridad y otras
autoridades han tratado a menudo y de forma cada vez más frecuente a los
defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales como
subversivos, calificándolos así en declaraciones públicas y haciéndolos
blanco de ataques durante operaciones de inteligencia y de
contrainsurgencia. Esta forma de actuar ha expuesto a muchos de ellos,
también en Arauca, a amenazas y ataques de paramilitares respaldados por
el ejército. El 8 de septiembre de 2003, el Presidente Álvaro Uribe atacó
a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos describiendo
a algunas de ellas (sin especificar cuáles) como "politiqueros que
finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la
bandera de los derechos humanos".(6)
El departamento nororiental de Arauca está situado cerca de la
cordillera oriental de los Andes. Tiene unos 265.000 habitantes(7) y
abarca 23.000 kilómetros cuadrados. Se compone de siete municipios:
Arauca, Arauquita, y Saravena, en el norte del departamento, y Cravo
Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, en el sur. Este departamento, que
hace frontera con Venezuela, consta de tres subregiones geográficas: la
cordillera de los Andes, el piedemonte y la sabana. Sus recursos
petrolíferos están situados sobre todo en el límite entre el piedemonte y
la sabana.
Arauca cuenta con una reducida población indígena que se compone,
entre otros, de U’was y guahibos. La región fue colonizada por primera
vez por inmigrantes en la década de 1950, cuando llegaron hasta allí familias
que buscaban refugio frente a "La Violencia" de otras zonas de
Colombia.(8) La segunda oleada colonizadora significativa se produjo tras
el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980, cuando
más familias se trasladaron al departamento en busca de trabajo y de
mejores condiciones de vida.
Aunque la mayoría de los cultivos de coca se concentran en el sur
del país, Arauca ha presenciado recientemente un aumento de las
plantaciones ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, y citando fuentes
militares, el cultivo de coca aumentó de 978 a 12.000 hectáreas en el
periodo 2000-2001, aunque, según la policía, el aumento ha sido mucho más
modesto, de las 978 hectáreas del año 2000 a 2.749 en el 2001.(9)
Décadas de
homicidios: los grupos armados de oposición y los paramilitares
Los grupos de guerrilla surgieron en la década de 1950, durante
"La Violencia". En ese periodo, grupos armados vinculados a los
partidos Liberal y Comunista se vieron obligados a replegarse a zonas
remotas e inaccesibles del país. Esos grupos armados formaron el núcleo
del principal movimiento de oposición armada durante los últimos 50 años,
que en 1966 se consolidó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), surgidas de grupos campesinos creados para defender
las comunidades favorables al Partido Liberal. Las FARC son el grupo de
guerrilla más grande del país, con unos 20.000 combatientes. El otro
grupo importante que todavía existe es el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), con unos 4.000 combatientes.
Gracias al frágil control estatal, las guerrillas establecieron
amplios bastiones en muchas zonas del país, en las que, en la práctica,
determinaban la política de gobierno local y ejercían un notable control
sobre la población. Estas organizaciones guerrilleras atacaban con
frecuencia las fincas rurales de los terratenientes adinerados: la
extorsión y los secuestros se convirtieron en prácticas habituales en las
zonas rurales. Desde la década de 1990, las FARC han tratado de aumentar
significativamente los ataques en zonas urbanas, cuya población civil ha
sufrido cada vez más el peso de esos ataques.
Los paramilitares respaldados por el ejército –que cuentan con
entre 10.000 y 20.000 miembros, dependiendo de la fuente citada– tienen
su origen en los grupos civiles de "autodefensa" legalmente
constituidos que el ejército creó para que le sirvieran de auxiliares
durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal se
eliminó en 1989, apenas se han hecho esfuerzos por disolverlos. Amnistía
Internacional ha documentado ampliamente su colaboración con las fuerzas
de seguridad. También las Naciones Unidas y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) han documentado en sus informes fuertes vínculos
entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, y las investigaciones
judiciales y disciplinarias siguen implicando a oficiales de alta
graduación en violaciones de derechos humanos cometidas por unidades
paramilitares. Durante las últimas décadas se ha hecho a los
paramilitares responsables de la mayoría de los homicidios y
"desapariciones" de civiles perpetrados.
Las fuerzas armadas, a medida que se han ido enfrentando a una
creciente condena internacional por las violaciones de derechos humanos
cometidas, han ido recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de
auxiliares paramilitares para poner en marcha las tácticas de
"guerra sucia" empleadas por el ejército en su estrategia de
contrainsurgencia. En los últimos años, la atención nacional e
internacional se ha centrado cada vez más en la necesidad de desmantelar
los mecanismos de impunidad que han garantizado que, salvo en casos
excepcionales, los miembros de las fuerzas armadas puedan eludir las
investigaciones o los castigos pertinentes. Para evitar estas presiones,
los responsables de diseñar y poner en práctica la "guerra
sucia" han delegado muchas tareas en las fuerzas paramilitares, y
ello les ha permitido continuar con su estrategia sin temor a ser
procesados.
Las políticas del actual gobierno están dando marcha atrás a los
limitados intentos de los gobiernos anteriores de desmantelar los
mecanismos de impunidad, garantizando que los miembros de las fuerzas de
seguridad y sus aliados paramilitares pueden seguir perpetrando
violaciones de derechos humanos sin apenas posibilidad de ser procesados.
La introducción de estas políticas coincidió con la declaración de una
"tregua", el 1 de diciembre de 2002, por parte de la principal
agrupación paramilitar del país, las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
A causa de su importancia estratégica en materia económica,
militar y geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al
hecho de que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han
considerado que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de
ello, la zona se ha visto fuertemente militarizada. En particular,
durante los últimos 18 meses el gobierno ha utilizado el departamento
como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad,
especialmente en lo que se refiere a las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación. El hecho de que estas zonas ya no estén legalmente en
funcionamiento apenas ha aliviado los ataques constantes e
indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra la población civil,
especialmente contra los defensores de los derechos humanos y los
activistas sociales. Mientras tanto, en los últimos años, los grupos
paramilitares han reforzado su control sobre el departamento de Arauca en
un aparente intento de defender los intereses de poderosos agentes
económicos nacionales e internacionales; para ello, han actuado en
colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. Los grupos de
guerrilla, especialmente las FARC, han respondido a las medidas de
seguridad del gobierno y a la presencia cada vez mayor de los grupos
paramilitares en Arauca aumentando su actividad para intimidar y atacar a
sectores de la población civil, especialmente a los funcionarios del
Estado locales.
