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Colombia:
El cuerpo de la mujer, convertido en campo de batalla
Colombia:
Alto al abuso del sistema judicial contra los defensores de
derechos humanos
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DOCUMENTACIÓN
 AMÉRICA
SUDAMÉRICA
COLOMBIA
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Índice AI: AMR 23/004/2004
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20 de abril de 2004
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[No publicar antes de: 20 abril de 2004]
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Público
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Amnistía Internacional
Colombia
Un laboratorio de guerra:
Represión y violencia en Arauca
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Resumen
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Índice AI:
AMR 23/004/2004
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http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042004
A causa de su importancia estratégica en materia económica,
militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido
un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las
fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los
grupos armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte
presencia en el departamento. Arauca ha atraído también la atención de
Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto
de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte
propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe
ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera
con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave
de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de
seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación,
establecidas por el gobierno en 2002.
Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento
de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de
seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los
defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los
dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con
frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto,
durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su
control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos
agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las
fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha
respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el
gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando
sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil,
especialmente contra las autoridades y funcionarios locales.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido
para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los
civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los
derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La
Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y
la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y
Arauquita. De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a
la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra
las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento
de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación
y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte
incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó
principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes
campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado
anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente
cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos,
a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a
pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en
funcionamiento.
Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas
del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y
"desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y
secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en
Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido
"limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el
oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados
con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas
y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en
favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a
quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la
guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la
población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas,
"desapariciones" y tortura.
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de
América –el principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las
empresas extranjeras que actúan en el departamento tienen el deber de
garantizar que sus fondos y sus actividades no contribuyen a que se
cometan violaciones de derechos humanos en Arauca. Sin embargo, unidades
del ejército implicadas en violaciones de derechos humanos siguen
recibiendo ayuda económica y logística de gobiernos de segundos países y
de empresas extranjeras.
Este texto resume el
documento titulado Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y
violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004), publicado por
Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más información
o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal.
Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros
temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa
se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al
español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1
EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA
INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
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[No publicar antes de: 20 abril de 2004]
|
Público
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Amnistía Internacional
Colombia
Un
laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca
© Reuters
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1
2. LA
POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 6
Ayuda militar: proteger los
intereses estadounidenses en la región 8
La lucha por el dominio: guerrillas
y paramilitares 10
3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE
EMERGENCIA 11
La zona de rehabilitación y consolidación
de Arauca 11
Un soldado en cada esquina: la
militarización de Arauca
12
El coste en derechos humanos: la
intensificación del conflicto armado 12
4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL
CONFLICTO 14
El ejército de soldados campesinos 14
La red de un millón de informantes
civiles 16
Soldado por un día 18
5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A
LA SOCIEDAD CIVIL 19
Defensores de los derechos humanos,
activistas sociales y dirigentes campesinos 19
Fortalecimiento de la autonomía del
ejército en Arauca 23
Estrategia nacional para consolidar
la impunidad 25
6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL
PARAMILITARISMO 27
La consolidación del
paramilitarismo en Arauca
28
Ataques a la población civil 32
Continúan los homicidios pese al
alto el fuego 32
7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 33
Autoridades locales en el punto de
mira 33
Bombas y morteros: las víctimas
civiles 35
Extorsión y secuestro como fuente
de ingresos 35
8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS
DEL CONFLICTO 36
Periodistas: un golpe a la libertad
de expresión 36
Maestros: minando el derecho a
enseñar 37
Mujeres: atacadas como táctica de
terror 37
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39
Colombia
Un laboratorio de guerra:
Represión y violencia en Arauca
1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2002, los vecinos de Saravena, en el
departamento de Arauca, se disponían a celebrar su fiesta tradicional.
Para que pudieran disfrutar de su festividad, el ejército accedió a
levantar algunas de las restricciones de circulación impuestas a los
habitantes de Saravena y otros municipios de Arauca por el gobierno del
Presidente Uribe en septiembre de 2002. Sin embargo, la tarde del 12 de
noviembre, unos 700 soldados rodearon la localidad para que el ejército,
la policía y miembros de la Fiscalía General(1) y la Procuraduría
General(2) registraran casas, lugares de trabajo y comercios. Al concluir
la noche se había detenido a punta de arma a más de 2.000 personas y se
las había conducido al estadio de Saravena, donde las fotografiaron, las
grabaron en vídeo, las interrogaron, comprobaron sus antecedentes y les
marcaron los brazos con tinta indeleble.
Esta detención en masa de civiles, conocida como Operación
Heroica y teóricamente destinada a detener a presuntos miembros de la guerrilla,
ha sido la operación más grande de este tipo llevada a cabo por las
fuerzas de seguridad colombianas en los últimos años. Entre los 2.000
aprehendidos aquella noche se encontraban la mayoría de los miembros de
la comunidad de derechos humanos de Saravena, así como conocidos
sindicalistas y otros dirigentes sociales. Sin embargo, sólo 85 fueron
detenidos oficialmente. De ellos, 35 fueron puestos en libertad más tarde
por falta de pruebas. De los 50 restantes, unos 40 eran sindicalistas. En
el momento de redactar este informe, se creía que apenas 30 de los 2.000
aprehendidos aquella noche seguían sometidos a investigación.
La realidad de la guerra en Colombia es terriblemente cruda, pero
el departamento de Arauca se ha visto especialmente afectado por el
conflicto armado, que ha asolado el país durante cuatro décadas. Además,
en lo que se ha convertido en una trágica norma en los conflictos
modernos de todo el mundo, es la población civil la que soporta
invariablemente la carga de la represión y la violencia que le infligen
las partes del conflicto: las fuerzas de seguridad y sus aliados
paramilitares, por un lado, y los grupos armados de oposición, por el
otro. Así sucede en el departamento nororiental de Arauca, rico en
petróleo, donde los intereses económicos, especialmente los asociados al
control de los importantes recursos petrolíferos del departamento, y los
intentos de la guerrilla de sabotear estos recursos y obtener fondos
mediante extorsiones a la industria petrolera han avivado el conflicto
durante más de 20 años. La cifra de civiles muertos en el departamento es
escalofriante. Aunque las cifras varían según las fuentes consultadas, se
calcula que, únicamente en el municipio de Tame, que cuenta con una
población de tan sólo unos 55.000 habitantes,(3) al menos 175 personas
fueron asesinadas en 2003, frente a las 144 de 2002 y las 86 de 2001.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las
medidas recientemente adoptadas por el gobierno como parte de su
estrategia de "seguridad democrática" han agravado la crisis de
derechos humanos de Arauca.(4) La creación de una red de informantes
civiles, algunos de ellos pagados, y de un ejército de "soldados
campesinos" obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad ha
puesto a los civiles en peligro de ser atacados por la guerrilla,
mientras que la aprobación por el Congreso de una ley que otorga poderes
de policía judicial a las fuerzas armadas probablemente facilitará la
práctica ya existente de iniciar investigaciones judiciales, muchas veces
infundadas, contra defensores de los derechos humanos y otros civiles.
Estas tácticas tienen como finalidad empañar la imagen de los defensores
y los activistas sociales al acusarlos de actividad guerrillera, y los
expone a un mayor peligro de ser víctimas de ataques violentos de los
paramilitares, independientemente de que las investigaciones descubran o
no indicios de actividades delictivas. Si el ejército actúa de
"policía" con sus propios miembros, lo más probable es que muy
pocos de ellos sean investigados por violaciones de derechos humanos, si
es que se investiga a alguno.
El uso de la legislación de emergencia por parte del gobierno
también ha sido motivo de preocupación. Colombia ha pasado la mayor parte
de los últimos 50 años bajo diversos estados de emergencia, en los que se
han dejado de lado las garantías constitucionales, los gobiernos han
gobernado por decreto y al ejército se le han concedido amplios poderes
para encargarse de cuestiones de orden público. Esto ha dado lugar a violaciones
flagrantes y generalizadas de derechos humanos. El Presidente Uribe
declaró el Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002,
tan sólo tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de
2002 emitió el decreto 2002, que le permitiría establecer el 21 de
septiembre dos zonas de seguridad, las llamadas Zonas de Rehabilitación y
Consolidación, una de las cuales abarcaba tres municipios de Arauca:
Arauca, Saravena y Arauquita. El 29 de abril de 2003, la Corte
Constitucional se pronunció contra la renovación del estado de emergencia
y todos los decretos relacionados con él, incluido el decreto 2002. Sin
embargo, en la práctica, el ejército sigue utilizando muchas de las
medidas anuladas por la Corte. Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación
se establecieron para reducir la violencia, al final se caracterizaron
por un aumento de la inseguridad y de las violaciones de derechos humanos
e infracciones del derecho internacional humanitario.(5)
Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales
y de derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio,
"desaparición", detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.
Además, pese a haber expresado interés en mantener un diálogo con las
ONG, en la práctica el gobierno, las fuerzas de seguridad y otras
autoridades han tratado a menudo y de forma cada vez más frecuente a los
defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales como
subversivos, calificándolos así en declaraciones públicas y haciéndolos
blanco de ataques durante operaciones de inteligencia y de
contrainsurgencia. Esta forma de actuar ha expuesto a muchos de ellos,
también en Arauca, a amenazas y ataques de paramilitares respaldados por
el ejército. El 8 de septiembre de 2003, el Presidente Álvaro Uribe atacó
a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos describiendo
a algunas de ellas (sin especificar cuáles) como "politiqueros que
finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la
bandera de los derechos humanos".(6)
El departamento nororiental de Arauca está situado cerca de la
cordillera oriental de los Andes. Tiene unos 265.000 habitantes(7) y
abarca 23.000 kilómetros cuadrados. Se compone de siete municipios:
Arauca, Arauquita, y Saravena, en el norte del departamento, y Cravo
Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, en el sur. Este departamento, que
hace frontera con Venezuela, consta de tres subregiones geográficas: la
cordillera de los Andes, el piedemonte y la sabana. Sus recursos
petrolíferos están situados sobre todo en el límite entre el piedemonte y
la sabana.
Arauca cuenta con una reducida población indígena que se compone,
entre otros, de U’was y guahibos. La región fue colonizada por primera
vez por inmigrantes en la década de 1950, cuando llegaron hasta allí familias
que buscaban refugio frente a "La Violencia" de otras zonas de
Colombia.(8) La segunda oleada colonizadora significativa se produjo tras
el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980, cuando
más familias se trasladaron al departamento en busca de trabajo y de
mejores condiciones de vida.
Aunque la mayoría de los cultivos de coca se concentran en el sur
del país, Arauca ha presenciado recientemente un aumento de las
plantaciones ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, y citando fuentes
militares, el cultivo de coca aumentó de 978 a 12.000 hectáreas en el
periodo 2000-2001, aunque, según la policía, el aumento ha sido mucho más
modesto, de las 978 hectáreas del año 2000 a 2.749 en el 2001.(9)
Décadas de
homicidios: los grupos armados de oposición y los paramilitares
Los grupos de guerrilla surgieron en la década de 1950, durante
"La Violencia". En ese periodo, grupos armados vinculados a los
partidos Liberal y Comunista se vieron obligados a replegarse a zonas
remotas e inaccesibles del país. Esos grupos armados formaron el núcleo
del principal movimiento de oposición armada durante los últimos 50 años,
que en 1966 se consolidó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), surgidas de grupos campesinos creados para defender
las comunidades favorables al Partido Liberal. Las FARC son el grupo de
guerrilla más grande del país, con unos 20.000 combatientes. El otro
grupo importante que todavía existe es el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), con unos 4.000 combatientes.
Gracias al frágil control estatal, las guerrillas establecieron
amplios bastiones en muchas zonas del país, en las que, en la práctica,
determinaban la política de gobierno local y ejercían un notable control
sobre la población. Estas organizaciones guerrilleras atacaban con
frecuencia las fincas rurales de los terratenientes adinerados: la
extorsión y los secuestros se convirtieron en prácticas habituales en las
zonas rurales. Desde la década de 1990, las FARC han tratado de aumentar
significativamente los ataques en zonas urbanas, cuya población civil ha
sufrido cada vez más el peso de esos ataques.
Los paramilitares respaldados por el ejército –que cuentan con
entre 10.000 y 20.000 miembros, dependiendo de la fuente citada– tienen
su origen en los grupos civiles de "autodefensa" legalmente
constituidos que el ejército creó para que le sirvieran de auxiliares
durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal se
eliminó en 1989, apenas se han hecho esfuerzos por disolverlos. Amnistía
Internacional ha documentado ampliamente su colaboración con las fuerzas
de seguridad. También las Naciones Unidas y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) han documentado en sus informes fuertes vínculos
entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, y las investigaciones
judiciales y disciplinarias siguen implicando a oficiales de alta
graduación en violaciones de derechos humanos cometidas por unidades
paramilitares. Durante las últimas décadas se ha hecho a los
paramilitares responsables de la mayoría de los homicidios y
"desapariciones" de civiles perpetrados.
Las fuerzas armadas, a medida que se han ido enfrentando a una
creciente condena internacional por las violaciones de derechos humanos
cometidas, han ido recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de
auxiliares paramilitares para poner en marcha las tácticas de
"guerra sucia" empleadas por el ejército en su estrategia de
contrainsurgencia. En los últimos años, la atención nacional e
internacional se ha centrado cada vez más en la necesidad de desmantelar
los mecanismos de impunidad que han garantizado que, salvo en casos
excepcionales, los miembros de las fuerzas armadas puedan eludir las
investigaciones o los castigos pertinentes. Para evitar estas presiones,
los responsables de diseñar y poner en práctica la "guerra
sucia" han delegado muchas tareas en las fuerzas paramilitares, y
ello les ha permitido continuar con su estrategia sin temor a ser
procesados.
Las políticas del actual gobierno están dando marcha atrás a los
limitados intentos de los gobiernos anteriores de desmantelar los
mecanismos de impunidad, garantizando que los miembros de las fuerzas de
seguridad y sus aliados paramilitares pueden seguir perpetrando
violaciones de derechos humanos sin apenas posibilidad de ser procesados.
La introducción de estas políticas coincidió con la declaración de una
"tregua", el 1 de diciembre de 2002, por parte de la principal
agrupación paramilitar del país, las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
A causa de su importancia estratégica en materia económica,
militar y geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al
hecho de que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han
considerado que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de
ello, la zona se ha visto fuertemente militarizada. En particular,
durante los últimos 18 meses el gobierno ha utilizado el departamento
como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad,
especialmente en lo que se refiere a las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación. El hecho de que estas zonas ya no estén legalmente en
funcionamiento apenas ha aliviado los ataques constantes e
indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra la población civil,
especialmente contra los defensores de los derechos humanos y los
activistas sociales. Mientras tanto, en los últimos años, los grupos
paramilitares han reforzado su control sobre el departamento de Arauca en
un aparente intento de defender los intereses de poderosos agentes
económicos nacionales e internacionales; para ello, han actuado en
colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. Los grupos de
guerrilla, especialmente las FARC, han respondido a las medidas de
seguridad del gobierno y a la presencia cada vez mayor de los grupos
paramilitares en Arauca aumentando su actividad para intimidar y atacar a
sectores de la población civil, especialmente a los funcionarios del
Estado locales.