No puede pasarse por alto la dimensión internacional del conflicto
de Arauca. A causa de los intereses de empresas petroleras
estadounidenses y, en menor medida, de otras empresas petroleras
extranjeras en el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado
especial atención a la región y ha destinado a ella importantes recursos
militares, incluidos "asesores militares". El gobierno de
Estados Unidos ayuda a financiar la brigada del ejército de Colombia que
actúa en el departamento de Arauca, la XVIII Brigada. Según los informes,
la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum también ha ayudado
a financiar la brigada, aunque no ha confirmado si sigue haciéndolo(10).
Esta brigada ha sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y
de colaborar con las fuerzas paramilitares, y eso ha arrastrado
invariablemente al gobierno estadounidense a una serie de controversias
en materia de derechos humanos, como los homicidios de Santo Domingo de
1998, en la que 17 civiles, entre ellos 6 niños, murieron cuando un
helicóptero financiado por Estados Unidos y pilotado por la fuerza aérea colombiana bombardeó el
pueblo de Santo Domingo utilizando munición estadounidense.
Los
homicidios de Santo Domingo
Existen datos creíbles que indican que, en 1998, miembros de la
Fuerza Aérea Colombiana que pilotaban un helicóptero de combate
financiado por Estados Unidos cometieron una grave violación del derecho
internacional humanitario en el pueblo de Santo Domingo, municipio de
Tame, al arrojar una bomba de racimo que mató a varios civiles. El
helicóptero estaba asignado al Comando Aéreo de Combate núm. 1, que
durante casi una década había recibido ayuda estadounidense en materia de
seguridad. Según los informes, el ejército reaccionó a los indicios de
abuso engañando a los investigadores civiles. El comandante de la Fuerza
Aérea, el general Héctor Velasco, criticó a los grupos de derechos
humanos que pedían justicia en el caso de Santo Domingo, equiparándolos
públicamente con guerrilleros y narcotraficantes.
El suceso tuvo lugar el 13 de diciembre de 1998, después de más de
un día de combates en torno al pueblo entre el ejército y el Frente 10 de
las FARC. Hacia las diez menos cuarto de la mañana, una explosión en
Santo Domingo mató a seis niños. También mató a 11 adultos. Veintiocho
testigos presenciales afirmaron que la explosión había sido causada por
un cohete disparado por un helicóptero militar colombiano. Los testigos
también declararon que el ejército había arrojado al menos otros dos
explosivos contra Santo Domingo.
Aunque la fuerza aérea archivó su investigación preliminar, la
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación reunió
pruebas periciales que fueron examinadas por expertos colombianos y por
la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. Todos ellos
estuvieron de acuerdo en que entre las muestras había restos de un cohete
de fabricación estadounidense. A consecuencia de ello, la Unidad
recomendó que la Fuerza Aérea Colombiana reabriera su investigación. Sin
embargo, la fuerza aérea declaró nulo ese resultado. El caso fue
transferido finalmente al sistema de justicia civil a principios de 2003,
después de que, en octubre de 2002, la Corte Constitucional resolvió que
los homicidios constituían una violación de derechos humanos y una
infracción del derecho internacional humanitario. En enero de 2003,
Estados Unidos retiró la certificación(11) a la base aérea de Palanquero,
donde está estacionado el Comando Aéreo de Combate núm. 1, por la falta
de "transparencia" en la investigación sobre los homicidios. El
25 de agosto el general Velasco dimitió como jefe de la Fuerza Aérea. Los
tribunales no han condenado todavía a nadie por los homicidios.
Según los documentos presentados en la causa de Luis Alberto
Galvis Mujica contra Occidental Petroleum y Airscan en virtud de la Ley
sobre Delitos Cometidos contra Extranjeros,(12)(Alien Tort Claims Act),
la Fuerza Aérea recibió las coordinadas para el bombardeo de Airscan Inc,
empresa estadounidense que, hasta hace poco tiempo, estuvo trabajando
como contratista en materia de seguridad para Occidental Petroleum.(13)
Según las pruebas presentadas por el demandante, el bombardeo fue
planeado por la Fuerza Aérea y Occidental Petroleum en el complejo de la
empresa en Caño Limón, y Occidental Petroleum y Airscan brindaron apoyo y
asesoramiento para el ataque.
Según la demanda, Airscan proporcionó servicios de vigilancia
aérea para esta misión durante el bombardeo, y ayudó a que la Fuerza
Aérea Colombiana identificara el blanco del bombardeo y a que las tropas
del ejército desembarcaran durante la misión. Al parecer, la empresa lo
hizo mediante tres empleados que, en el momento del ataque, volaban en un
avión Skymaster suministrado por Occidental Petroleum. A los tres pilotos
de Airscan los acompañaba, al parecer, un militar colombiano que, en
aquel entonces, actuaba como oficial de enlace de la Fuerza Aérea
Colombiana con Occidental Petroleum. El 25 de enero de 2002, Angel
Trífilo Chaparro, testigo de los homicidios, fue asesinado en Tame, según
los informes por paramilitares.
La información incluida en este informe fue reunida por los
delegados de Amnistía Internacional que visitaron Arauca en septiembre de
2002 y marzo de 2003. Durante su visita, los delegados se entrevistaron
con sectores representativos de la comunidad civil, política y militar de
Arauca, así como con representantes de la Iglesia Católica. Los nombres
de algunos testigos se han ocultado, para su protección. Amnistía
Internacional pidió a Occidental Petroleum que respondiera a algunas de
las denuncias indicadas en este informe, pero la empresa no respondió a
las preguntas concretas que se le plantearon.
2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL
PETRÓLEO
La empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum descubrió
el yacimiento petrolífero de Caño Limón en 1983, y empezó a extraer
petróleo en 1985.(14) El petróleo se transporta hasta la costa del Caribe
por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 773 kilómetros de longitud, que
ha sido atacado con explosivos en repetidas ocasiones por los grupos de
guerrilla en Arauca (donde cruza los municipios septentrionales de
Arauca, Arauquita y Saravena).(15) Las repercusiones de este yacimiento
en Colombia han sido fundamentales: ha transformado el país,
convirtiéndolo de importador a exportador neto de petróleo crudo. De él
se han extraído 910 millones de barriles, de la reserva de 1.300 millones
de barriles que se le calcula. Está empezando a agotarse pero, según
Occidental Petroleum, aún sigue aportando casi el 30 por ciento de la
producción total de petróleo de Colombia. A menos que se descubran o se
exploten nuevas reservas, Colombia volverá a convertirse en importador
neto de petróleo a lo largo de este año.(16)
Occidental Petroleum actúa mediante un "contrato de
asociación" con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que posee el
50 por ciento del oleoducto. El otro 50 por ciento es propiedad de
Occidental Petroleum y de la empresa española Repsol-YPF, que tiene una
pequeña participación en el negocio. Repsol- YPF también tiene
importantes intereses en el departamento, como el yacimiento petrolífero
de Capachos I, en el municipio de Tame.