No puede pasarse por alto la dimensión internacional del conflicto
de Arauca. A causa de los intereses de empresas petroleras
estadounidenses y, en menor medida, de otras empresas petroleras
extranjeras en el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado
especial atención a la región y ha destinado a ella importantes recursos
militares, incluidos "asesores militares". El gobierno de
Estados Unidos ayuda a financiar la brigada del ejército de Colombia que
actúa en el departamento de Arauca, la XVIII Brigada. Según los informes,
la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum también ha ayudado
a financiar la brigada, aunque no ha confirmado si sigue haciéndolo(10).
Esta brigada ha sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y
de colaborar con las fuerzas paramilitares, y eso ha arrastrado
invariablemente al gobierno estadounidense a una serie de controversias
en materia de derechos humanos, como los homicidios de Santo Domingo de
1998, en la que 17 civiles, entre ellos 6 niños, murieron cuando un
helicóptero financiado por Estados Unidos y pilotado por la fuerza aérea colombiana bombardeó el
pueblo de Santo Domingo utilizando munición estadounidense.
Los
homicidios de Santo Domingo
Existen datos creíbles que indican que, en 1998, miembros de la
Fuerza Aérea Colombiana que pilotaban un helicóptero de combate
financiado por Estados Unidos cometieron una grave violación del derecho
internacional humanitario en el pueblo de Santo Domingo, municipio de
Tame, al arrojar una bomba de racimo que mató a varios civiles. El
helicóptero estaba asignado al Comando Aéreo de Combate núm. 1, que
durante casi una década había recibido ayuda estadounidense en materia de
seguridad. Según los informes, el ejército reaccionó a los indicios de
abuso engañando a los investigadores civiles. El comandante de la Fuerza
Aérea, el general Héctor Velasco, criticó a los grupos de derechos
humanos que pedían justicia en el caso de Santo Domingo, equiparándolos
públicamente con guerrilleros y narcotraficantes.
El suceso tuvo lugar el 13 de diciembre de 1998, después de más de
un día de combates en torno al pueblo entre el ejército y el Frente 10 de
las FARC. Hacia las diez menos cuarto de la mañana, una explosión en
Santo Domingo mató a seis niños. También mató a 11 adultos. Veintiocho
testigos presenciales afirmaron que la explosión había sido causada por
un cohete disparado por un helicóptero militar colombiano. Los testigos
también declararon que el ejército había arrojado al menos otros dos
explosivos contra Santo Domingo.
Aunque la fuerza aérea archivó su investigación preliminar, la
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación reunió
pruebas periciales que fueron examinadas por expertos colombianos y por
la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. Todos ellos
estuvieron de acuerdo en que entre las muestras había restos de un cohete
de fabricación estadounidense. A consecuencia de ello, la Unidad
recomendó que la Fuerza Aérea Colombiana reabriera su investigación. Sin
embargo, la fuerza aérea declaró nulo ese resultado. El caso fue
transferido finalmente al sistema de justicia civil a principios de 2003,
después de que, en octubre de 2002, la Corte Constitucional resolvió que
los homicidios constituían una violación de derechos humanos y una
infracción del derecho internacional humanitario. En enero de 2003,
Estados Unidos retiró la certificación(11) a la base aérea de Palanquero,
donde está estacionado el Comando Aéreo de Combate núm. 1, por la falta
de "transparencia" en la investigación sobre los homicidios. El
25 de agosto el general Velasco dimitió como jefe de la Fuerza Aérea. Los
tribunales no han condenado todavía a nadie por los homicidios.
Según los documentos presentados en la causa de Luis Alberto
Galvis Mujica contra Occidental Petroleum y Airscan en virtud de la Ley
sobre Delitos Cometidos contra Extranjeros,(12)(Alien Tort Claims Act),
la Fuerza Aérea recibió las coordinadas para el bombardeo de Airscan Inc,
empresa estadounidense que, hasta hace poco tiempo, estuvo trabajando
como contratista en materia de seguridad para Occidental Petroleum.(13)
Según las pruebas presentadas por el demandante, el bombardeo fue
planeado por la Fuerza Aérea y Occidental Petroleum en el complejo de la
empresa en Caño Limón, y Occidental Petroleum y Airscan brindaron apoyo y
asesoramiento para el ataque.
Según la demanda, Airscan proporcionó servicios de vigilancia
aérea para esta misión durante el bombardeo, y ayudó a que la Fuerza
Aérea Colombiana identificara el blanco del bombardeo y a que las tropas
del ejército desembarcaran durante la misión. Al parecer, la empresa lo
hizo mediante tres empleados que, en el momento del ataque, volaban en un
avión Skymaster suministrado por Occidental Petroleum. A los tres pilotos
de Airscan los acompañaba, al parecer, un militar colombiano que, en
aquel entonces, actuaba como oficial de enlace de la Fuerza Aérea
Colombiana con Occidental Petroleum. El 25 de enero de 2002, Angel
Trífilo Chaparro, testigo de los homicidios, fue asesinado en Tame, según
los informes por paramilitares.
La información incluida en este informe fue reunida por los
delegados de Amnistía Internacional que visitaron Arauca en septiembre de
2002 y marzo de 2003. Durante su visita, los delegados se entrevistaron
con sectores representativos de la comunidad civil, política y militar de
Arauca, así como con representantes de la Iglesia Católica. Los nombres
de algunos testigos se han ocultado, para su protección. Amnistía
Internacional pidió a Occidental Petroleum que respondiera a algunas de
las denuncias indicadas en este informe, pero la empresa no respondió a
las preguntas concretas que se le plantearon.
2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL
PETRÓLEO
La empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum descubrió
el yacimiento petrolífero de Caño Limón en 1983, y empezó a extraer
petróleo en 1985.(14) El petróleo se transporta hasta la costa del Caribe
por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 773 kilómetros de longitud, que
ha sido atacado con explosivos en repetidas ocasiones por los grupos de
guerrilla en Arauca (donde cruza los municipios septentrionales de
Arauca, Arauquita y Saravena).(15) Las repercusiones de este yacimiento
en Colombia han sido fundamentales: ha transformado el país,
convirtiéndolo de importador a exportador neto de petróleo crudo. De él
se han extraído 910 millones de barriles, de la reserva de 1.300 millones
de barriles que se le calcula. Está empezando a agotarse pero, según
Occidental Petroleum, aún sigue aportando casi el 30 por ciento de la
producción total de petróleo de Colombia. A menos que se descubran o se
exploten nuevas reservas, Colombia volverá a convertirse en importador
neto de petróleo a lo largo de este año.(16)
Occidental Petroleum actúa mediante un "contrato de
asociación" con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que posee el
50 por ciento del oleoducto. El otro 50 por ciento es propiedad de
Occidental Petroleum y de la empresa española Repsol-YPF, que tiene una
pequeña participación en el negocio. Repsol- YPF también tiene
importantes intereses en el departamento, como el yacimiento petrolífero
de Capachos I, en el municipio de Tame.
Occidental Petroleum es el segundo productor de petróleo de
Colombia. También es importante destacar que, con la inseguridad de los
mercados de petróleo de Oriente Medio y Próximo y las amenazas previstas
a la exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, el gobierno
estadounidense está ansioso por estabilizar el sector petrolero
colombiano. Los cambios de los contratos de asociación, que aumentan el
margen de beneficios de las empresas que participen, también han despertado
el interés por la explotación de los recursos petrolíferos de Colombia.
Por lo tanto, el control de los recursos petroleros de Arauca no
sólo es fundamental para la economía colombiana, sino que también es
importante para los intereses estadounidenses. Por ello, el gobierno de
Estados Unidos ha dedicado recursos considerables a proteger el
oleoducto. Desde 2002 ha entregado a Colombia más de 1.900 millones de
dólares en concepto de ayuda, incluidos fondos para actividades de
contrainsurgencia y antinarcóticos, lo que ha convertido a Colombia en el
tercer receptor de ayuda militar estadounidense del mundo, detrás de
Israel y Egipto. En la cifra total se incluyen 99 millones de dólares
aprobados en 2003 para financiar la protección del oleoducto, principalmente
mediante la compra de helicópteros, servicios de formación e inteligencia
y material para la XVIII Brigada, así como la creación de una nueva
Brigada Móvil núm. 5 (inicialmente asignada a la protección del
oleoducto) y unidades adicionales fluviales y de policía, todas ellas
equipadas con material pagado con fondos estadounidenses.(17) En enero de
2003, 60 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a
Arauca, uniéndose a los 10 que ya estaban allí, para formar a unidades de
la XVIII Brigada. Occidental Petroleum también ha proporcionado a la
Brigada, según los informes, recursos económicos y apoyo logístico,
incluidos helicópteros de transporte, para ayudar a proteger el
oleoducto.(18)
La industria petrolera ha proporcionado a las fuerzas de seguridad
más de una década de ingresos sustanciales. El "impuesto de
guerra" establecido por el gobierno colombiano en 1992 obligaba a
las empresas petroleras a pagar aproximadamente un dólar por barril.(19)
Según un artículo publicado en 2002 en Los Angeles Times,
Occidental Petroleum pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad
colombianas en concepto de apoyo logístico.(20) El 12 de septiembre de
1996, la Asociación Cravo Norte –que actúa en el yacimiento de Caño Limón
y es propiedad de Ecopetrol y Occidental Petroleum– había firmado un
"acuerdo de colaboración" mediante el cual se comprometía a
proporcionar ayuda económica a las unidades de la XVIII Brigada que
actuaran en las cercanías del yacimiento.(21) El acuerdo de colaboración
incluía unos dos millones de dólares en forma de un desembolso anual a
las fuerzas de seguridad colombianas.(22)
Muchas de las violaciones de derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario perpetradas por los dos bandos del
conflicto tienen lugar en comunidades y zonas cercanas al oleoducto de
Caño Limón:
· el
22 de diciembre de 2002, las FARC, según parece, volaron un autobús que
llevaba a trabajadores de Occidental en la carretera que va de Arauca a
Caño Limón. Dos trabajadores murieron y 12 resultaron heridos;
· el
16 de diciembre de 2002, dos hombres armados y encapuchados, con
chaquetas negras y pantalones de camuflaje, dieron el alto a un campesino
que viajaba en su camión, junto con su mujer y sus hijos, en Playas de
Bojaba, hacia la carretera de Saravena, según los informes. Obligaron a
todos los miembros de la familia a apearse del vehículo, los registraron
y dieron patadas al esposo. Luego los obligaron a todos a tumbarse en el
suelo. Se llevaron a la esposa a los matorrales y, al parecer, la
violaron tras amenazarla con matar a sus hijos. Luego se marcharon,
llevándose muchas de las pertenencias de las víctimas. Esa zona está
fuertemente militarizada, ya que queda cerca del oleoducto;
· el
10 de agosto de 2002, la Cooperativa de Coagrosarare, en la vereda de
Alto Satoka, Saravena, fue saqueada, al parecer por soldados del batallón
núm. 27 del ejército, cuya responsabilidad es proteger el oleoducto de
Caño Limón. Los soldados se marcharon, no sin antes pintar, según parece,
lemas paramilitares en las paredes.
Las comunidades que viven a lo largo del oleoducto están bajo la
estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad, que muchas veces las
intimidan advirtiéndoles de que los paramilitares vienen detrás o
utilizando representantes paramilitares para amenazarlas y acosarlas. Las
guerrillas también han amenazado a quienes denuncian los ataques de
grupos de oposición armados contra el oleoducto.
Amnistía Internacional no pone en duda el deber de las empresas de
garantizar la seguridad de su personal. Sin embargo, la organización cree
que las empresas que actúan en zonas de conflicto deben asegurarse de que
sus operaciones no contribuyen, deliberada o involuntariamente, a
violaciones de derechos humanos.
Tal como muestra este informe, Amnistía Internacional ha
documentado una serie de casos de soldados de la XVIII Brigada de Arauca
–que recibe financiación de Estados Unidos y, según los informes, de
Occidental Petroleum para proteger el oleoducto– que han estado
implicados en violaciones graves de derechos humanos, ya sea directamente
o en connivencia con las fuerzas paramilitares.
Ayuda militar: proteger los
intereses estadounidenses en la región
En 1994 se suspendió la ayuda militar directa de Estados Unidos al
ejército de Colombia a causa de la terrible situación de los derechos
humanos en el país y de la connivencia de las autoridades con los grupos
paramilitares ilegales responsables de atrocidades generalizadas contra
los derechos humanos. Sin embargo, en el año 2000, a pesar de los
abrumadores indicios de que continuaban los vínculos del ejército con los
paramilitares, el gobierno estadounidense aprobó un programa masivo de
ayuda militar a Colombia, destinada en su mayoría al ejército. Los
controles y salvaguardias establecidos respecto a esta ayuda no son
suficientes para garantizar que no se utilizará –ya sea directamente o
indirectamente, a través de los grupos paramilitares– para cometer
violaciones graves de derechos humanos.
El 13 de julio de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos,
Bill Clinton, firmó la ley pública 106-246, que incluía una partida de
1.300 millones de dólares estadounidenses de ayuda, principalmente
militar, para Colombia. Al aprobar esta ayuda, el Congreso estadounidense
votó a favor de imponer estrictas condiciones en materia de derechos
humanos (lo que se conoce como la "certificación"), que
posteriormente el presidente Clinton decidió no aplicar por motivos de
seguridad nacional estadounidense. La ayuda de Estados Unidos se canaliza
a través de un controvertido paquete conocido como Plan Colombia,
descrito por el gobierno estadounidense como un plan de ayuda destinado a
combatir el narcotráfico y a contribuir a alcanzar la paz. El Plan
propone una estrategia principalmente militar para hacer frente al
cultivo y el tráfico ilegal de drogas mediante una ayuda militar
sustancial a las fuerzas armadas y la policía colombianas, y mediante la
creación de tres batallones antinarcóticos en el ejército.
Varias empresas petroleras desempeñaron un importante papel en la
captación de apoyos ante el Congreso estadounidense para que se aprobara
la ayuda militar a Colombia a pesar del pésimo historial de derechos
humanos del ejército colombiano. En 1996, BP Amoco y Occidental
Petroleum, entre otras, crearon la Colombia Business Partnership para
captar apoyos en favor de dicha ayuda militar. El 15 de febrero de 2000,
Lawrence Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos
públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, se dirigió al Subcomité
de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso
estadounidense diciendo: "la batalla contra el narcotráfico no puede
ganarse sin una fuerza militar más potente, mejor equipada y altamente
disciplinada", e instó a los congresistas "a asegurarse de que
el paquete de ayuda que de aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio
entre el apoyo a la Policía Nacional de Colombia y al ejército".
También instó al Congreso "a considerar el apoyo a las operaciones
contra el narcotráfico tanto en las regiones del norte como en el sur.