Occidental Petroleum es el segundo productor de petróleo de
Colombia. También es importante destacar que, con la inseguridad de los
mercados de petróleo de Oriente Medio y Próximo y las amenazas previstas
a la exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, el gobierno
estadounidense está ansioso por estabilizar el sector petrolero
colombiano. Los cambios de los contratos de asociación, que aumentan el
margen de beneficios de las empresas que participen, también han despertado
el interés por la explotación de los recursos petrolíferos de Colombia.
Por lo tanto, el control de los recursos petroleros de Arauca no
sólo es fundamental para la economía colombiana, sino que también es
importante para los intereses estadounidenses. Por ello, el gobierno de
Estados Unidos ha dedicado recursos considerables a proteger el
oleoducto. Desde 2002 ha entregado a Colombia más de 1.900 millones de
dólares en concepto de ayuda, incluidos fondos para actividades de
contrainsurgencia y antinarcóticos, lo que ha convertido a Colombia en el
tercer receptor de ayuda militar estadounidense del mundo, detrás de
Israel y Egipto. En la cifra total se incluyen 99 millones de dólares
aprobados en 2003 para financiar la protección del oleoducto, principalmente
mediante la compra de helicópteros, servicios de formación e inteligencia
y material para la XVIII Brigada, así como la creación de una nueva
Brigada Móvil núm. 5 (inicialmente asignada a la protección del
oleoducto) y unidades adicionales fluviales y de policía, todas ellas
equipadas con material pagado con fondos estadounidenses.(17) En enero de
2003, 60 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a
Arauca, uniéndose a los 10 que ya estaban allí, para formar a unidades de
la XVIII Brigada. Occidental Petroleum también ha proporcionado a la
Brigada, según los informes, recursos económicos y apoyo logístico,
incluidos helicópteros de transporte, para ayudar a proteger el
oleoducto.(18)
La industria petrolera ha proporcionado a las fuerzas de seguridad
más de una década de ingresos sustanciales. El "impuesto de
guerra" establecido por el gobierno colombiano en 1992 obligaba a
las empresas petroleras a pagar aproximadamente un dólar por barril.(19)
Según un artículo publicado en 2002 en Los Angeles Times,
Occidental Petroleum pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad
colombianas en concepto de apoyo logístico.(20) El 12 de septiembre de
1996, la Asociación Cravo Norte –que actúa en el yacimiento de Caño Limón
y es propiedad de Ecopetrol y Occidental Petroleum– había firmado un
"acuerdo de colaboración" mediante el cual se comprometía a
proporcionar ayuda económica a las unidades de la XVIII Brigada que
actuaran en las cercanías del yacimiento.(21) El acuerdo de colaboración
incluía unos dos millones de dólares en forma de un desembolso anual a
las fuerzas de seguridad colombianas.(22)
Muchas de las violaciones de derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario perpetradas por los dos bandos del
conflicto tienen lugar en comunidades y zonas cercanas al oleoducto de
Caño Limón:
· el
22 de diciembre de 2002, las FARC, según parece, volaron un autobús que
llevaba a trabajadores de Occidental en la carretera que va de Arauca a
Caño Limón. Dos trabajadores murieron y 12 resultaron heridos;
· el
16 de diciembre de 2002, dos hombres armados y encapuchados, con
chaquetas negras y pantalones de camuflaje, dieron el alto a un campesino
que viajaba en su camión, junto con su mujer y sus hijos, en Playas de
Bojaba, hacia la carretera de Saravena, según los informes. Obligaron a
todos los miembros de la familia a apearse del vehículo, los registraron
y dieron patadas al esposo. Luego los obligaron a todos a tumbarse en el
suelo. Se llevaron a la esposa a los matorrales y, al parecer, la
violaron tras amenazarla con matar a sus hijos. Luego se marcharon,
llevándose muchas de las pertenencias de las víctimas. Esa zona está
fuertemente militarizada, ya que queda cerca del oleoducto;
· el
10 de agosto de 2002, la Cooperativa de Coagrosarare, en la vereda de
Alto Satoka, Saravena, fue saqueada, al parecer por soldados del batallón
núm. 27 del ejército, cuya responsabilidad es proteger el oleoducto de
Caño Limón. Los soldados se marcharon, no sin antes pintar, según parece,
lemas paramilitares en las paredes.
Las comunidades que viven a lo largo del oleoducto están bajo la
estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad, que muchas veces las
intimidan advirtiéndoles de que los paramilitares vienen detrás o
utilizando representantes paramilitares para amenazarlas y acosarlas. Las
guerrillas también han amenazado a quienes denuncian los ataques de
grupos de oposición armados contra el oleoducto.
Amnistía Internacional no pone en duda el deber de las empresas de
garantizar la seguridad de su personal. Sin embargo, la organización cree
que las empresas que actúan en zonas de conflicto deben asegurarse de que
sus operaciones no contribuyen, deliberada o involuntariamente, a
violaciones de derechos humanos.
Tal como muestra este informe, Amnistía Internacional ha
documentado una serie de casos de soldados de la XVIII Brigada de Arauca
–que recibe financiación de Estados Unidos y, según los informes, de
Occidental Petroleum para proteger el oleoducto– que han estado
implicados en violaciones graves de derechos humanos, ya sea directamente
o en connivencia con las fuerzas paramilitares.
Ayuda militar: proteger los
intereses estadounidenses en la región
En 1994 se suspendió la ayuda militar directa de Estados Unidos al
ejército de Colombia a causa de la terrible situación de los derechos
humanos en el país y de la connivencia de las autoridades con los grupos
paramilitares ilegales responsables de atrocidades generalizadas contra
los derechos humanos. Sin embargo, en el año 2000, a pesar de los
abrumadores indicios de que continuaban los vínculos del ejército con los
paramilitares, el gobierno estadounidense aprobó un programa masivo de
ayuda militar a Colombia, destinada en su mayoría al ejército. Los
controles y salvaguardias establecidos respecto a esta ayuda no son
suficientes para garantizar que no se utilizará –ya sea directamente o
indirectamente, a través de los grupos paramilitares– para cometer
violaciones graves de derechos humanos.
El 13 de julio de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos,
Bill Clinton, firmó la ley pública 106-246, que incluía una partida de
1.300 millones de dólares estadounidenses de ayuda, principalmente
militar, para Colombia. Al aprobar esta ayuda, el Congreso estadounidense
votó a favor de imponer estrictas condiciones en materia de derechos
humanos (lo que se conoce como la "certificación"), que
posteriormente el presidente Clinton decidió no aplicar por motivos de
seguridad nacional estadounidense. La ayuda de Estados Unidos se canaliza
a través de un controvertido paquete conocido como Plan Colombia,
descrito por el gobierno estadounidense como un plan de ayuda destinado a
combatir el narcotráfico y a contribuir a alcanzar la paz. El Plan
propone una estrategia principalmente militar para hacer frente al
cultivo y el tráfico ilegal de drogas mediante una ayuda militar
sustancial a las fuerzas armadas y la policía colombianas, y mediante la
creación de tres batallones antinarcóticos en el ejército.
Varias empresas petroleras desempeñaron un importante papel en la
captación de apoyos ante el Congreso estadounidense para que se aprobara
la ayuda militar a Colombia a pesar del pésimo historial de derechos
humanos del ejército colombiano. En 1996, BP Amoco y Occidental
Petroleum, entre otras, crearon la Colombia Business Partnership para
captar apoyos en favor de dicha ayuda militar. El 15 de febrero de 2000,
Lawrence Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos
públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, se dirigió al Subcomité
de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso
estadounidense diciendo: "la batalla contra el narcotráfico no puede
ganarse sin una fuerza militar más potente, mejor equipada y altamente
disciplinada", e instó a los congresistas "a asegurarse de que
el paquete de ayuda que de aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio
entre el apoyo a la Policía Nacional de Colombia y al ejército".
También instó al Congreso "a considerar el apoyo a las operaciones
contra el narcotráfico tanto en las regiones del norte como en el sur.
Esto ayudará a aumentar la seguridad para los proyectos de desarrollo
petrolífero".(23)
En julio de 2002, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de
ley de emergencia sobre gasto suplementario que eliminó una disposición
anterior que limitaba la ayuda estadounidense a esfuerzos contra el
narcotráfico. Según la nueva normativa, la ayuda estadounidense en
materia de seguridad puede utilizarse contra "organizaciones
designadas como organizaciones terroristas [...]". La nueva
estrategia de Estados Unidos permite por primera vez la ayuda
estadounidense a Colombia para actividades de contrainsurgencia, incluida
la acción directa contra grupos armados. Estados Unidos proporciona ahora
ayuda militar para uso directo en operaciones de contrainsurgencia
específicamente para proteger instalaciones petroleras explotadas por
empresas estadounidenses, como Caño Limón. En agosto de 2002, el gobierno
estadounidense decidió una vez más no aplicar los requisitos sobre
derechos humanos necesarios para obtener la certificación.
En febrero de 2003, el Congreso aprobó otros 439 millones de
dólares para Colombia de la Iniciativa Andina Antinarcóticos: 284
millones para ayuda policial y militar y el resto para ayuda económica y
social. En abril, el Congreso aprobó también otros 105 millones de ayuda
de emergencia, la mayoría consistente en transferencias adicionales de
material militar. El presidente Bush ha pedido otros 574 millones de
dólares para Colombia para el año fiscal 2004, que comenzó el 1 de
octubre de 2003.
A pesar de que ni el gobierno ni el ejército colombianos han
cumplido las condiciones en materia de derechos humanos establecidas por
el Congreso, tanto el gobierno de Clinton como el de Bush han aprobado
repetidamente la ayuda militar a Colombia. Pese a los serios recelos de
algunos miembros del Senado, que hicieron que la ayuda estadounidense se
retuviera temporalmente, la ayuda económica del año fiscal 2003 se aprobó
finalmente y se hizo llegar a Colombia. Según los nuevos criterios
negociados en el presupuesto de 2003, el proceso de certificación ahora
se aplica sólo al 25 por ciento de la ayuda estadounidense para
seguridad, mientras que anteriormente se aplicaba al 100 por ciento. Se
cree que en 2004 la certificación se aplicará al 50 por ciento de la
ayuda.
La lucha por el dominio:
guerrillas y paramilitares
La violencia política en Arauca aumentó significativamente tras el
descubrimiento de petróleo en la región a mediados de la década de 1980.
Aunque tanto las FARC como el ELN estaban presentes en el departamento
desde principios de esa misma década, sus esfuerzos por controlar Arauca
no cobraron intensidad hasta después de que se descubriera petróleo en la
zona. Se cree que las FARC cuentan con unos 1.000 guerrilleros en Arauca,
agrupados en torno a los frentes 10 (Guadalupe Salcedo) y 45 (Atanasio
Girardot) y a las columnas Alfonso Castellanos y Usías Cuéllar. Respecto
al ELN, se cree que cuenta con 500 combatientes organizados en torno al
frente Domingo Laín y a las compañías Capitán Pomares y Simacota.
Los paramilitares respaldados por el ejército se afianzaron
militarmente en el departamento de Arauca en 2001, tras una serie de
operaciones en gran escala llevadas a cabo por el ejército colombiano –la
más destacada, la Operación Arawac– contra las fuerzas de guerrilla en la
región.(24) La mayoría llegaron desde el departamento de Casanare, al sur
de Arauca, y han ido avanzando hacia el norte del departamento, a través
de Cravo Norte, Tame y Puerto Rondón. Ahora tienen una presencia
significativa en el municipio de Arauca, aunque donde siguen siendo más
fuertes es en los tres municipios del sur. El aumento de la actividad
paramilitar en el departamento coincidió con el final de la exploración y
producción petrolífera en Casanare y con el anuncio del hallazgo de
nuevos yacimientos en el departamento de Arauca. Los paramilitares ya no
sólo dedican sus esfuerzos a proteger los recursos petroleros de Arauca
frente a los ataques de la guerrilla, como hicieron en Casanare, sino que
intentan además hacerse con el control del negocio de coca de la región,
cada vez más importante, y de las rutas de entrada y salida nacionales e
internacionales del departamento de Arauca a través del piedemonte y la
sabana. Los paramilitares del departamento de Arauca pretenden además
impedir que los grupos guerrilleros apliquen "impuestos de
protección" a las empresas petroleras que actúan en la zona.
Los paramilitares se esfuerzan también por minar el presunto apoyo
de la población civil a las guerrillas mediante tácticas de terror tales
como matanzas, homicidios selectivos y amenazas, principalmente contra
defensores de los derechos humanos, activistas sociales y sindicales,
periodistas, maestros y trabajadores de la salud. Estos sectores son
atacados para silenciar las denuncias de las violaciones de derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados
paramilitares en la región, para romper cualquier vínculo –presunto o
imaginado– entre la población civil y la guerrilla, para silenciar la
oposición a la explotación petrolera y a otros intereses económicos, así
como a la privatización de los servicios de salud y educación, y para
obligar a las comunidades campesinas o indígenas que viven cerca de
instalaciones petroleras o zonas que van a ser explotadas a desplazarse.