Esto ayudará a aumentar la seguridad para los proyectos de desarrollo
petrolífero".(23)
En julio de 2002, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de
ley de emergencia sobre gasto suplementario que eliminó una disposición
anterior que limitaba la ayuda estadounidense a esfuerzos contra el
narcotráfico. Según la nueva normativa, la ayuda estadounidense en
materia de seguridad puede utilizarse contra "organizaciones
designadas como organizaciones terroristas [...]". La nueva
estrategia de Estados Unidos permite por primera vez la ayuda
estadounidense a Colombia para actividades de contrainsurgencia, incluida
la acción directa contra grupos armados. Estados Unidos proporciona ahora
ayuda militar para uso directo en operaciones de contrainsurgencia
específicamente para proteger instalaciones petroleras explotadas por
empresas estadounidenses, como Caño Limón. En agosto de 2002, el gobierno
estadounidense decidió una vez más no aplicar los requisitos sobre
derechos humanos necesarios para obtener la certificación.
En febrero de 2003, el Congreso aprobó otros 439 millones de
dólares para Colombia de la Iniciativa Andina Antinarcóticos: 284
millones para ayuda policial y militar y el resto para ayuda económica y
social. En abril, el Congreso aprobó también otros 105 millones de ayuda
de emergencia, la mayoría consistente en transferencias adicionales de
material militar. El presidente Bush ha pedido otros 574 millones de
dólares para Colombia para el año fiscal 2004, que comenzó el 1 de
octubre de 2003.
A pesar de que ni el gobierno ni el ejército colombianos han
cumplido las condiciones en materia de derechos humanos establecidas por
el Congreso, tanto el gobierno de Clinton como el de Bush han aprobado
repetidamente la ayuda militar a Colombia. Pese a los serios recelos de
algunos miembros del Senado, que hicieron que la ayuda estadounidense se
retuviera temporalmente, la ayuda económica del año fiscal 2003 se aprobó
finalmente y se hizo llegar a Colombia. Según los nuevos criterios
negociados en el presupuesto de 2003, el proceso de certificación ahora
se aplica sólo al 25 por ciento de la ayuda estadounidense para
seguridad, mientras que anteriormente se aplicaba al 100 por ciento. Se
cree que en 2004 la certificación se aplicará al 50 por ciento de la
ayuda.
La lucha por el dominio:
guerrillas y paramilitares
La violencia política en Arauca aumentó significativamente tras el
descubrimiento de petróleo en la región a mediados de la década de 1980.
Aunque tanto las FARC como el ELN estaban presentes en el departamento
desde principios de esa misma década, sus esfuerzos por controlar Arauca
no cobraron intensidad hasta después de que se descubriera petróleo en la
zona. Se cree que las FARC cuentan con unos 1.000 guerrilleros en Arauca,
agrupados en torno a los frentes 10 (Guadalupe Salcedo) y 45 (Atanasio
Girardot) y a las columnas Alfonso Castellanos y Usías Cuéllar. Respecto
al ELN, se cree que cuenta con 500 combatientes organizados en torno al
frente Domingo Laín y a las compañías Capitán Pomares y Simacota.
Los paramilitares respaldados por el ejército se afianzaron
militarmente en el departamento de Arauca en 2001, tras una serie de
operaciones en gran escala llevadas a cabo por el ejército colombiano –la
más destacada, la Operación Arawac– contra las fuerzas de guerrilla en la
región.(24) La mayoría llegaron desde el departamento de Casanare, al sur
de Arauca, y han ido avanzando hacia el norte del departamento, a través
de Cravo Norte, Tame y Puerto Rondón. Ahora tienen una presencia
significativa en el municipio de Arauca, aunque donde siguen siendo más
fuertes es en los tres municipios del sur. El aumento de la actividad
paramilitar en el departamento coincidió con el final de la exploración y
producción petrolífera en Casanare y con el anuncio del hallazgo de
nuevos yacimientos en el departamento de Arauca. Los paramilitares ya no
sólo dedican sus esfuerzos a proteger los recursos petroleros de Arauca
frente a los ataques de la guerrilla, como hicieron en Casanare, sino que
intentan además hacerse con el control del negocio de coca de la región,
cada vez más importante, y de las rutas de entrada y salida nacionales e
internacionales del departamento de Arauca a través del piedemonte y la
sabana. Los paramilitares del departamento de Arauca pretenden además
impedir que los grupos guerrilleros apliquen "impuestos de
protección" a las empresas petroleras que actúan en la zona.
Los paramilitares se esfuerzan también por minar el presunto apoyo
de la población civil a las guerrillas mediante tácticas de terror tales
como matanzas, homicidios selectivos y amenazas, principalmente contra
defensores de los derechos humanos, activistas sociales y sindicales,
periodistas, maestros y trabajadores de la salud. Estos sectores son
atacados para silenciar las denuncias de las violaciones de derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados
paramilitares en la región, para romper cualquier vínculo –presunto o
imaginado– entre la población civil y la guerrilla, para silenciar la
oposición a la explotación petrolera y a otros intereses económicos, así
como a la privatización de los servicios de salud y educación, y para
obligar a las comunidades campesinas o indígenas que viven cerca de
instalaciones petroleras o zonas que van a ser explotadas a desplazarse.
Las principales unidades paramilitares que actúan en la región son los
bloques Centauro y Casanare, que forman parte de las AUC.
3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE
EMERGENCIA
El gobierno del Presidente Uribe declaró un Estado de Conmoción
Interior el 11 de agosto de 2002, tres días después de ocupar su cargo, y
el 9 de septiembre de ese mismo año emitió el decreto 2002, por el que se
establecía el mecanismo de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, se
otorgaban al ejército poderes de policía judicial y se permitía a los
militares mantener un registro de la población.(25) Un Estado de
Conmoción Interior, menos drástico que el decreto 2002, otorga poderes
notables al ejército, como el derecho a limitar la libertad de circulación
y residencia, impedir que la radio y la televisión transmitan información
"delicada", restringir reuniones y manifestaciones, interceptar
comunicaciones sujetas a autorización judicial y realizar detenciones
preventivas sin orden judicial.
El 25 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró que
algunas partes del decreto 2002 eran inconstitucionales, especialmente
aquellas que otorgaban al ejército poderes de policía judicial y el
derecho a mantener un registro de la población civil. El 29 de abril de
2003, la Corte se pronunció contra la renovación del estado de emergencia
y del decreto 2002, y ello llevó al gobierno a introducir un proyecto de
ley de reforma constitucional que otorgaría poderes de policía judicial a
las fuerzas armadas. Esos poderes permitirían al ejército realizar
detenciones, registrar domicilios e interceptar comunicaciones sin
autorización judicial. El Congreso aprobó el proyecto de ley el 10 de
diciembre de 2003. El proyecto entrará en vigor una vez que el Congreso apruebe
una ley de habilitación, lo que probablemente hará a mediados de
2004.(26)
La zona de rehabilitación y
consolidación de Arauca
El decreto 2002 también otorgaba al ejército poderes adicionales a
los contenidos en el Estado de Conmoción Interior, y restringía ciertos
derechos en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como
zonas geográficas "afectada[s] por acciones de grupos criminales en
donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer
el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la
protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una
o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes
artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base
en la conmoción interior".(27)
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de
Rehabilitación y Consolidación: en los departamentos de Sucre y Bolívar y
en el departamento de Arauca. Entre las dos abarcaban 29 municipios (16
en Sucre, 10 en Bolívar y 3 en Arauca).(28) Dentro de ellas, un mando
militar tenía el control de todas las fuerzas de seguridad, incluida la
policía. Además, en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:
· determinadas
personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar a las
autoridades con dos días de antelación. Quien infringiera este requisito
podía ser detenido hasta 24 horas;
· los individuos que no llevaran consigo sus documentos de
identidad podían ser detenidos hasta 24 horas.
El decreto 2002 también incluía restricciones específicas para los
extranjeros que quisieran visitar las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación. La intención del gobierno con esta medida quedaba clara en
el párrafo preambular ocho del decreto, que establecía que "es
necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den
instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que
existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los
extranjeros ante las autoridades". Los extranjeros que desearan
entrar en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación debían pedir
autorización al gobernador ocho días laborables antes de la visita, y si
la zona que deseaban visitar abarcaba más de un departamento necesitaban
autorización del Ministerio del Interior. Quienes no cumplieran este
requisito podían ser expulsados. Además, los extranjeros debían
presentarse ante las autoridades si se les pedía que lo hicieran. Si no
lo hacían, también podían ser expulsados. Estas medidas se utilizaron
para restringir el acceso a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación
de los observadores humanitarios y de derechos humanos. Las Zonas de
Rehabilitación y Consolidación dieron lugar a un aumento de las
violaciones de derechos humanos, y al mismo tiempo facilitaron a las
autoridades el silenciar las denuncias de dichas violaciones. Además, en
la práctica, muchas de las restricciones impuestas en virtud del Estado
de Conmoción Interior y del decreto 2002 siguieron aplicándose a pesar de
la resolución de la Corte Constitucional contra esas medidas.
Un soldado en cada esquina: la
militarización de Arauca
Arauca es uno de los departamentos más militarizados del país, y
se militarizó aún más tras la creación en septiembre de 2002 de la zona
de rehabilitación y consolidación en sus tres municipios septentrionales.
La brigada del ejército destinada en él es la XVIII Brigada, que hasta
finales de 2003 estuvo dirigida por el general Carlos Lemus Pedraza
(designado también comandante de la zona de rehabilitación y
consolidación) y ahora está al mando del brigadier general Gustavo
Matamoros Camacho. La XVIII Brigada tiene su base en la capital, Arauca.
Se compone de varios batallones y unidades, entre los que se encuentran
el Batallón de Contraguerrillas Núm. 46 "Héroes de Saraguro" en
Arauquita,(29) el Batallón de Ingenieros Núm. 18 "Navas Pardo"
en Tame, el Batallón de Contraguerrillas Núm. 49 "Héroes de
Tarazá" en Fortul, y el Grupo de Caballería Mecanizado Núm. 18
"General Rebeíz Pizarro" en Saravena.
La presencia militar se vio reforzada tras la creación de la zona
de rehabilitación y consolidación, con nuevas unidades del ejército,
policía adicional, escuadrones antimotines y nuevo material para las
unidades fluviales adscritas a la Brigada de Infantería de Marina. La
Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) también ha tenido una
presencia permanente desde noviembre de 2002, y además hay varias
unidades móviles, como la Brigada Móvil 5.
El coste en derechos humanos: la
intensificación del conflicto armado
Aunque la situación en lo que se refiere a la seguridad y los
derechos humanos ha sido crítica en todo el departamento de Arauca
durante años, el gobierno prefirió limitar la zona de rehabilitación y
consolidación a los tres municipios del norte. Precisamente por ellos
pasa el oleoducto de Caño Limón. Los cuatro municipios del sur, dominados
por los paramilitares, fueron excluidos de las medidas especiales de
seguridad. La sección noroccidental del oleoducto atraviesa también la
segunda zona de rehabilitación y consolidación, establecida en Sucre y
Bolívar. Al preguntársele por qué sólo se habían incluido en las Zonas de
Rehabilitación y Consolidación las áreas con una fuerte presencia de la
guerrilla, el gobernador de Arauca respondió que "el Gobierno así lo
decidió. Ellos hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron
con mucha gente, y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que
concluyeron es lo mejor".(30)
Los ocho meses durante los cuales estuvo vigente la zona de
rehabilitación y consolidación se caracterizaron por un aumento de las
violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho
internacional humanitario por parte de los bandos en conflicto. Durante
ese periodo, el ejército llevó a cabo varias redadas y detenciones
masivas, muchas de las cuales afectaron a defensores de los derechos
humanos y activistas sociales y sindicales, como la detención de 2.000
personas en Saravena el 12 de noviembre de 2002. También hubo un notable
incremento del uso, por parte de grupos de oposición armada, de coches y
bicicletas bomba, muchos de los cuales mataron a civiles, incluidos
niños. Continuaron imparables los homicidios de defensores de los
derechos humanos, sindicalistas, periodistas, políticos y funcionarios
públicos, y en algunos municipios incluso aumentaron. Durante este
periodo también se realizaron amenazas masivas de muerte de guerrilleros
y paramilitares contra numerosos sectores de la sociedad.
En el centro urbano de Saravena, 18 personas murieron en un
periodo de tan sólo dos semanas en la segunda mitad de febrero de 2003, a
pesar de que esa localidad es una de las más militarizadas de Colombia,
con una notable presencia de personal del ejército y la policía. Entre
los muertos había dos niños: Josué Quiroga Granados, de 15 años, y Miguel
Ángel Mantilla Muñoz, de 17.
Un informe de la Procuraduría General sobre Arauca dice: "Las
medidas adoptadas y la ejecución de las mismas no han arrojado los
resultados esperados, como se demuestra a lo largo del presente informe
relativo específicamente a la zona de rehabilitación en el departamento
de Arauca. La amenaza a los mandatarios locales continúa y ahora se
extiende a los funcionarios públicos municipales […] y la vigencia de los
derechos –especialmente el derecho a la vida– no muestra en dicha zona,
ninguna recuperación. Esas y otras razones permiten afirmar, que la
experiencia de la zona de rehabilitación y consolidación en Arauca es un
experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si
es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de
fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados
campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio sí han generado
otras dificultades [tal como] la exposición de la población civil a un
mayor al riesgo del que ha venido padeciendo".(31)
El informe de 2002 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, también criticaba la
conducta del ejército en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:
"En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió a las
facultades a ella atribuidas por el decreto [2002] [...] de practicar
capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con un alto
número de personas retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a
disposición judicial. En varios casos, la utilización de informantes
encapuchados estigmatizó a las personas señaladas".(32)
Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y el estado de
emergencia ya no están legalmente vigentes, la conducta del ejército no
ha variado: sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias y manteniendo
registros de la población. Además, los esfuerzos por criminalizar a los
defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales van en aumento.
Amnistía Internacional sigue asimismo documentando casos de tortura,
homicidio y "desaparición" perpetrados por el ejército, ya sea
directamente o en connivencia con los paramilitares.
4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL
CONFLICTO
Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es
que las partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos
clasificados como no internacionales, como es el caso de Colombia, deben
distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos
civiles y objetivos militares. No está permitido atacar a civiles, es
decir, a personas que no pertenecen a las fuerzas armadas de cualquiera
de los bandos. Este principio, conocido como el principio de distinción,
está codificado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos
Protocolos Adicionales de 1977. El principio de distinción es una norma
fundamental del derecho internacional humanitario consuetudinario,
vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean
internacionales o no internacionales.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las
medidas adoptadas por el gobierno parecen estar destinadas a arrastrarlos
aún más al conflicto. Esto se ha visto agravado por la actitud del
Presidente Uribe de no respetar el principio de distinción. En una carta
a Amnistía Internacional, fechada el 16 de octubre de 2002, el Presidente
Uribe escribió: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado
contra cualquier modalidad criminal". Aunque un Estado puede instar
a sus ciudadanos a colaborar con sus instituciones judiciales y denunciar
violaciones de derechos humanos, en situaciones de conflicto el Estado no
debe promover prácticas que expongan a los civiles como blancos directos
del conflicto. Algunas de las medidas gubernamentales que se han aplicado
en Arauca han arrastrado a los civiles aún más al conflicto.