Las principales unidades paramilitares que actúan en la región son los
bloques Centauro y Casanare, que forman parte de las AUC.
3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE
EMERGENCIA
El gobierno del Presidente Uribe declaró un Estado de Conmoción
Interior el 11 de agosto de 2002, tres días después de ocupar su cargo, y
el 9 de septiembre de ese mismo año emitió el decreto 2002, por el que se
establecía el mecanismo de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, se
otorgaban al ejército poderes de policía judicial y se permitía a los
militares mantener un registro de la población.(25) Un Estado de
Conmoción Interior, menos drástico que el decreto 2002, otorga poderes
notables al ejército, como el derecho a limitar la libertad de circulación
y residencia, impedir que la radio y la televisión transmitan información
"delicada", restringir reuniones y manifestaciones, interceptar
comunicaciones sujetas a autorización judicial y realizar detenciones
preventivas sin orden judicial.
El 25 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró que
algunas partes del decreto 2002 eran inconstitucionales, especialmente
aquellas que otorgaban al ejército poderes de policía judicial y el
derecho a mantener un registro de la población civil. El 29 de abril de
2003, la Corte se pronunció contra la renovación del estado de emergencia
y del decreto 2002, y ello llevó al gobierno a introducir un proyecto de
ley de reforma constitucional que otorgaría poderes de policía judicial a
las fuerzas armadas. Esos poderes permitirían al ejército realizar
detenciones, registrar domicilios e interceptar comunicaciones sin
autorización judicial. El Congreso aprobó el proyecto de ley el 10 de
diciembre de 2003. El proyecto entrará en vigor una vez que el Congreso apruebe
una ley de habilitación, lo que probablemente hará a mediados de
2004.(26)
La zona de rehabilitación y
consolidación de Arauca
El decreto 2002 también otorgaba al ejército poderes adicionales a
los contenidos en el Estado de Conmoción Interior, y restringía ciertos
derechos en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como
zonas geográficas "afectada[s] por acciones de grupos criminales en
donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer
el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la
protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una
o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes
artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base
en la conmoción interior".(27)
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de
Rehabilitación y Consolidación: en los departamentos de Sucre y Bolívar y
en el departamento de Arauca. Entre las dos abarcaban 29 municipios (16
en Sucre, 10 en Bolívar y 3 en Arauca).(28) Dentro de ellas, un mando
militar tenía el control de todas las fuerzas de seguridad, incluida la
policía. Además, en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:
· determinadas
personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar a las
autoridades con dos días de antelación. Quien infringiera este requisito
podía ser detenido hasta 24 horas;
· los individuos que no llevaran consigo sus documentos de
identidad podían ser detenidos hasta 24 horas.
El decreto 2002 también incluía restricciones específicas para los
extranjeros que quisieran visitar las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación. La intención del gobierno con esta medida quedaba clara en
el párrafo preambular ocho del decreto, que establecía que "es
necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den
instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que
existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los
extranjeros ante las autoridades". Los extranjeros que desearan
entrar en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación debían pedir
autorización al gobernador ocho días laborables antes de la visita, y si
la zona que deseaban visitar abarcaba más de un departamento necesitaban
autorización del Ministerio del Interior. Quienes no cumplieran este
requisito podían ser expulsados. Además, los extranjeros debían
presentarse ante las autoridades si se les pedía que lo hicieran. Si no
lo hacían, también podían ser expulsados. Estas medidas se utilizaron
para restringir el acceso a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación
de los observadores humanitarios y de derechos humanos. Las Zonas de
Rehabilitación y Consolidación dieron lugar a un aumento de las
violaciones de derechos humanos, y al mismo tiempo facilitaron a las
autoridades el silenciar las denuncias de dichas violaciones. Además, en
la práctica, muchas de las restricciones impuestas en virtud del Estado
de Conmoción Interior y del decreto 2002 siguieron aplicándose a pesar de
la resolución de la Corte Constitucional contra esas medidas.
Un soldado en cada esquina: la
militarización de Arauca
Arauca es uno de los departamentos más militarizados del país, y
se militarizó aún más tras la creación en septiembre de 2002 de la zona
de rehabilitación y consolidación en sus tres municipios septentrionales.
La brigada del ejército destinada en él es la XVIII Brigada, que hasta
finales de 2003 estuvo dirigida por el general Carlos Lemus Pedraza
(designado también comandante de la zona de rehabilitación y
consolidación) y ahora está al mando del brigadier general Gustavo
Matamoros Camacho. La XVIII Brigada tiene su base en la capital, Arauca.
Se compone de varios batallones y unidades, entre los que se encuentran
el Batallón de Contraguerrillas Núm. 46 "Héroes de Saraguro" en
Arauquita,(29) el Batallón de Ingenieros Núm. 18 "Navas Pardo"
en Tame, el Batallón de Contraguerrillas Núm. 49 "Héroes de
Tarazá" en Fortul, y el Grupo de Caballería Mecanizado Núm. 18
"General Rebeíz Pizarro" en Saravena.
La presencia militar se vio reforzada tras la creación de la zona
de rehabilitación y consolidación, con nuevas unidades del ejército,
policía adicional, escuadrones antimotines y nuevo material para las
unidades fluviales adscritas a la Brigada de Infantería de Marina. La
Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) también ha tenido una
presencia permanente desde noviembre de 2002, y además hay varias
unidades móviles, como la Brigada Móvil 5.
El coste en derechos humanos: la
intensificación del conflicto armado
Aunque la situación en lo que se refiere a la seguridad y los
derechos humanos ha sido crítica en todo el departamento de Arauca
durante años, el gobierno prefirió limitar la zona de rehabilitación y
consolidación a los tres municipios del norte. Precisamente por ellos
pasa el oleoducto de Caño Limón. Los cuatro municipios del sur, dominados
por los paramilitares, fueron excluidos de las medidas especiales de
seguridad. La sección noroccidental del oleoducto atraviesa también la
segunda zona de rehabilitación y consolidación, establecida en Sucre y
Bolívar. Al preguntársele por qué sólo se habían incluido en las Zonas de
Rehabilitación y Consolidación las áreas con una fuerte presencia de la
guerrilla, el gobernador de Arauca respondió que "el Gobierno así lo
decidió. Ellos hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron
con mucha gente, y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que
concluyeron es lo mejor".(30)
Los ocho meses durante los cuales estuvo vigente la zona de
rehabilitación y consolidación se caracterizaron por un aumento de las
violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho
internacional humanitario por parte de los bandos en conflicto. Durante
ese periodo, el ejército llevó a cabo varias redadas y detenciones
masivas, muchas de las cuales afectaron a defensores de los derechos
humanos y activistas sociales y sindicales, como la detención de 2.000
personas en Saravena el 12 de noviembre de 2002. También hubo un notable
incremento del uso, por parte de grupos de oposición armada, de coches y
bicicletas bomba, muchos de los cuales mataron a civiles, incluidos
niños. Continuaron imparables los homicidios de defensores de los
derechos humanos, sindicalistas, periodistas, políticos y funcionarios
públicos, y en algunos municipios incluso aumentaron. Durante este
periodo también se realizaron amenazas masivas de muerte de guerrilleros
y paramilitares contra numerosos sectores de la sociedad.
En el centro urbano de Saravena, 18 personas murieron en un
periodo de tan sólo dos semanas en la segunda mitad de febrero de 2003, a
pesar de que esa localidad es una de las más militarizadas de Colombia,
con una notable presencia de personal del ejército y la policía. Entre
los muertos había dos niños: Josué Quiroga Granados, de 15 años, y Miguel
Ángel Mantilla Muñoz, de 17.
Un informe de la Procuraduría General sobre Arauca dice: "Las
medidas adoptadas y la ejecución de las mismas no han arrojado los
resultados esperados, como se demuestra a lo largo del presente informe
relativo específicamente a la zona de rehabilitación en el departamento
de Arauca. La amenaza a los mandatarios locales continúa y ahora se
extiende a los funcionarios públicos municipales […] y la vigencia de los
derechos –especialmente el derecho a la vida– no muestra en dicha zona,
ninguna recuperación. Esas y otras razones permiten afirmar, que la
experiencia de la zona de rehabilitación y consolidación en Arauca es un
experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si
es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de
fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados
campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio sí han generado
otras dificultades [tal como] la exposición de la población civil a un
mayor al riesgo del que ha venido padeciendo".(31)
El informe de 2002 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, también criticaba la
conducta del ejército en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:
"En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió a las
facultades a ella atribuidas por el decreto [2002] [...] de practicar
capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con un alto
número de personas retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a
disposición judicial. En varios casos, la utilización de informantes
encapuchados estigmatizó a las personas señaladas".(32)
Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y el estado de
emergencia ya no están legalmente vigentes, la conducta del ejército no
ha variado: sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias y manteniendo
registros de la población. Además, los esfuerzos por criminalizar a los
defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales van en aumento.
Amnistía Internacional sigue asimismo documentando casos de tortura,
homicidio y "desaparición" perpetrados por el ejército, ya sea
directamente o en connivencia con los paramilitares.
4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL
CONFLICTO
Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es
que las partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos
clasificados como no internacionales, como es el caso de Colombia, deben
distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos
civiles y objetivos militares. No está permitido atacar a civiles, es
decir, a personas que no pertenecen a las fuerzas armadas de cualquiera
de los bandos. Este principio, conocido como el principio de distinción,
está codificado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos
Protocolos Adicionales de 1977. El principio de distinción es una norma
fundamental del derecho internacional humanitario consuetudinario,
vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean
internacionales o no internacionales.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las
medidas adoptadas por el gobierno parecen estar destinadas a arrastrarlos
aún más al conflicto. Esto se ha visto agravado por la actitud del
Presidente Uribe de no respetar el principio de distinción. En una carta
a Amnistía Internacional, fechada el 16 de octubre de 2002, el Presidente
Uribe escribió: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado
contra cualquier modalidad criminal". Aunque un Estado puede instar
a sus ciudadanos a colaborar con sus instituciones judiciales y denunciar
violaciones de derechos humanos, en situaciones de conflicto el Estado no
debe promover prácticas que expongan a los civiles como blancos directos
del conflicto. Algunas de las medidas gubernamentales que se han aplicado
en Arauca han arrastrado a los civiles aún más al conflicto.
Las medidas gubernamentales que amenazan con difuminar la
distinción entre civiles y combatientes son contrarias al artículo 13.1
del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que se aplica a conflictos
armados no internacionales y que establece: "La población civil y
las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros
procedentes de operaciones militares". Colombia se adhirió al
Protocolo II de los Convenios de Ginebra el 14 de agosto de 1995.
El ejército de soldados
campesinos
Al ocupar su cargo en agosto de 2002, el gobierno anunció que
crearía inmediatamente una fuerza de al menos 15.000 "soldados
campesinos" (o "soldados de mi pueblo", como también se
los conoce), que llegaría a los 100.000 antes de que terminara su mandato
en 2006. Según el gobierno, estos soldados serían soldados voluntarios
que, a diferencia de los soldados regulares, actuarían en áreas de su
comunidad local o cerca de ellas. Se creía que al finalizar 2003 había
algo más de 17.000 de estos soldados campesinos. Según el gobierno, los
había en todos los municipios de Arauca. Además, la entonces ministra de
Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, declaró que el número de soldados
campesinos en el departamento aumentaría en 2004, a causa de la grave
situación de seguridad.(33)
Como soldados, estos soldados campesinos no gozan de la protección
otorgada a los civiles por el derecho internacional humanitario. Sin
embargo, esta iniciativa suscita preocupación ya que, como la mayoría de
ellos actúa en su comunidad, sus familias podrían ser más vulnerables a
los ataques de la guerrilla al ser más conocida su relación con los
soldados campesinos que actúan en la zona. Por ello, existe el peligro de
que los soldados campesinos puedan ser absorbidos en la estrategia
paramilitar, como medio para protegerse a ellos mismos y a sus familias
de los ataques de la guerrilla. Estas mismas familias pueden asimismo
sentirse obligadas a unirse a las redes de informantes civiles para
garantizar su propia protección. Toda esta situación ha colocado a las
familias de los soldados campesinos en un mayor peligro de ser blanco de
los ataques de las guerrillas. De hecho, el 4 de marzo de 2003 el ELN
emitió una amenaza de muerte contra los soldados campesinos de Arauca. Al
mismo tiempo, existe el peligro de que los paramilitares que actúan en
Arauca se hayan podido incorporar a las unidades de soldados campesinos.
Entre las primeras unidades de este tipo que se crearon se encontraban
las de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, precisamente los municipios en
los que los paramilitares consolidaron su posición tras la Operación
Arawac.
Dada la precaria situación económica de numerosas comunidades
rurales, muchos individuos pueden sentirse tentados a unirse al
"ejército campesino" simplemente como forma de escapar de la
más absoluta pobreza. Además, están muy poco claros el grado y la calidad
de la formación que recibirán estos soldados, y hay pocos indicios de que
se hayan puesto en marcha procedimientos para investigar los antecedentes
de los candidatos, así como poca información sobre si estos soldados
campesinos estarán sometidos a los controles y procedimientos
disciplinarios normales.