Las medidas gubernamentales que amenazan con difuminar la
distinción entre civiles y combatientes son contrarias al artículo 13.1
del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que se aplica a conflictos
armados no internacionales y que establece: "La población civil y
las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros
procedentes de operaciones militares". Colombia se adhirió al
Protocolo II de los Convenios de Ginebra el 14 de agosto de 1995.
El ejército de soldados
campesinos
Al ocupar su cargo en agosto de 2002, el gobierno anunció que
crearía inmediatamente una fuerza de al menos 15.000 "soldados
campesinos" (o "soldados de mi pueblo", como también se
los conoce), que llegaría a los 100.000 antes de que terminara su mandato
en 2006. Según el gobierno, estos soldados serían soldados voluntarios
que, a diferencia de los soldados regulares, actuarían en áreas de su
comunidad local o cerca de ellas. Se creía que al finalizar 2003 había
algo más de 17.000 de estos soldados campesinos. Según el gobierno, los
había en todos los municipios de Arauca. Además, la entonces ministra de
Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, declaró que el número de soldados
campesinos en el departamento aumentaría en 2004, a causa de la grave
situación de seguridad.(33)
Como soldados, estos soldados campesinos no gozan de la protección
otorgada a los civiles por el derecho internacional humanitario. Sin
embargo, esta iniciativa suscita preocupación ya que, como la mayoría de
ellos actúa en su comunidad, sus familias podrían ser más vulnerables a
los ataques de la guerrilla al ser más conocida su relación con los
soldados campesinos que actúan en la zona. Por ello, existe el peligro de
que los soldados campesinos puedan ser absorbidos en la estrategia
paramilitar, como medio para protegerse a ellos mismos y a sus familias
de los ataques de la guerrilla. Estas mismas familias pueden asimismo
sentirse obligadas a unirse a las redes de informantes civiles para
garantizar su propia protección. Toda esta situación ha colocado a las
familias de los soldados campesinos en un mayor peligro de ser blanco de
los ataques de las guerrillas. De hecho, el 4 de marzo de 2003 el ELN
emitió una amenaza de muerte contra los soldados campesinos de Arauca. Al
mismo tiempo, existe el peligro de que los paramilitares que actúan en
Arauca se hayan podido incorporar a las unidades de soldados campesinos.
Entre las primeras unidades de este tipo que se crearon se encontraban
las de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, precisamente los municipios en
los que los paramilitares consolidaron su posición tras la Operación
Arawac.
Dada la precaria situación económica de numerosas comunidades
rurales, muchos individuos pueden sentirse tentados a unirse al
"ejército campesino" simplemente como forma de escapar de la
más absoluta pobreza. Además, están muy poco claros el grado y la calidad
de la formación que recibirán estos soldados, y hay pocos indicios de que
se hayan puesto en marcha procedimientos para investigar los antecedentes
de los candidatos, así como poca información sobre si estos soldados
campesinos estarán sometidos a los controles y procedimientos
disciplinarios normales.
Tampoco está claro cuál es el propósito real de este ejército
campesino. La iniciativa se creó inicialmente para que las comunidades
sin presencia militar estuvieran protegidas por miembros de su propia
comunidad, en forma de soldados campesinos. Sin embargo, en marzo de 2003
el comandante de la XVIII Brigada dijo a Amnistía Internacional que se
estaba estacionando a soldados campesinos en localidades que ya contaban
con una presencia militar regular.(34) También hay indicios de que se ha
enviado a soldados campesinos a patrullar en zonas alejadas de sus
comunidades.
Hay datos que indican que en Arauca se ha reclutado forzosamente a
soldados campesinos. Durante su visita al departamento en marzo de 2003,
los delegados de Amnistía Internacional recibieron información que indicaba
que 39 soldados campesinos habían sido reclutados en unidades del
ejército campesino en el municipio de Saravena, según los informes como
parte del servicio militar obligatorio, y no de forma voluntaria. Sus
familias recibieron posteriormente amenazas de las FARC.
El peligro consiste en que en Arauca se están militarizando la
vida familiar y comunitaria. Al crear los soldados campesinos (así como
la red de informantes civiles que se examina a continuación), el gobierno
no sólo está incorporando a la estrategia de contrainsurgencia del
ejército a estos individuos, sino también a sus familiares y amigos.
Todos ellos corren peligro de ser atacados por grupos de guerrilla.
Comunidades enteras podrían verse en peligro al ser obligadas a colaborar
activamente con el ejército para neutralizar las posibles amenazas de la
guerrilla. Tal como dijo un oficial del ejército, si multiplicas el
número de soldados campesinos por el número de familiares y amigos de
éstos, puedes crear fácilmente una red de informantes que abarque todo el
municipio.(35)
La red de un millón de
informantes civiles
La red de informantes creada por el ejército exige que los civiles
reúnan y transmitan a las fuerzas de seguridad información secreta sobre
grupos armados ilegales. En su documento de política sobre los
informantes (o "cooperantes", como el gobierno prefiere
llamarlos ahora), el gobierno expuso quién formaría parte de esta red. La
red estaría compuesta de redes basadas en las Juntas de Acción
Comunal y los Frentes Locales de Seguridad, y también formarían parte de
ella la Red Empresarial de Seguridad Ciudadana (compuesta por empresas de
seguridad privadas), la Red Ciudadana de Informantes en las Carreteras y
de Conductores (en la que habría conductores de taxi y autobús), la Red
Ciudadana de Policías Cívicos, la Red Ciudadana de Miembros de la Defensa
Civil Colombiana y la Red "Servicios Especiales y Comunitarios de
Seguridad", que actúa en zonas de alto riesgo. Según el gobierno, a
principios de 2004 había más de 1,8 millones de personas en la red,
dirigida por el ejército y la policía.
Para promover la red de informantes, el ejército introdujo el
"lunes del informante": una ceremonia televisada en la que
informantes anónimos encapuchados recibían recompensas en metálico de un mando
militar. Las autoridades abandonaron este espectáculo tras convertirse en
blanco de críticas generalizadas tanto nacionales como internacionales.
Un informante recibe una recompensa en metálico
del general Mario Montoya en Medellín en una ceremonia televisada a la
que asistieron altos cargos del gobierno, incluido el Presidente Uribe
(al fondo, a la derecha). © Reuters
El Presidente Uribe y varios ministros del gobierno han comparado
frecuentemente la red de informantes civiles con los planes de vigilancia
vecinales de algunos lugares de Europa. Se trata de una comparación
errónea. Londres y París, por ejemplo, no son ciudades asoladas por la
violencia armada y las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario. No existe ningún
conflicto armado en Estocolmo, Lisboa o Viena. Los habitantes de estas
ciudades pueden participar en esos planes para combatir la delincuencia
común sin temor a recibir un balazo en la cabeza o a que se ponga una
bomba en la escuela de sus hijos. No van a ser atacados por guerrillas o
por paramilitares respaldados por el ejército que por participar en ese
plan los acusen de aliarse con sus enemigos.
La red fue criticada por la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la
Defensoría del Pueblo.(36) Las críticas, compartidas por grupos
nacionales e internacionales de derechos humanos, se basan en tres
cuestiones. En primer lugar, al asignar a los civiles un papel directo en
el conflicto, la distinción entre civiles y combatientes se difumina
peligrosamente. Ni siquiera el gobierno parece tener clara esa
distinción. En agosto de 2002, la entonces ministra de Defensa, Marta
Lucía Ramírez, declaró que estos informantes no eran civiles, ya que
tenían una relación directa con las fuerzas de seguridad y recibían un
pago.(37)
En segundo lugar, los miembros de la red están expuestos a los
ataques de la guerrilla. De hecho, ya están siendo blanco de esos
ataques. Esto puede avivar los argumentos en favor de equipar a estas
redes con armas, lo que facilitaría la aparición de un nuevo tipo de
grupos paramilitares. Esta posibilidad se ha hecho muy real con la
legislación propuesta en el Congreso que otorgaría a los civiles acceso a
armas semiautomáticas, y con el decreto 1612, firmado por el presidente
Pastrana el 31 de julio de 2002, que contiene disposiciones que permiten
a los civiles portar armas y establecer sus propias cooperativas de
seguridad para defenderse de los subversivos.(38) En marzo de 2003, los
delegados de Amnistía Internacional fueron informados de que, entre los
fallecidos por ataques de la guerrilla en varios lugares de Colombia,
había miembros de las redes de informantes civiles.
En tercer lugar, los testimonios de informantes pagados y anónimos
son poco fiables, ya que se permite que un informante decida según sus
propios criterios quién es "sospechoso"; muchos informantes
pueden sentirse motivados por las recompensas económicas ofrecidas por el
Estado o las fuerzas de seguridad, y otros pueden verse influidos por
rencillas o intereses personales. El uso de redes de informantes es
especialmente poco fiable cuando esas redes se utilizan como sustitutos
de investigaciones y procesamientos legítimos.
Muchos defensores de los derechos humanos y activistas sociales de
Arauca y otros lugares de Colombia han sido detenidos sobre la base de
información falsa ofrecida por informantes. Aunque las redes de
informantes actúan en Arauca, las autoridades regionales temen que no se
presenten suficientes voluntarios a causa del temor, bien fundado, a ser
atacados por grupos de guerrilla. Esto, unido a los crecientes ataques de
la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a
pedir a la policía y el ejército que aumenten las recompensas ofrecidas a
cambio de información. Es probable que esta medida dé lugar a más
injusticias en el departamento.
Las familias de los informantes también han sido blanco de
ataques. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, al menos cinco familiares
de informantes han sido asesinados en Saravena.(39)
Amnistía Internacional también ha recibido información que indica
que, tras la captura de presuntos guerrilleros en Saravena, se han
retransmitido por radio mensajes de felicitación a los lugares del
municipio cuyos habitantes facilitaron la información que hizo posible la
captura. Esas retransmisiones sugieren que las autoridades han adoptado
una estrategia encaminada a conseguir que los civiles desempeñen un papel
activo en el conflicto.
Soldado por un día
El Grupo de Operaciones Sicológicas (GEOS) del ejército introdujo
el programa "soldado por un día" en el Batallón Rebeíz Pizarro
en Saravena en noviembre de 2002, aunque, según los informes, quedó
desmantelado a mediados de 2003 a raíz de la presión ejercida por la
Procuraduría General. El programa iba dirigido a las escuelas y centros
de enseñanza. En él se animaba a los niños de las escuelas públicas y
privadas de Saravena a acudir a la base del batallón, donde jugaban con
los soldados vestidos de payasos, utilizaban la piscina, participaban en
rifas, recibían pasteles y refrescos y jugaban con los tanques mientras
los soldados les enseñaban a manejar armas.
Según los informes, antes de regresar a sus casas los niños eran
recompensados con una reproducción de un billete de 20.000 pesos en el
que aparecía escrito: "El gobierno lo recompensa. Usted y su familia
merecen otra oportunidad. ¡Vuélese ya!" (esto último referido a la
guerrilla). El ejército asegura que el programa estaba ideado para
"inculcar en los niños el amor por su patria" y para "fortalecer
el amor y respeto por los símbolos patrios". Sin embargo, su
propósito real no era exactamente ése. Tal como declaró el comandante del
Batallón Rebeíz Pizarro, la intención del programa era "hacer que el
hijo del guerrillero cuestione a su papá".(40)
Los testigos que han hablado con Amnistía Internacional también
han dicho que los niños que acudían a estos actos eran utilizados para
obtener información sobre la presunta actividad guerrillera de sus padres
y otros familiares. Aunque, al parecer, el programa "soldado por un
día" ha quedado desmantelado, a Amnistía Internacional le sigue
preocupando que el ejército esté utilizando a niños para incriminar a sus
padres, y considera que los efectos psicológicos que esta práctica puede
tener en los niños son, en el mejor de los casos, inciertos. A la
organización le preocupaba asimismo que se estuviera poniendo a niños en
peligro al llevarlos a los cuarteles, un blanco militar para la
guerrilla.
El ejército presionó a las escuelas de Saravena para que
participaran en este programa y en actos similares, a pesar de la
preocupación manifestada por maestros y padres. Tal como dijo un maestro:
"El día viernes 25 de octubre de 2002 se estacionó una camioneta de
la fuerza pública frente a la puerta del [colegio]. En ese momento un niño
se acercó y me dijo que habían mandado decir que abriera la puerta que
ellos necesitaban entrar. Inmediatamente conseguí las llaves y abrí la
puerta. Inicialmente entraron dos miembros de la fuerza pública, luego
entró otro. Nos saludamos muy cordial y en seguida me manifestaron que
estábamos en el mes de los niños y que el Ejército Nacional tenía
programado un evento para ellos con participación de payasos. Me
invitaron para que llevara los niños en ese momento hasta el parque […].
Yo respondí que no era posible llevarlos por que ésta es una zona
peligrosa y además no tenía autorización de los padres de familia y
constantemente se están presentando […] balaceras contra la fuerza
pública lo cual pone en riesgo la integridad de los niños y que en ese momento
toda la responsabilidad recaía en la escuela. El hecho de no haber
aceptado la invitación que me hacían los señores militares les molestó
muchísimo, pues uno de ellos me dijo que los estaba tratando de
delincuentes. Inmediatamente uno de ellos que portaba una cámara
filmadora me la colocó de frente y me filma, otro militar todo enojado me
pregunta mi nombre, el número de cédula y el nombre de la institución y
estos datos los llevaron escritos".
Este maestro fue, posteriormente, uno de los 2.000 residentes de
la zona detenidos en Saravena la noche del 12 de noviembre de 2002,
aunque quedó en libertad sin cargos la misma noche de su detención tras
ser interrogado y después de que le marcaran el brazo con tinta
indeleble.
La organización por parte de las fuerzas armadas de actividades
similares con niños, como el reparto de caramelos en el Día Universal del
Niño o el montaje de circos, como parte de su programa de operaciones
sicológicas es una práctica generalizada en todo el país. Varias unidades
militares, entre ellas la XVIII Brigada, han organizado circos en
distintas partes del país.
5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A
LA SOCIEDAD CIVIL
Los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales
están en primera línea de la lucha por los derechos políticos, sociales y
económicos en Colombia. Esto se ve claramente en el departamento de
Arauca, que cuenta con un movimiento sindical y de derechos humanos muy
desarrollado y bien asentado desde hace mucho tiempo. Este movimiento
denuncia activamente las violaciones de derechos humanos y las
infracciones del derecho internacional humanitario por todas las partes
del conflicto. A consecuencia de ello, las organizaciones que lo componen
se han convertido en blanco de los ataques de quienes, en Colombia, desean
silenciar sus denuncias. Esto hace temer que estén siendo blanco, cada
vez con más frecuencia, de una estrategia coordinada del ejército y los
paramilitares para empañar su imagen y minar su trabajo, tanto el de las
organizaciones como el de los individuos que las forman, mediante
detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales, y que todo ello
prepare el camino para que estos defensores y activistas se conviertan en
blanco de ataques violentos de los paramilitares. Esta estrategia se ha
visto complementada con una serie de medidas gubernamentales,
introducidas unas de ellas en Arauca y otras en todo el país, destinadas
a reforzar aún más la impunidad en Colombia.
En el conflicto colombiano, las fuerzas de guerrilla también han
atacado a activistas sociales y defensores de los derechos humanos que
han criticado las actividades de la guerrilla o han presentado
alternativas socioeconómicas que no se ajustan a la ideología
guerrillera.