Tampoco está claro cuál es el propósito real de este ejército
campesino. La iniciativa se creó inicialmente para que las comunidades
sin presencia militar estuvieran protegidas por miembros de su propia
comunidad, en forma de soldados campesinos. Sin embargo, en marzo de 2003
el comandante de la XVIII Brigada dijo a Amnistía Internacional que se
estaba estacionando a soldados campesinos en localidades que ya contaban
con una presencia militar regular.(34) También hay indicios de que se ha
enviado a soldados campesinos a patrullar en zonas alejadas de sus
comunidades.
Hay datos que indican que en Arauca se ha reclutado forzosamente a
soldados campesinos. Durante su visita al departamento en marzo de 2003,
los delegados de Amnistía Internacional recibieron información que indicaba
que 39 soldados campesinos habían sido reclutados en unidades del
ejército campesino en el municipio de Saravena, según los informes como
parte del servicio militar obligatorio, y no de forma voluntaria. Sus
familias recibieron posteriormente amenazas de las FARC.
El peligro consiste en que en Arauca se están militarizando la
vida familiar y comunitaria. Al crear los soldados campesinos (así como
la red de informantes civiles que se examina a continuación), el gobierno
no sólo está incorporando a la estrategia de contrainsurgencia del
ejército a estos individuos, sino también a sus familiares y amigos.
Todos ellos corren peligro de ser atacados por grupos de guerrilla.
Comunidades enteras podrían verse en peligro al ser obligadas a colaborar
activamente con el ejército para neutralizar las posibles amenazas de la
guerrilla. Tal como dijo un oficial del ejército, si multiplicas el
número de soldados campesinos por el número de familiares y amigos de
éstos, puedes crear fácilmente una red de informantes que abarque todo el
municipio.(35)
La red de un millón de
informantes civiles
La red de informantes creada por el ejército exige que los civiles
reúnan y transmitan a las fuerzas de seguridad información secreta sobre
grupos armados ilegales. En su documento de política sobre los
informantes (o "cooperantes", como el gobierno prefiere
llamarlos ahora), el gobierno expuso quién formaría parte de esta red. La
red estaría compuesta de redes basadas en las Juntas de Acción
Comunal y los Frentes Locales de Seguridad, y también formarían parte de
ella la Red Empresarial de Seguridad Ciudadana (compuesta por empresas de
seguridad privadas), la Red Ciudadana de Informantes en las Carreteras y
de Conductores (en la que habría conductores de taxi y autobús), la Red
Ciudadana de Policías Cívicos, la Red Ciudadana de Miembros de la Defensa
Civil Colombiana y la Red "Servicios Especiales y Comunitarios de
Seguridad", que actúa en zonas de alto riesgo. Según el gobierno, a
principios de 2004 había más de 1,8 millones de personas en la red,
dirigida por el ejército y la policía.
Para promover la red de informantes, el ejército introdujo el
"lunes del informante": una ceremonia televisada en la que
informantes anónimos encapuchados recibían recompensas en metálico de un mando
militar. Las autoridades abandonaron este espectáculo tras convertirse en
blanco de críticas generalizadas tanto nacionales como internacionales.
Un informante recibe una recompensa en metálico
del general Mario Montoya en Medellín en una ceremonia televisada a la
que asistieron altos cargos del gobierno, incluido el Presidente Uribe
(al fondo, a la derecha). © Reuters
El Presidente Uribe y varios ministros del gobierno han comparado
frecuentemente la red de informantes civiles con los planes de vigilancia
vecinales de algunos lugares de Europa. Se trata de una comparación
errónea. Londres y París, por ejemplo, no son ciudades asoladas por la
violencia armada y las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario. No existe ningún
conflicto armado en Estocolmo, Lisboa o Viena. Los habitantes de estas
ciudades pueden participar en esos planes para combatir la delincuencia
común sin temor a recibir un balazo en la cabeza o a que se ponga una
bomba en la escuela de sus hijos. No van a ser atacados por guerrillas o
por paramilitares respaldados por el ejército que por participar en ese
plan los acusen de aliarse con sus enemigos.
La red fue criticada por la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la
Defensoría del Pueblo.(36) Las críticas, compartidas por grupos
nacionales e internacionales de derechos humanos, se basan en tres
cuestiones. En primer lugar, al asignar a los civiles un papel directo en
el conflicto, la distinción entre civiles y combatientes se difumina
peligrosamente. Ni siquiera el gobierno parece tener clara esa
distinción. En agosto de 2002, la entonces ministra de Defensa, Marta
Lucía Ramírez, declaró que estos informantes no eran civiles, ya que
tenían una relación directa con las fuerzas de seguridad y recibían un
pago.(37)
En segundo lugar, los miembros de la red están expuestos a los
ataques de la guerrilla. De hecho, ya están siendo blanco de esos
ataques. Esto puede avivar los argumentos en favor de equipar a estas
redes con armas, lo que facilitaría la aparición de un nuevo tipo de
grupos paramilitares. Esta posibilidad se ha hecho muy real con la
legislación propuesta en el Congreso que otorgaría a los civiles acceso a
armas semiautomáticas, y con el decreto 1612, firmado por el presidente
Pastrana el 31 de julio de 2002, que contiene disposiciones que permiten
a los civiles portar armas y establecer sus propias cooperativas de
seguridad para defenderse de los subversivos.(38) En marzo de 2003, los
delegados de Amnistía Internacional fueron informados de que, entre los
fallecidos por ataques de la guerrilla en varios lugares de Colombia,
había miembros de las redes de informantes civiles.
En tercer lugar, los testimonios de informantes pagados y anónimos
son poco fiables, ya que se permite que un informante decida según sus
propios criterios quién es "sospechoso"; muchos informantes
pueden sentirse motivados por las recompensas económicas ofrecidas por el
Estado o las fuerzas de seguridad, y otros pueden verse influidos por
rencillas o intereses personales. El uso de redes de informantes es
especialmente poco fiable cuando esas redes se utilizan como sustitutos
de investigaciones y procesamientos legítimos.
Muchos defensores de los derechos humanos y activistas sociales de
Arauca y otros lugares de Colombia han sido detenidos sobre la base de
información falsa ofrecida por informantes. Aunque las redes de
informantes actúan en Arauca, las autoridades regionales temen que no se
presenten suficientes voluntarios a causa del temor, bien fundado, a ser
atacados por grupos de guerrilla. Esto, unido a los crecientes ataques de
la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a
pedir a la policía y el ejército que aumenten las recompensas ofrecidas a
cambio de información. Es probable que esta medida dé lugar a más
injusticias en el departamento.