Defensores de los derechos
humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos
Amnistía Internacional dispone de información que indica que las
fuerzas de seguridad siguen deteniendo arbitrariamente a defensores de
los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos en
Arauca. Muchas de esas detenciones tienen lugar durante operaciones en
las que se detiene al mismo tiempo a decenas, incluso centenares o, en el
caso de las detenciones de masa de Saravena de noviembre de 2002,
millares de personas. Estas detenciones reciben el nombre de "pescas
milagrosas", porque en ellas el ejército detiene a centenares de
civiles con la esperanza de encontrar a presuntos
"guerrilleros". Estas operaciones sirven para tachar de
subversivos a sectores o comunidades enteros, y no sólo violan el derecho
de las personas a no ser detenidas arbitrariamente, sino que además las
exponen a los ataques de los paramilitares.
En muchos casos no se han llevado a cabo investigaciones
judiciales previas sobre los individuos detenidos, por lo que las
detenciones se realizan sin orden judicial o, como mucho, con una orden
firmada en el mismo momento de la detención o después de ella. En otros
casos, la investigación judicial se inicia después de la detención,
normalmente por delitos relacionados con la rebelión o el terrorismo. Es
habitual que las fuerzas de seguridad hagan declaraciones a los medios de
comunicación, incluida la televisión, sobre estas detenciones, con
frecuencia anunciando la captura de miembros importantes de la guerrilla
e identificando a los detenidos. Lo más frecuente es que luego estos
sospechosos sean puestos en libertad por falta de pruebas, aunque no sin
antes ser identificados públicamente o ser obligados a desfilar ante las
cámaras. El ejército ha asaltado las casas de un número cada vez más
elevado de defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales de
Arauca a los que ha detenido arbitrariamente, y muchos de los cuales
habían denunciado anteriormente violaciones de derechos humanos en las
que estaban implicados paramilitares que actúan con la aquiescencia del
ejército.
El 21 de agosto de 2003, 42 activistas sociales y defensores de
los derechos humanos de Saravena fueron detenidos por miembros de la
XVIII Brigada y agentes de la Fiscalía General. Entre los detenidos se
encontraban José Murillo Tobo, presidente del Comité Regional de Derechos
Humanos "Joel Sierra", y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de
una sección regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y
miembro del Comité Regional de Derechos Humanos. Según los informes,
todos los defensores de los derechos humanos y activistas sociales
detenidos ese día permanecen privados de libertad, y se enfrentan a
cargos relacionados con las guerrillas. También las casas de Samuel
Morales, presidente de la CUT regional, Alberto Páez, otro dirigente sindical,
e Ismael Pabón Mora, del Comité Regional de Derechos Humanos, fueron
registradas en aquellas redadas, pero estos defensores no fueron
detenidos porque no se encontraban allí.
La detención de José Murillo y Alonso Campiño tuvo lugar después
de que el Comité Regional denunciara la presencia de paramilitares que
actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad de Saravena y
denunciara también una oleada de violaciones de derechos humanos
cometidas en el departamento tanto por paramilitares que actuaban junto
con las fuerzas de seguridad como por miembros del propio ejército, que
con frecuencia se presentaban como paramilitares. Las detenciones habían
venido precedidas también de una oleada de acusaciones realizadas en los
últimos meses contra el Comité Regional por las fuerzas de seguridad (que
tachaban a sus miembros de colaboradores de los subversivos), y de una
serie de ataques y amenazas de paramilitares contra el Comité. El Comité
Regional de Derechos Humanos es una de las organizaciones regionales que
han denunciado estas violaciones de derechos humanos en el ámbito
internacional. Según la información recibida, dos informantes
encapuchados participaron en las detenciones, lo que suscita preocupación
por la posibilidad de que éstas se basaran en pruebas y testimonios
obtenidos mediante la inteligencia militar y en información proporcionada
por informantes pagados.
El 21 de octubre de 2003, en Arauca fueron detenidas 31 personas,
la mayoría dirigentes políticos de partidos y movimientos de oposición.
Las detenciones se llevaron a cabo tan sólo cinco días antes de las
elecciones locales del 26 de octubre, y algunos de los aprehendidos iban
en cabeza en las encuestas. Entre los detenidos se encontraban el padre
José Helmer Muñoz, candidato a gobernador y favorito en las encuestas,
Orlando Barahona, candidato al concejo municipal de Arauca, y Luis
Alberto Peroza, Antonio Ortiga y Zoila Espósito, candidatos a las
alcaldías de Arauca, Cravo Norte y Saravena; también estaban tres ex
gobernadores –Gustavo Castellanos, Vicente Lozano y Héctor Gallardo–, dos
ex alcaldesas –Iliana Baroni y María Elena Molina–, dos diputados
–Elionor Ávila y Ramón del Carmen Garcés–, la contralora del departamento
–Emma del Carmen Benítez–, el alcalde de Arauca –Jorge Cedeño–, un
miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos - Movimiento Comunal y
Comunitario de Colombia –Enrique Soriano– y cuatro dirigentes políticos
–Herman Rico, Pedro Orjuela, Esperanza Sandoval y Gloria Suárez. A todos
ellos los acusaban de tener relación con el ELN. Al parecer, habían sido
identificados por tres informantes (supuestamente ex guerrilleros que
ahora se encontraban en el programa de protección de testigos del
gobierno), y no mediante investigaciones independientes judiciales o
policiales.
Además, los paramilitares del departamento de Arauca han seguido
atacando a defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En
septiembre de 2002, según la información recibida, las AUC emitieron una
amenaza de muerte por escrito contra sindicalistas de Arauca. En ella los
acusaban de tener vínculos con grupos subversivos y los declaraban
objetivos militares de sus unidades, diciendo: "Existen algunas
personas, sindicalistas, directores, comprometidos con grupos
subversivos, estos líderes son declarados objetivo militar de nuestras
unidades".
Esta amenaza de muerte la recibieron el 11 de septiembre de 2002
unos trabajadores del sector de la electricidad, de la Empresa de Energía
de Arauca (ENELAR ESP), y había venido precedida de dos amenazas de muerte
anteriores. En la primera, fechada el 6 de julio de 2002, las AUC decían
que "están plenamente identificados más de 150 trabajadores de
Arauca y cabeceras Municipales de Tame, Fortul, Arauquita, Cravo y
Rondón, y sus áreas rurales". El 7 de julio de 2002, en una amenaza
de muerte enviada por correo electrónico a la empresa, las AUC amenazaban
a los empleados y miembros del Sindicato de Trabajadores de la
Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) de la siguiente manera:
"Jefes, sindicalistas y algunos trabajadores [...] se les advierte
que tienen que renunciar de manera inmediata, de lo contrario deberán
atenerse a las consecuencias".
Entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2003, el departamento
de Arauca fue escenario de más del 47 por ciento de los homicidios y las
detenciones y privaciones de libertad arbitrarias ocurridos contra
sindicalistas en todo Colombia. Al menos seis sindicalistas fueron
asesinados en el departamento durante este periodo, la segunda cifra más
elevada del país, detrás de Antioquia (un departamento mucho más grande y
poblado que Arauca). La mayoría de los sindicalistas asesinados en Arauca
eran trabajadores de la salud o maestros, dos de los sectores sindicales
que más ataques sufren en Colombia.
Las organizaciones campesinas y quienes trabajan sobre cuestiones
de reforma agraria también han sido atacados y tachados de subversivos
por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Al igual que
otras zonas del país, Arauca se ha visto afectada por conflictos de
tierras. Un informe elaborado en 1995 por una Comisión Interinstitucional
que incluía a representantes de órganos estatales, del gobierno y de
organizaciones no gubernamentales concluyó que la concentración de
tierras en la región había conducido a invasiones de tierras y a otras
estrategias para reclamar tierras. También manifestó que las tierras que
reclamaba la población indígena eran ocupadas por familias campesinas, y
que la cantidad de tierra cuya propiedad se había concedido a las
comunidades indígenas era inferior a la que realmente ocupaban. El
informe concluía también que el conflicto de tierras era más intenso en
las zonas en las que había poderosos intereses económicos.(41) Es en este
contexto en el que las comunidades indígenas y campesinas que reclaman su
derecho a la tierra han sido víctimas de repetidas violaciones de
derechos humanos.
El 16 de mayo de 2003, cuatro miembros de la Asociación Campesina
de Arauca (ACA) fueron detenidos, según los informes, por miembros de la
XVIII Brigada y de la policía en Tame. Entre ellos se encontraban Pedro
Mosquera, Eduardo Peña Chacón y Ronald Peña Chacón, a quienes la policía
acusó de ser miembros de milicias guerrilleras que actúan en Arauca.
Según los informes, los policías golpearon a los detenidos, les cubrieron
la cabeza con bolsas de plástico y los sumergieron en agua por la fuerza.
Más tarde los dejaron en libertad sin cargos.
En julio de 2003, dos miembros de la ACA fueron detenidos, según
los informes, junto con otras 30 personas durante una operación militar
en la que tropas de la XVIII Brigada estuvieron acompañadas por miembros
de la Fiscalía General en Aguachica, municipio de Arauquita. Uno de ellos
fue puesto en libertad, pero el otro, Apolinar Herrera, según la
información más reciente, ha sido acusado de rebelión. Al parecer, en su
casa se hallaron varios cilindros de gas como los que la guerrilla
utiliza para hacer bombas de mortero de fabricación casera; según los
informes, Apolinar Herrera trabaja como distribuidor de gas.
Denys Alberto Monsalve Garzón, dirigente de la ACA, se encuentra
en paradero desconocido desde el 7 de enero de 2003, cuando se disponía a
tomar un taxi que lo conduciría del municipio de Saravena a la comunidad
de Pueblo Nuevo, en el municipio de Tame. Según los informes, no subió al
taxi. Antes de su posible "desaparición", Denys Alberto,
conforme indican los informes, había sido detenido arbitrariamente en
varias ocasiones en Saravena por la policía, que lo acusaba de ser un
colaborador de la guerrilla. En una de esas ocasiones, al dejarlo en
libertad, la policía le había dicho: "cuídese".
También ha habido una preocupación cada vez mayor por la seguridad
de los miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos (ADUC). El
secretario general de esta organización, Evangelista Rocha, fue uno de
los activistas aprehendidos el 12 de noviembre de 2002, durante las
detenciones en masa de Saravena. El 30 de agosto de 2003, apareció en la
pared del edificio que la ADUC comparte en Saravena con el Comité
Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" y con otras
organizaciones sociales una pintada de los paramilitares que decía:
"Llegamos, muerte a milicianos y a colaboradores… ACC-AUC".
Quienes trabajan en defensa de los derechos humanos también han
sido blanco de los ataques de los paramilitares. El 8 de noviembre de
2002, José Rusbel Lara, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos
"Joel Sierra", fue abatido a tiros por dos presuntos
paramilitares que viajaban en una motocicleta. José Lara había sido
objeto de amenazas paramilitares en los meses previos a su muerte, y se
beneficiaba de las medidas cautelares dictadas para él por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. A su homicidio le siguió, en los
meses posteriores, la detención arbitraria de varios miembros del Comité
Regional de Derechos Humanos. Casos como éste ilustran cómo las
detenciones arbitrarias coinciden con frecuencia con amenazas
paramilitares y con la "desaparición" y el homicidio de
activistas sociales, dirigentes campesinos y defensores de los derechos
humanos.
El caso de los trabajadores de la salud: Los trabajadores
de la salud también han sido blanco en repetidas ocasiones de ataques de
las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Puesto que los
profesionales de la medicina tienen que trabajar con frecuencia en zonas
de conflicto, es muy habitual que las fuerzas de seguridad los acusen de
aliarse con la guerrilla, especialmente cuando tratan a combatientes
heridos. Durante los dos últimos años, los médicos y enfermeras de Arauca
han sido acusados con frecuencia de ser subversivos, y han sido
detenidos, en muchas ocasiones acusados de rebelión y por prestar
asistencia médica a guerrilleros heridos.
· El
12, 17 y 19 de noviembre de 2002, la casa de Jorge Prieto, presidente de
la sección de Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores
Hospitalarios y de Clínicas (ANTHOC), fue objeto de un registro
llevado a cabo por miembros del ejército acompañados de representantes de
la Fiscalía General, según los informes sin orden judicial. Unos días
antes Jorge Prieto había denunciado un presunto asalto de las fuerzas de
seguridad al centro comunitario de José Vicente I Etapa, un barrio de
Saravena. El 13 de noviembre de ese mismo año, las fuerzas de seguridad
registraron también, según los informes, sin orden judicial, las oficinas
centrales de ANTHOC-Arauca.
· Entre
los aprehendidos durante las detenciones en masa del 12 de noviembre de
2002 en Saravena se encontraban varios miembros de ANTHOC, entre ellos
Nelson Prieto, William Higuera, Dora Lizcano y Abimelec Gómez Becerra,
dirigente departamental de ANTHOC. En noviembre fueron detenidos también
Miriam Carrillo y Orlando Sánchez Bautista.
· El
12 de enero de 2003, el doctor Ciro Alejandro Peña López fue detenido
mientras asistía a una cita con la XVIII Brigada. Fue acusado de
"concierto para delinquir". Este médico había practicado
autopsias a los cadáveres de las víctimas de la matanza de Santo Domingo
de 1998 y, según los informes, su detención coincidió con la decisión
tomada por Estados Unidos de retirar la ayuda a la unidad de la fuerza
aérea que había participado en aquel bombardeo. Según la información
recibida, el doctor Peña fue puesto más tarde en libertad, aunque, al
parecer, siguen abiertas las investigaciones judiciales iniciadas contra
él.
Muchos trabajadores de la salud han sido también víctimas de
homicidio, principalmente a manos de paramilitares.
· El
16 de junio de 2003, Morelly Guillén, trabajadora de la salud y miembro
de ANTHOC, fue asesinada en su casa de Tame, al parecer por paramilitares.
· El
22 de marzo de 2003, el doctor Alejandro Torres fue secuestrado, según
los informes, por paramilitares en Arauquita, y más tarde fue asesinado.
· El
19 de junio de 2002, Luis Enrique Coirán Acosta, auxiliar de enfermería y
dirigente de ANTHOC en Arauca, murió, según los informes a manos de
paramilitares, en Tame, a poca distancia de la comisaría. Según los
informes, sus asesinos huyeron del lugar del crimen en dirección a la
base militar de Naranjitos.
· El
25 de julio de 2002, Roberto Rojas Pinzón, miembro de ANTHOC y conductor
de ambulancias del municipio de Cravo Norte, fue asesinado, según los
informes por paramilitares.
· El
29 de agosto de 2002, Sergio José Velasco Pinto, dirigente del Sindicato
Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDES), fue asesinado, según
los informes por paramilitares, cuando entraba en el Hospital de San
Antonio, en Tame.
El homicidio y la detención de trabajadores de la salud en Arauca
ha coincidido con la publicación de una serie de "listas
negras" paramilitares, como una que circuló en abril de 2002 y otra
de cuya existencia se informó en 2003, que contenían los nombres de
miembros de ANTHOC.