Las familias de los informantes también han sido blanco de
ataques. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, al menos cinco familiares
de informantes han sido asesinados en Saravena.(39)
Amnistía Internacional también ha recibido información que indica
que, tras la captura de presuntos guerrilleros en Saravena, se han
retransmitido por radio mensajes de felicitación a los lugares del
municipio cuyos habitantes facilitaron la información que hizo posible la
captura. Esas retransmisiones sugieren que las autoridades han adoptado
una estrategia encaminada a conseguir que los civiles desempeñen un papel
activo en el conflicto.
Soldado por un día
El Grupo de Operaciones Sicológicas (GEOS) del ejército introdujo
el programa "soldado por un día" en el Batallón Rebeíz Pizarro
en Saravena en noviembre de 2002, aunque, según los informes, quedó
desmantelado a mediados de 2003 a raíz de la presión ejercida por la
Procuraduría General. El programa iba dirigido a las escuelas y centros
de enseñanza. En él se animaba a los niños de las escuelas públicas y
privadas de Saravena a acudir a la base del batallón, donde jugaban con
los soldados vestidos de payasos, utilizaban la piscina, participaban en
rifas, recibían pasteles y refrescos y jugaban con los tanques mientras
los soldados les enseñaban a manejar armas.
Según los informes, antes de regresar a sus casas los niños eran
recompensados con una reproducción de un billete de 20.000 pesos en el
que aparecía escrito: "El gobierno lo recompensa. Usted y su familia
merecen otra oportunidad. ¡Vuélese ya!" (esto último referido a la
guerrilla). El ejército asegura que el programa estaba ideado para
"inculcar en los niños el amor por su patria" y para "fortalecer
el amor y respeto por los símbolos patrios". Sin embargo, su
propósito real no era exactamente ése. Tal como declaró el comandante del
Batallón Rebeíz Pizarro, la intención del programa era "hacer que el
hijo del guerrillero cuestione a su papá".(40)
Los testigos que han hablado con Amnistía Internacional también
han dicho que los niños que acudían a estos actos eran utilizados para
obtener información sobre la presunta actividad guerrillera de sus padres
y otros familiares. Aunque, al parecer, el programa "soldado por un
día" ha quedado desmantelado, a Amnistía Internacional le sigue
preocupando que el ejército esté utilizando a niños para incriminar a sus
padres, y considera que los efectos psicológicos que esta práctica puede
tener en los niños son, en el mejor de los casos, inciertos. A la
organización le preocupaba asimismo que se estuviera poniendo a niños en
peligro al llevarlos a los cuarteles, un blanco militar para la
guerrilla.
El ejército presionó a las escuelas de Saravena para que
participaran en este programa y en actos similares, a pesar de la
preocupación manifestada por maestros y padres. Tal como dijo un maestro:
"El día viernes 25 de octubre de 2002 se estacionó una camioneta de
la fuerza pública frente a la puerta del [colegio]. En ese momento un niño
se acercó y me dijo que habían mandado decir que abriera la puerta que
ellos necesitaban entrar. Inmediatamente conseguí las llaves y abrí la
puerta. Inicialmente entraron dos miembros de la fuerza pública, luego
entró otro. Nos saludamos muy cordial y en seguida me manifestaron que
estábamos en el mes de los niños y que el Ejército Nacional tenía
programado un evento para ellos con participación de payasos. Me
invitaron para que llevara los niños en ese momento hasta el parque […].
Yo respondí que no era posible llevarlos por que ésta es una zona
peligrosa y además no tenía autorización de los padres de familia y
constantemente se están presentando […] balaceras contra la fuerza
pública lo cual pone en riesgo la integridad de los niños y que en ese momento
toda la responsabilidad recaía en la escuela. El hecho de no haber
aceptado la invitación que me hacían los señores militares les molestó
muchísimo, pues uno de ellos me dijo que los estaba tratando de
delincuentes. Inmediatamente uno de ellos que portaba una cámara
filmadora me la colocó de frente y me filma, otro militar todo enojado me
pregunta mi nombre, el número de cédula y el nombre de la institución y
estos datos los llevaron escritos".
Este maestro fue, posteriormente, uno de los 2.000 residentes de
la zona detenidos en Saravena la noche del 12 de noviembre de 2002,
aunque quedó en libertad sin cargos la misma noche de su detención tras
ser interrogado y después de que le marcaran el brazo con tinta
indeleble.
La organización por parte de las fuerzas armadas de actividades
similares con niños, como el reparto de caramelos en el Día Universal del
Niño o el montaje de circos, como parte de su programa de operaciones
sicológicas es una práctica generalizada en todo el país. Varias unidades
militares, entre ellas la XVIII Brigada, han organizado circos en
distintas partes del país.
5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A
LA SOCIEDAD CIVIL
Los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales
están en primera línea de la lucha por los derechos políticos, sociales y
económicos en Colombia. Esto se ve claramente en el departamento de
Arauca, que cuenta con un movimiento sindical y de derechos humanos muy
desarrollado y bien asentado desde hace mucho tiempo. Este movimiento
denuncia activamente las violaciones de derechos humanos y las
infracciones del derecho internacional humanitario por todas las partes
del conflicto. A consecuencia de ello, las organizaciones que lo componen
se han convertido en blanco de los ataques de quienes, en Colombia, desean
silenciar sus denuncias. Esto hace temer que estén siendo blanco, cada
vez con más frecuencia, de una estrategia coordinada del ejército y los
paramilitares para empañar su imagen y minar su trabajo, tanto el de las
organizaciones como el de los individuos que las forman, mediante
detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales, y que todo ello
prepare el camino para que estos defensores y activistas se conviertan en
blanco de ataques violentos de los paramilitares. Esta estrategia se ha
visto complementada con una serie de medidas gubernamentales,
introducidas unas de ellas en Arauca y otras en todo el país, destinadas
a reforzar aún más la impunidad en Colombia.
En el conflicto colombiano, las fuerzas de guerrilla también han
atacado a activistas sociales y defensores de los derechos humanos que
han criticado las actividades de la guerrilla o han presentado
alternativas socioeconómicas que no se ajustan a la ideología
guerrillera.
Defensores de los derechos
humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos
Amnistía Internacional dispone de información que indica que las
fuerzas de seguridad siguen deteniendo arbitrariamente a defensores de
los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos en
Arauca. Muchas de esas detenciones tienen lugar durante operaciones en
las que se detiene al mismo tiempo a decenas, incluso centenares o, en el
caso de las detenciones de masa de Saravena de noviembre de 2002,
millares de personas. Estas detenciones reciben el nombre de "pescas
milagrosas", porque en ellas el ejército detiene a centenares de
civiles con la esperanza de encontrar a presuntos
"guerrilleros". Estas operaciones sirven para tachar
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