Estos ataques resultan aún más fáciles gracias a las recientes
medidas que agravan el problema de la impunidad, un problema que yace en
el corazón mismo de la crisis de derechos humanos. El gobierno no ha
tomado medidas enérgicas para desmantelar los mecanismos de impunidad en
los casos de violaciones de derechos humanos, y eso ha permitido a las
fuerzas armadas seguir poniendo en práctica una estrategia de
contrainsurgencia caracterizada por las violaciones sistemáticas y
generalizadas de derechos humanos. Los tribunales militares siguen
reclamando la jurisdicción de las investigaciones sobre violaciones de derechos
humanos en las que están implicados militares de alta graduación. Estos
tribunales han eludido sistemáticamente el procesamiento de los
responsables de violaciones de derechos humanos. Aunque el sistema de
justicia civil ha iniciado algunas investigaciones sobre casos de
violaciones de derechos humanos en las que está implicado personal
militar, esas investigaciones se han visto seriamente obstaculizadas por
las amenazas contra investigadores judiciales, defensores de los derechos
humanos y testigos, y por la decisión de la Fiscalía General de retirar
de sus puestos a los investigadores judiciales en momentos clave de la
investigación.
Fortalecimiento de la autonomía
del ejército en Arauca
En los últimos años se han puesto a prueba en Arauca varias innovaciones
en materia de seguridad, con el fin de luego aplicarlas a otras zonas de
conflicto de Colombia. Estas innovaciones se han centrado en las medidas
destinadas a impulsar la autonomía de las fuerzas armadas y en responder
a la reiterada imposibilidad del gobierno de lograr la aprobación de la
Corte Constitucional para medidas controvertidas como la concesión de
poderes de policía judicial al ejército. Puesto que esos poderes han sido
ya aprobados por el Congreso (y sólo necesitan la aprobación, este mismo
año, de una ley habilitadora para que la legislación entre en vigor), es
probable que muchos de los mecanismos introducidos de forma pionera en
Arauca, como la "Estructura de Apoyo" o los "registros
voluntarios", resulten innecesarios.
La Estructura de Apoyo: El hecho de que, por el momento,
las fuerzas de seguridad no puedan practicar detenciones sin orden
judicial no ha dado lugar a una reducción del número de detenciones
arbitrarias. Mientras esperan a que se les concedan poderes judiciales,
las fuerzas de seguridad han recurrido a la participación de la
Estructura de Apoyo, compuesta por funcionarios de la Fiscalía General,
para "legalizar" detenciones llevadas a cabo en operaciones
coordinadas por las fuerzas armadas. La Estructura de Apoyo fue
establecida por la Fiscalía General en Arauca en noviembre de 2001 con el
fin de llevar a cabo "las investigaciones penales por los atentados
contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón".(42) Su
propósito oficial es reducir el peligro de ataques de la guerrilla contra
los investigadores judiciales que actúan en Arauca, pero con frecuencia
se utiliza para atacar a defensores de los derechos humanos y activistas
sociales.
La unidad tiene su base en el cuartel de la XVIII Brigada en la
ciudad de Arauca, y se compone de investigadores judiciales de la
Fiscalía General y la Procuraduría General. Los investigadores judiciales
también viven en el cuartel, y están bajo la protección específica de la
XVIII Brigada. Según los informes, la Estructura de Apoyo ha estado
financiada en parte por Occidental Petroleum.(43)
El hecho de que la unidad tenga su base en la XVIII Brigada socava
seriamente su independencia y su imparcialidad, ya que sus miembros
pueden verse obligados con frecuencia a investigar a las mismas personas
de las que depende su protección. Amnistía Internacional ha documentado
casos de investigadores judiciales de la unidad que han acompañado a
personal militar en las redadas y han emitido en ese mismo momento
órdenes de detención o de registro. En muchos casos, esas redadas se han
basado en datos facilitados por informantes civiles, no en
investigaciones judiciales previas, independientes e imparciales.
El 2 de septiembre de 2002, tropas de la XVIII Brigada entraron,
según los informes, en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda, municipio
de Arauquita, y detuvieron al menos a 60 personas. Los informes indican
que a los detenidos los recluyeron hacinados en una sola habitación. Los
soldados iban acompañados de miembros de la Estructura de Apoyo y, según
los informes, de un informante encapuchado. Entre los detenidos había
ocho testigos de la matanza de La Esmeralda, perpetrada por los
paramilitares el 21 de julio de 2001 y en la que murieron cinco personas.
Al parecer, se enfrentan a cargos de subversión en relación con supuestos
ataques contra el oleoducto. Según la información recibida, los ocho
testigos fueron identificados por el informante encapuchado, quien, según
afirman algunos testigos, era un miembro del grupo paramilitar implicado
en la matanza.(44) De los ocho testigos de la matanza detenidos, algunos
habían implicado al informante en esa misma matanza en sus declaraciones
a las autoridades judiciales.
En su reciente informe sobre la zona de rehabilitación y
consolidación, la Procuraduría General criticó también el hecho de que la
Estructura de Apoyo tenga su base en la Brigada. Según manifestaba el
informe, "el funcionamiento de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía
General de la Nación en las instalaciones de la Brigada XVIII con sede en
la ciudad de Arauca, dada la dinámica que en la práctica ha adquirido,
pone en entredicho la realización plena de principios constitucionales y
legales relativos a la autonomía, imparcialidad e independencia
judiciales". (45)
Registros voluntarios: Desde que la Corte Constitucional
anuló las disposiciones del decreto 2002 que facultaban al ejército para
realizar registros domiciliarios sin orden judicial, el ejército ha
empezado a utilizar "registros voluntarios" para realizar
registros en casas sin orden judicial. Los soldados llegan a una casa y
piden "permiso" para registrarla. Si su inquilino se niega, a
menudo lo amenazan con regresar con una orden judicial. La mayoría tienen
demasiado miedo como para negarse, ante el temor a ser tachados de miembros
o simpatizantes de la guerrilla. Tras los registros, los soldados obligan
al inquilino a firmar dos declaraciones, una en la que afirma que el
registro domiciliario fue voluntario y otra en la que manifiesta que los
soldados lo han tratado bien.
El 25 de febrero de 2003, a las 7:50 de la mañana, unos soldados
llegaron a la casa de la señora X(46) en Saravena y le dijeron que
querían llevar a cabo un registro voluntario. Cuando ella les preguntó si
tenían orden judicial, ellos le dijeron que no era un registro normal,
sino un registro voluntario. Ella les dio su permiso, y los soldados
registraron la casa. Le preguntaron en qué trabajaba, a qué se dedicaba
su esposo, de dónde procedían, cuándo habían llegado al municipio, quién
era el propietario de la casa y dónde vivía el propietario. Cuando
terminó el registro le hicieron firmar un documento.
Los soldados regresaron el 27 de febrero y pidieron permiso para
registrar el patio. La mujer respondió que se había asesorado y que había
leído una resolución de la Corte Constitucional que decía que el ejército
no estaba autorizado para entrar en una casa o registrarla sin permiso.
El capitán le dijo que no era un registro, que sólo querían ver el patio
de la casa, cuyo propietario, dijo, era un terrorista. La señora X les
dejó entrar de nuevo. Otra vez, le hicieron firmar un documento que decía
que había sido un registro voluntario. El capitán le preguntó quién le
había dado la copia de la resolución de la Corte Constitucional, y ella
le respondió que había sido el joven que trabajaba en derechos humanos.
El capitán entonces le preguntó si el joven en cuestión pertenecía al
Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", y ella dijo
que sí. El capitán entonces dijo que "Joel Sierra había sido un
bandolero y que la guerrilla lo había disfrazado de campesino".
El ejército afirma que los registros voluntarios están respaldados
por la Fiscalía General. Sin embargo, según un informe de la Procuraduría
General sobre Arauca, esta afirmación ha sido negada por fuentes de la
Fiscalía General.(47) El ejército también afirma que la legislación
existente le permite llevar a cabo registros voluntarios, pero la
legalidad de esta medida no está nada clara.
Según un informe enviado a la Procuraduría General por el
comandante de la XVIII Brigada el 16 de marzo de 2003, durante el periodo
de la zona de rehabilitación y consolidación se llevaron a cabo 294
registros normales y 1.078 "registros voluntarios". El ejército
asegura que, gracias a esos registros voluntarios, ahora tiene a 49.000
personas en su "registro" del departamento de Arauca. El 12 de
diciembre de 2003, la policía llevó a cabo un registro
"voluntario" en las oficinas del Comité Regional de Derechos
Humanos "Joel Sierra". El registro, sin orden judicial, se
llevó a cabo tras la votación realizada en el Congreso que otorgó poderes
de policía judicial al ejército, aunque esta medida aún no ha entrado en
vigor como ley.
Estrategia nacional para
consolidar la impunidad
El gobierno ha introducido, o está buscando la aprobación del
Congreso para hacerlo, una serie de medidas legislativas que se aplicarán
a nivel nacional y están destinadas a consolidar la impunidad que ha
asolado Colombia durante tantas décadas. No cabe duda de que estas
medidas tendrán una notable repercusión sobre las vidas de quienes
residen en el departamento de Arauca, especialmente los defensores de los
derechos humanos, los sindicalistas y los dirigentes campesinos.
Poderes de policía judicial para el ejército: En diciembre
de 2003, el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que
permitirá al ejército registrar casas, detener a individuos e interceptar
comunicaciones sin orden judicial. Antes de aplicar esta nueva
legislación, el Congreso debe aprobar una ley habilitadora, que probablemente
el gobierno presentará este año. Los sucesivos gobiernos, incluido el
actual, han tratado de introducir medidas similares, pero todas ellas han
sido rechazadas por la Corte Constitucional.
Existe preocupación por la posibilidad de que estos nuevos poderes
permitan a las fuerzas de seguridad detener a individuos, registrar casas
e interceptar comunicaciones basándose meramente en sus sospechas, no en
pruebas obtenidas en el transcurso de investigaciones judiciales
independientes e imparciales. Por lo tanto, la atribución de esos poderes
tiene serias repercusiones para los derechos políticos y civiles de la
población civil. Amnistía Internacional teme que faciliten la vigilancia
de los defensores de los derechos humanos, los testigos de violaciones de
dichos derechos y otros sectores civiles de la sociedad, a los que el
ejército tacha de subversivos. Estos sectores se enfrentan a la
posibilidad de ser objeto de investigaciones judiciales arbitrarias que
amenazan con tacharlos de subversivos y, por lo tanto, exponerlos al
peligro de ataques violentos o detenciones arbitrarias.
La concesión de poderes de policía judicial a las fuerzas de
seguridad puede fortalecer los mecanismos de impunidad al permitir a las
fuerzas de seguridad reprimir las investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre violaciones de derechos humanos. Al ejército también
puede resultarle más fácil iniciar investigaciones basadas en pruebas
escasas o inexistentes contra organizaciones de derechos humanos y de
otro tipo que denuncien violaciones de derechos humanos cometidas por el
ejército, en un intento de intimidar, silenciar y desacreditar a estas
organizaciones y, posiblemente, preparar el camino a ataques violentos
contra ellas.
Reforma de la Fiscalía General: La Fiscalía General fue establecida
por la Constitución de 1991 para investigar y procesar todos los delitos
cometidos en Colombia, incluidas las violaciones de derechos humanos. Sin
embargo, las reformas introducidas recientemente han debilitado la
independencia de los investigadores judiciales individuales, muchos de
los cuales están en primera línea de las investigaciones para llevar ante
la justicia a los implicados en violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario. Las nuevas medidas
permiten a la Fiscalía General decidir qué casos deben ser investigados y
retirar a los fiscales que investiguen ciertos casos. Esto ha minado la
independencia e imparcialidad de las investigaciones relacionadas con los
derechos humanos.
Desde julio de 2001, cuando el fiscal general Luis Camilo Osorio
ocupó su cargo, la actitud habitual de la Fiscalía ha sido una marcada
hostilidad hacia las investigaciones sobre derechos humanos y un esfuerzo
constante por purgar la institución de funcionarios dispuestos a llevar a
cabo dichas investigaciones. Según los informes, poco después de su
llegada, el fiscal general Osorio forzó la dimisión de varios altos
funcionarios que investigaban casos de violaciones de derechos humanos en
los que estaba implicado un ex general. En diciembre de 2001, el fiscal
general Osorio destituyó a cuatro directores del Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI), todos ellos descritos como excelentes
profesionales por otros fiscales y ex funcionarios de la Fiscalía General
y por dirigentes del CTI.
El general Ismael Trujillo, director del CTI, dimitió más tarde,
alegando que sin esos profesionales de confianza no podía hacer su
trabajo. En abril de 2002, siete fiscales de la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía General y un miembro del CTI recibieron amenazas
graves y creíbles relacionadas con su trabajo en investigaciones sobre
casos destacados de violaciones de derechos humanos. Osorio no tomó
ninguna medida para protegerlos. Posteriormente, los amenazados pidieron
medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Decenas de fiscales e investigadores han dimitido o han huido de Colombia
desde que el fiscal general Osorio ocupó su cargo. Por otro lado, muchos
fiscales se han visto sometidos a presiones, según los informes, para que
presenten cargos de subversión guerrillera contra individuos pese a no
existir ninguna prueba contra ellos. La Fiscalía General se ha integrado
más plenamente en la estrategia de contrainsurgencia y coordina las
operaciones y la estrategia contra el terrorismo junto con las fuerzas
armadas, en la recién creada estructura de coordinación antiterrorista.
Indulto o libertad "condicional" a autores de
violaciones de derechos humanos: En enero de 2003, el gobierno emitió
el decreto 128, que concede indultos a miembros de grupos armados
ilegales que se entreguen a las autoridades, siempre que no estén siendo
objeto de investigaciones penales por violaciones o abusos contra los
derechos humanos o que no estén encarcelados por esos mismos delitos.
Pero lo cierto es que la mayoría de los paramilitares y guerrilleros
responsables de abusos contra los derechos humanos no han sido
identificados, y por lo tanto no están sometidos a investigación. Eso
significa que, en la práctica, el decreto concederá la amnistía a autores
de abusos y violaciones.
El gobierno también ha presentado al Congreso un proyecto de ley
que va más allá del decreto 128 al conceder la "suspensión
condicional de la ejecución de la pena" a los combatientes
encarcelados que renuncien a su pertenencia a un grupo armado ilegal y a
los relacionados con grupos armados que participen en un proceso de paz
con el Estado y que se entreguen a las autoridades, incluso aunque hayan
sido hallados responsables de abusos o violaciones graves de derechos humanos.
El proyecto de ley extenderá estos beneficios a los miembros individuales
de grupos armados que admitan sus delitos y ofrezcan resarcimientos, como
indemnizaciones económicas a las víctimas. Los principales beneficiarios
de esta legislación serían los grupos paramilitares que están negociando
su supuesta desmovilización con el gobierno. A Amnistía Internacional le
preocupa la posibilidad de que, si se aprueba este proyecto de ley, los
responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los autores de
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no serán adecuadamente
investigados ni comparecerán ante la justicia para responder de sus
presuntos delitos. Estas medidas, y las negociaciones con los
paramilitares, ignoran también los estrechos vínculos de estos últimos
con las fuerzas de seguridad, y con ello transmiten a los tribunales el
peligroso mensaje de que desistan de permitir que avancen los
procedimientos judiciales sobre dichos vínculos.
6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL
PARAMILITARISMO
El gobierno no ha tomado medidas enérgicas para hacer frente a los
paramilitares, que son responsables de la mayoría de los homicidios no
relacionados con los combates. La principal razón de que los grupos
paramilitares hayan podido continuar con su ofensiva militar,
caracterizada por violaciones generalizadas de derechos humanos, es que
estos grupos se benefician del apoyo y la aquiescencia de sectores de las
fuerzas de seguridad y, con frecuencia, actúan en coordinación con ellos.
Los sucesivos gobiernos colombianos han alegado, y continúan haciéndolo,
que los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares son
incidentes aislados. Sin embargo, los indicios que señalan una
coordinación constante son abrumadores.
La connivencia entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares
ha adoptado diferentes formas en Colombia. Ha habido operaciones
militares conjuntas, soldados en servicio activo que actúan con unidades
paramilitares, unidades del ejército que se identifican como
paramilitares durante operaciones, comunicaciones telefónicas y
radiofónicas entre unidades del ejército y paramilitares, intercambio de
información secreta, paramilitares que viven en bases del ejército o la
policía, coordinación en los cortes de rutas, repetidas faltas de
actuación por parte de las fuerzas de seguridad respecto a informes de
incursiones paramilitares o respecto a bases y controles paramilitares
cuya ubicación se conoce, operaciones militares para apoyar a fuerzas
paramilitares que estaban siendo atacadas, ausencia de medidas para
impedir la fuga de paramilitares detenidos, y falta de progresos en las
investigaciones sobre altos mandos de las fuerzas de seguridad implicados
en violaciones de derechos humanos cometidas junto con grupos
paramilitares.
La consolidación del
paramilitarismo en Arauca
Aunque en los últimos años se ha encarcelado a numerosos
paramilitares, Amnistía Internacional sigue recibiendo una cantidad
considerable de información creíble que señala la constante consolidación
de las fuerzas paramilitares en zonas fuertemente militarizadas, como el
departamento de Arauca, e indica una fuerte connivencia entre los
paramilitares y las fuerzas de seguridad. A lo largo de la última década,
los paramilitares, con el respaldo de las fuerzas armadas, han hecho
varios intentos de establecer una presencia paramilitar permanente en el
departamento.(48) Estas operaciones, que, por ejemplo, han utilizado como
cobertura la cooperativa de seguridad de El Corral o la operación militar
Arawac, han venido acompañadas con frecuencia de graves violaciones de
derechos humanos.
El Corral: En noviembre de 1997 empezó a actuar en Arauca
una cooperativa de seguridad(49) que se autodenominaba Asociación de
Servicios Comunitarios "El Corral Ltda. Departamento de Arauca".
El Corral mantuvo una presencia en el municipio de Arauca entre noviembre
de 1997 y febrero de 1998, fecha en que dejó de actuar abiertamente,
después de que las autoridades colombianas declararon que carecía de
licencia. El entonces comandante de la XVIII Brigada, el general Arcesio
Barrero Aguirre, hizo una declaración a tal efecto el 22 de enero de
1998. El Corral fue considerado responsable de unos 19 homicidios en
Arauca entre noviembre de 1997 y enero de 1998. Durante este periodo
llevó a cabo patrullas regulares en la ciudad de Arauca. El Corral
también fue considerado responsable de la "desaparición" de
Libardo Duarte y Rodolfo Osorio, ocurrida el 15 de diciembre de 1997.
Estos dos hombres eran miembros del partido de izquierdas Unión
Patriótica (UP). Desde la creación de este partido en 1985, más de
3.000 de sus miembros han sido asesinados, la inmensa mayoría por
paramilitares respaldados por el ejército.
Efraín Varela entrevistó al representante legal de la cooperativa
en la emisora de radio Meridiano 70 el 9 de enero de 1998. Durante la
entrevista, el representante dijo que la cooperativa contaba con 70
miembros, e insistió en que sí tenía licencia para actuar en el
departamento de Arauca, que las fuerzas armadas tenían pleno conocimiento
de la actuación de El Corral en el departamento y que su sede estaba
situada cerca de la base de la XVIII Brigada en Arauca. También confirmó
que El Corral llevaba a cabo operaciones en distintas partes del
municipio. Asimismo, refiriéndose al parecer a los homicidios atribuidos
a la cooperativa, alegó que los asesinos utilizaban vehículos idénticos a
los que utilizaba El Corral, y añadió: "están haciendo las
cosas supuestamente a nombre de la guerrilla". Al preguntarle por
qué, casualmente, los vehículos de El Corral llevaban placas de matrícula
del municipio de San Vicente del Chucurí, departamento de Santander,
donde actuaban cooperativas de seguridad vinculadas a comandantes de las
AUC, el representante legal respondió que los vehículos habían sido
matriculados en ese municipio por razones de seguridad.
El 2 de febrero de 1998 se dictó una orden de detención contra el
representante legal por cargos de falsificación de documentos. Fue
detenido, pero Amnistía Internacional no dispone de información que
indique si fue juzgado o condenado por esos cargos o por otros relativos
a los homicidios cometidos por El Corral. Otros dos miembros de El Corral
fueron acusados de portar armas sin permiso. Un agente del Servicio de
Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN) de la policía
colombiana también fue acusado por cuestiones relacionadas con El Corral.
Amnistía Internacional no dispone de información sobre si se iniciaron
procesamientos contra estos tres hombres. Efraín Varela fue asesinado por
paramilitares en 2002 (véase capítulo 8).
El 23 de febrero de 1998 se celebró una manifestación contra el
paramilitarismo en el departamento de Arauca, organizada por sindicatos,
grupos de campesinos y de indígenas y otros grupos de la sociedad civil.
Según los informes, el entonces comandante de la XVIII Brigada declaró
que la manifestación había sido organizada por fuerzas de guerrilla. A
consecuencia de la manifestación, el 26 de febrero el gobierno colombiano
se comprometió a llevar a cabo investigaciones judiciales sobre la
actuación de la cooperativa de El Corral y a investigar los abusos y
violaciones de derechos humanos cometidos en el departamento. Varios de
los responsables de organizar la manifestación y negociar con el gobierno
se encontraban entre quienes, en 2002 y 2003, fueron detenidos y
amenazados por paramilitares.
En mayo de 1998, las AUC hicieron públicos dos comunicados. En uno
de ellos anunciaban que "nuestra presencia armada en el Departamento
ya es una realidad". En el otro decían que estaban llevando a cabo
la primera fase de un "Plan General que hay diseñado para este
departamento y que consiste en la ubicación y clasificación de
objetivos".
El 19 y 20 de noviembre de 1998, fuerzas de las AUC que actuaban
en coordinación con la XVI Brigada violaron a Alicia Ramírez Méndez,
embarazada de siete meses, y luego la degollaron, y también mataron a
Leonor Mercedes Carrillo Niño, Rito Antonio Díaz Duarte, Efraín Carvajal
Valbuena y Samuel Silva Ramírez en la comunidad de La Cabuya, municipio
de Tame. Las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por la
Procuraduría General concluyeron que un teniente del ejército del
Batallón 25 Héroes de Paya había ordenado a personal bajo su mando
prestar apoyo a los paramilitares durante la comisión de esos homicidios.
La información recibida por Amnistía Internacional indica que en la
matanza participó directamente personal militar adscrito al Batallón Núm.
25, y que los paramilitares habían coordinado la operación con oficiales
del batallón. La información recibida indica que los oficiales también
instruyeron a soldados del batallón sobre cómo debían responder a las
preguntas de las autoridades investigadoras y los amenazaron
recordándoles que, si implicaban al batallón en la matanza, ellos (los
oficiales) sabían dónde vivían sus familias.
Operación Arawac: Las ofensivas militares lanzadas en
Arauca en 2001 anunciaron la consolidación en gran escala de los
paramilitares en el departamento. En mayo, la XVI Brigada, con base en
Casanare, y la XVIII Brigada, junto con la Brigada Móvil Núm. 3 y la
Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), lanzaron la Operación Arawac, una
ofensiva militar en gran escala que concluyó el 17 de septiembre de 2001.
En su transcurso, según los informes, las tropas amenazaron a comunidades
civiles con incursiones paramilitares, diciendo: "los que vienen
atrás les van a mochar la cabeza por guerrilleros". Los informes
también indican que los soldados amenazaron a las comunidades diciendo
que iba a llegar un gran número de paramilitares: "vendrá Castaño
[el dirigente paramilitar] con 600 hombres a cuadrar esta región".
El 21 de julio de 2001 murieron, según los informes, a manos de
paramilitares cinco miembros de la familia Hernández Páez: Wilson, Luz
Elida, Farley (de ocho años), Heyner (de seis) y Robinson (de dos). Los
homicidios tuvieron lugar en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda,
municipio de Arauquita, aproximadamente a cuatro kilómetros de una base
militar y cerca del oleoducto de Caño Limón, que estaba bajo la
vigilancia constante de las fuerzas de seguridad. A pesar de que el
comandante de los paramilitares fue sometido a una investigación judicial
en relación con estos homicidios, algunos testigos han declarado ante los
investigadores judiciales que este hombre actuaba como informante del ejército
y participó el 2 de septiembre de 2002 en una operación militar con la
Estructura de Apoyo en la comunidad de El Triunfo, en la que
fueron detenidos más de 60 campesinos. Según los testigos, el comandante
paramilitar identificó a ocho campesinos para que fueran detenidos.
Algunos de esos ocho, si no todos, habían prestado ante los
investigadores judiciales testimonio que incriminaba al comandante
paramilitar en la matanza de julio de 2001 o testimonios de carácter
general sobre dicha matanza. Según la información recibida, los ocho
fueron acusados de ataques contra el oleoducto.
Entre junio y septiembre de 2001 aparecieron pintadas
paramilitares coincidiendo con la presencia de patrullas del ejército en
las comunidades de Puerto Nariño, Betoyes y Pueblo Nuevo, municipio de
Tame, en Saravena, y en La Paz, municipio de Arauquita. En agosto de
2001, unos 1.000 miembros de las AUC entraron en el departamento de
Arauca después de la concentración de tropas en el norte de Casanare.(50)
Tras la Operación Arawac se recibieron informes que indicaban que, desde
el 18 de septiembre, a pesar de la fuerte militarización de la zona, se
habían montado en carreteras de zonas rurales de los municipios de Puerto
Rondón y Tame controles ilegales gestionados por hombres armados que se
identificaban a sí mismos como paramilitares. En febrero de 2002 se hizo
público que Repsol-YPF había descubierto petróleo en el yacimiento de
Capachos, en el municipio de Tame.(51)
En febrero de 2002 se inició una huelga cívica convocada por
organizaciones sociales contra la presencia de paramilitares en el
municipio de Tame, que llevó al gobierno a firmar, el 4 de marzo, un
acuerdo con estas organizaciones. En virtud de ese acuerdo, el gobierno
se comprometía a garantizar la seguridad de la población civil y a tomar
medidas para combatir a los grupos armados ilegales que actuaban en el
municipio. Sin embargo, gracias a ese mismo acuerdo, los paramilitares
pudieron consolidar su presencia en otras partes del departamento de
Arauca.
Según la información recibida, la XVIII Brigada ordenó que se
llevaran refuerzos militares desde el municipio de Cravo Norte hasta el
de Tame. Tras el traslado de tropas hacia mediados de marzo, los
paramilitares, según los informes, establecieron una presencia en el
centro urbano de Cravo Norte y compartieron la comisaría con agentes de
policía. El 18 de abril de 2002, la Procuraduría General emitió la
directiva núm. 007, que señalaba "que las AUC llegaron a Cravo Norte
después de la salida del ejército y a partir de entonces patrullan el
casco urbano de la mencionada localidad, a pesar de existir un
contingente policial allí". La información recibida por Amnistía
Internacional indica que, el 22 de marzo, un grupo de paramilitares con
brazaletes de las AUC patrullaban la carretera entre Cravo Norte y el
aeropuerto. Las autoridades civiles y militares habían advertido
repetidamente de que los paramilitares tenían puestas sus miras en Cravo
Norte y que retirar tropas de la zona facilitaría el proceso.
A pesar del despliegue de refuerzos militares en el municipio de
Tame, según los informes 200 paramilitares pudieron entrar en el poblado
de Betoyes, en ese mismo municipio, el 30 de marzo. Durante esa incursión
los paramilitares pudieron establecer un control en la carretera que
conduce a la capital del departamento y secuestraron a cuatro personas, entre
las que se encontraba Sigifredo Valderrama, cuyo paradero se desconoce.
Entre el 28 y el 31 de abril, los paramilitares que combatían a las
guerrillas en Betoyes recibieron, según los informes, ayuda desde
helicópteros del ejército. Entre abril y mayo de 2002, los paramilitares
hicieron "desaparecer" a unas 13 personas en Cravo Norte.
Varios meses después, el ejército envió tropas de vuelta a Cravo Norte,
tras insistir en que las autoridades regionales debían contribuir al
coste del transporte de tropas en helicóptero entre Tame y Cravo Norte.
Después del regreso de los contingentes militares a Cravo Norte, unos 600
paramilitares viajaron de Cravo Norte a la zona de El Rosario, en el
municipio de Arauquita, el 14 de junio de 2002. Pese al elevado número de
paramilitares que se desplazaban, el ejército no hizo ningún esfuerzo
aparente por impedir su despliegue.
Aunque en el ámbito nacional hay indicios de una mayor acción
contra algunos grupos paramilitares, especialmente los que no mantienen
un diálogo con el gobierno, también hay indicios de que las estadísticas
oficiales de acción contra los paramilitares se están inflando
artificialmente. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha sido
informada de que se ha presentado a paramilitares muertos en combates con
la guerrilla como muertos a manos del ejército. Otras veces, las
operaciones contra los paramilitares han coincidido con el proceso de
certificación de la ayuda militar estadounidense a Colombia o con purgas
internas en las estructuras paramilitares. La organización también ha
recibido información sobre ataques simulados entre paramilitares y
soldados. Los medios de comunicación informan con frecuencia sobre
asaltos a presuntas bases paramilitares durante los que no se captura
apenas a ningún paramilitar. Los paramilitares capturados, con
frecuencia, son puestos en libertad sin cargos, son acusados de
actividades no relacionadas con el paramilitarismo o se fugan del lugar
donde se encuentran bajo custodia.
El aumento de las capturas no ha impedido la expansión y la
consolidación constantes de las fuerzas paramilitares durante los últimos
dos años, a pesar de la fuerte presencia militar y de las reiteradas
denuncias de las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía
Internacional, sobre las bases y controles paramilitares que, pese a las
denuncias, siguen operativos.
Durante una visita a la región realizada por Amnistía
Internacional en septiembre de 2002, la organización fue informada de que
un gran número de paramilitares había entrado en la comunidad de El
Rosario y sus alrededores, en el municipio de Arauca, el 21 de junio de
2002, a pesar de la estrecha proximidad de la XVIII Brigada. Según los
informes, un mes después de su llegada a la zona, los paramilitares
mantenían controles en La Antioqueña, El Rosario y Papayito, en la
carretera que une Arauca y el complejo petrolero de Caño Limón, a pesar
de la fuerte militarización de la región, y pudieron mantener esos
controles sin obstáculos hasta el 14 de agosto de 2002. Aunque se recibieron
informes sobre operaciones del ejército contra paramilitares, estas
operaciones no fueron decisivas y, en agosto de 2002, los paramilitares
se extendieron hasta El Caracol, municipio de Arauca. Cuando los
delegados de Amnistía Internacional visitaron Arauca en marzo de 2003
fueron informados de que los paramilitares seguían manteniendo una
presencia en El Caracol. A pesar de que la zona está fuertemente
militarizada y que las autoridades conocen el paradero de los
paramilitares (Amnistía Internacional informó a la XVIII Brigada sobre su
presencia en septiembre de 2002 y marzo de 2003) no parece haberse tomado
ninguna medida enérgica para hacerles frente.
Al consolidar su presencia en el municipio de Arauca, los
paramilitares pudieron perpetrar matanzas y homicidios selectivos a pesar
de la fuerte militarización de la región y del hecho de que se había
informado a las fuerzas armadas de su presencia. El 26 de noviembre de
2002, según los informes, los paramilitares torturaron y mataron al menos
a cuatro personas en la comunidad de El Matal, en la zona de Flor
Amarillo, municipio de Arauca. Al parecer, los paramilitares se
identificaron como miembros del Bloque Arauca y llevaban consigo una
"lista negra" con varios nombres. Mataron a Diego Javier Díaz
Carvajal, padre de seis hijos, a José Vicente Herrera, padre de cuatro
hijos, a Pedro Herrera y a Jesús Vicente Moreno, padre de nueve hijos.
Según los informes, la Defensoría del Pueblo de Arauca registró el
desplazamiento de 76 familias de esa comunidad. Durante la primera semana
de marzo de 2003, los informes indican que los paramilitares entraron en
la comunidad de Isla del Vapor, en la zona de Clarinetero, municipio de
Arauca, y mataron a siete personas, entre las que se encontraba Nayith
Alfonso Altamar Villegas.
La preocupación por la negativa de las autoridades colombianas a
reconocer la presencia de paramilitares la comparte la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, que, en su informe de 2003 (relativo a 2002), manifestó que
"[s]on motivos de preocupación las declaraciones de autoridades
civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos
paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público. Ejemplos de estas
situaciones se registraron en [...] Tame [...]".(52) A Amnistía
Internacional le preocupa también el hecho de que los paramilitares
parecen haber estacionado a miembros suyos en zonas del departamento en
donde las fuerzas de seguridad ya habían llevado a cabo operaciones de
contrainsurgencia, como Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame.
Ataques a la población civil
Las tropas del ejército se identifican con frecuencia como
paramilitares y utilizan brazaletes paramilitares en un esfuerzo por
disimular su identidad y crear confusión. Entre el 30 de marzo y el 3 de
abril de 2003, tropas del Batallón Navas Pardo de la XVIII Brigada
establecieron, según los informes, un puesto en el resguardo indígena de
Velasqueros, en Tame. Al parecer, durante ese tiempo, hombres armados que
se identificaron como paramilitares amenazaron a miembros de la
comunidad. El 30 de marzo, según indican los informes, un grupo de
soldados entró en la comunidad de Betoyes, en Tame. Ese mismo día, Luis
Eder Arévalo murió, al parecer a manos de paramilitares, en la carretera
que une Betoyes y el poblado de La Holanda. El 27 y 28 de abril de 2003,
los informes indican que hombres armados que llevaban brazaletes
paramilitares entraron en la comunidad de Flor Amarillo, Tame. Según
testigos, entre ellos había varios miembros del Batallón Navas Pardo. Los
asaltantes saquearon casas y comercios de la comunidad. Después de estas
operaciones, los testigos afirmaron haber encontrado brazaletes
reversibles, con la identificación de la XVIII Brigada en un lado y la de
las AUC en el otro. En mayo, soldados que, según los informes, se
identificaron como paramilitares violaron y mataron a una adolescente
embarazada y a tres niñas en esta zona (véase capítulo 8).
Amnistía Internacional ha documentado otros casos de soldados que
al parecer se identificaron ante la comunidad como paramilitares para
cometer violaciones de derechos humanos. El 20 de enero de 2003, en Alto
Cauca, Pueblo Seco y Alto Cusay, en Tame, miembros de la Fuerza de
Despliegue Rápido (FUDRA) estacionados cerca de la comunidad de Botalón y
que se identificaron, según los informes, como paramilitares patrullaron
encapuchados y retuvieron, interrogaron y golpearon a campesinos. Según
los informes, la FUDRA ha amenazado a la comunidad diciendo que entrará
en ella y cometerá una matanza: "vinimos con el ejército y nos
dejaron aquí con la misión de entrar a Botalón a matar a un poco de gente
y hasta que no cumplamos nuestro objetivo no nos podemos ir".
Continúan los homicidios pese al
alto el fuego
La mayoría de los grupos paramilitares que componen las AUC
iniciaron un "alto el fuego" el 1 de diciembre de 2002 como
preludio al comienzo de las negociaciones con el gobierno. El 15 de julio
de 2003, el gobierno y las AUC firmaron un acuerdo que podía conducir a
la desmovilización de los paramilitares para finales de 2005. Amnistía
Internacional recibiría con satisfacción cualquier esfuerzo para disolver
los grupos paramilitares, algo que debería haberse hecho hace ya mucho
tiempo. Sin embargo, a la organización le preocupa el hecho de que los
combatientes no serán apartados del conflicto, sino reintegrados en él al
ser reciclados como informantes civiles o soldados campesinos o al ser
contratados por empresas de seguridad privadas. A pesar del alto el
fuego, los paramilitares siguen siendo responsables de matanzas,
homicidios selectivos y "desapariciones". En todo el país, al
menos 700 personas murieron presuntamente a manos de paramilitares en
2003.
Amnistía Internacional también ha recibido información sobre
personas que han muerto, al parecer a manos de paramilitares, tras ser
amenazadas, detenidas y acosadas por la policía:
· El
22 de julio de 2003, una patrulla de la policía entró en el bar
"Estadero El Caney", en Saravena, y registró a los allí
presentes. A Uriel Ortiz Coronado le preguntaron dónde trabajaba, y él
respondió que en la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de
Saravena (ECAAS). Según los informes, durante la operación algunos
testigos observaron que había dos individuos no identificados dentro del vehículo
policial. Momentos después de que los policías se marcharan, dos hombres
armados entraron en el bar y mataron a Uriel Ortiz Coronado, Gerson Silva
Delgado, Henry Bautista González y Claudio Torres Reyes. Según los
informes, Uriel había sido detenido por la policía el 31 de mayo de 2003
y acusado de ser un colaborador de la guerrilla. Los informes indican que
también había sido amenazado por la policía.
· El
25 de septiembre de 2003, Rito Hernández, trabajador de la ECAAS, fue
abatido a tiros por dos hombres no identificados en su casa de Saravena.
Según los informes, la policía lo había detenido en varias ocasiones y lo
había amenazado. Los informes indican que la policía declaró que los
trabajadores de la ECAAS eran colaboradores de la guerrilla. El 25 de
julio de 2003, dos individuos no identificados, a quienes se cree
paramilitares, se acercaron a Rito Hernández y lo amenazaron a él y a
otros trabajadores de la ECAAS. Le dijeron que les iban a "dar todo
el plomo que se puedan tragar". El 31 de agosto de 2003
aparecieron en las paredes del edificio de la ECAAS en Saravena pintadas
paramilitares que amenazaban con matar a los trabajadores de la empresa.
Las pintadas decían: "sentencia final: muerte a ECAAS" y
"muerte a milicianos de ECAAS".
7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Como parte del conflicto, las guerrillas están obligadas a
respetar los principios del derecho internacional humanitario relativos a
los conflictos armados no internacionales. El artículo 3 común y el
Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, en los que Colombia
es parte, se aplican a los conflictos armados internos e imponen a todas
las partes armadas el deber de cumplir con las disposiciones mínimas,
incluido el trato humano a todos los que no están directamente implicados
en las hostilidades. Amnistía Internacional insiste en que estas normas
internacionales deben ser respetadas y considera que ésta es la única
manera de empezar a proteger a la población civil de los efectos del conflicto
armado en Colombia.
Las FARC y el ELN han sido responsables de numerosas y
persistentes infracciones del derecho internacional humanitario. Las
actividades de las FARC en Arauca se han caracterizado por los ataques
desproporcionados –muchas veces con morteros y bombas de fabricación
casera (que suelen matar a civiles)– contra objetivos militares, y por
los ataques contra el oleoducto y las torres de alta tensión, las
amenazas de muerte generalizadas contra civiles, los homicidios
selectivos de civiles y los secuestros. La estrategia del ELN, que entró
en la región con el objetivo autoprofesado de oponerse a la explotación
petrolera de Occidental Petroleum, consiste en atentar con explosivos
contra el oleoducto y las torres de alta tensión, secuestrar a civiles y
cometer homicidios selectivos también de civiles. El ELN lleva atacando
la infraestructura petrolera desde 1984. Muchos sectores civiles de
Arauca, como los funcionarios públicos, han sido víctimas de amenazas y
homicidios por parte de fuerzas de guerrilla pertenecientes a las FARC.
Autoridades locales en el punto
de mira
Las FARC han estado intentando minar la autoridad del Estado en
Arauca para reafirmar su control sobre la zona. La parte más visible de
esta estrategia ha incluido amenazas de "dimite o muere" contra
autoridades locales, como alcaldes o concejales. La guerrilla confía en
que el vacío político causado por el abandono de estos cargos facilitará
sus esfuerzos por obtener o recuperar el control de grandes zonas del
país. Una de las principales justificaciones para implantar el estado de
emergencia y crear las Zonas de Rehabilitación y Consolidación fue, por
lo tanto, la necesidad de crear mecanismos que permitieran al ejército
proteger a las autoridades locales que hubieran sido declaradas objetivo
militar por las FARC, y, aparentemente, recuperar el control efectivo de
los impuestos sobre el petróleo pagados a las autoridades regionales.
Sin embargo, durante el periodo de la zona de rehabilitación y
consolidación, las guerrillas siguieron matando a funcionarios públicos y
dirigentes locales y comunitarios y obligaron a centenares más a dimitir.
El 18 de febrero de 2003, las FARC emitieron una amenaza de muerte
general contra los funcionarios del departamento de Arauca que decía: "Que
como vivimos en una guerra ya declarada, son objetivos militar por
nuestra organización todas las instituciones del estado, los funcionarios
que representan dichas instituciones, las multinacionales, las empresas
de los capitalistas que apoyan al paramilitarismo o al estado que fomenta
la guerra".
Hasta las elecciones locales del año pasado, el departamento de
Arauca no había tenido un gobernador designado por elección desde que
Héctor Gallardo fue apartado del cargo en 2002. Su sustituto, el coronel
retirado José Emiro Palencia Álvarez, designado por el gobierno, ocupó su
cargo en octubre de 2002, pero dimitió el 14 de enero de 2003 por razones
"personales y de orden público". Según los informes, Héctor
Gallardo fue secuestrado por el ELN en agosto de 2002 y retenido como
rehén durante dos meses antes de ser liberado. Pese a ello, el 21 de
octubre de 2003 fue detenido, junto con otros dirigentes políticos de la
oposición, y acusado de mantener vínculos con grupos de guerrilla.(53)
En Arauquita, dos alcaldes han dimitido y los concejales están
desempeñando sus funciones desde Bogotá tras ser amenazados por la
guerrilla. El 3 de marzo de 2003, el Sindicato de Trabajadores y
Empleados Públicos (SINTROEPAR) de Arauquita denunció los ataques a los
que las FARC sometían a sus miembros, incluido el homicidio de tres de
ellos desde que la zona de rehabilitación y consolidación entró en
funcionamiento.
En Saravena, el personal del municipio se ha visto obligado a
trabajar en edificaciones temporales después de que, al parecer, las
guerrillas volaran sus oficinas. El 7 de marzo de 2003, el propio
alcalde, Hugo Manuel Benítez Ordóñez, dimitió tras recibir amenazas de
las FARC. Los alcaldes que representan a los municipios de fuera de la
zona de rehabilitación y consolidación también han sido víctimas de
amenazas u homicidios. El 3 de enero de 2003, el alcalde de Fortul,
Fernando Triviño, se vio obligado a dimitir tras recibir amenazas de un
grupo de guerrilla. El 25 de noviembre de 2002, Héctor Gutiérrez, alcalde
de Puerto Rondón, y Sixto Cortina, su secretario de gobierno, fueron
víctimas de homicidio, presuntamente a manos de las FARC.
Las guerrillas también siguen perpetrando homicidios selectivos de
civiles:
· el
7 de marzo de 2003, tres personas, entre ellas el geólogo Martín López,
murieron, presuntamente a manos de las FARC, cuando viajaban en un
vehículo en Betoyes, Tame;
· el
3 de enero de 2003, cinco personas, una de ellas un menor, murieron,
según los informes, a manos del ELN en los poblados de El Botalón y El
Pesebre, en Betoyes, municipio de Tame.
Bombas y morteros: las víctimas
civiles
Las FARC han intensificado su uso de bombas y morteros en el
departamento de Arauca. No sólo han atacado el oleoducto, sino que, al
parecer, han perpetrado ataques contra objetivos militares y policiales
en zonas muy pobladas, lo que con frecuencia ha dado lugar a bajas
civiles. Las FARC no han dudado en utilizar en sus ataques armas de baja
precisión, como bombas de cilindro de gas, y han mostrado poco interés
por la seguridad de los civiles, lo que viola claramente los principios
clave de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho
internacional humanitario, y la obligación de tomar medidas para evitar o
reducir al mínimo la perdida fortuita de vidas civiles, las lesiones a
civiles y los daños a bienes civiles. Se han atribuido a las FARC varios
ataques que han causado la muerte y lesiones a civiles:
· el
17 de junio de 2003, Edwin Orlando Ropero, de 11 años, murió y cuatro
adultos resultaron heridos cuando se detonó una bicicleta cargada con
explosivos en Fortul;
· el
23 de junio de 2003, un dispositivo similar causó la muerte de Bryan
Alexander Balmaseda, de tres años, en Arauquita. Al parecer, la explosión
también mató al guerrillero que montaba la bicicleta;
· el
13 de septiembre de 2002, parece ser que las FARC hicieron estallar
varias bombas de cilindro de gas en Saravena. Aunque su objetivo parecía
ser la comisaría, los artefactos fallaron el blanco y alcanzaron los
edificios circundantes. Cuatro civiles murieron y 23 resultaron heridos.
Extorsión y secuestro como
fuente de ingresos
En los noventa, se calculaba que las fuerzas de guerrilla obtenían
en torno a 140 millones de dólares estadounidenses al año(54) mediante la
extorsión al sector petrolero y el secuestro de trabajadores de dicho
sector.(55) Tanto las FARC como el ELN han sometido a "impuestos de
guerra" a los contratistas nacionales que trabajan para empresas
extranjeras. En su declaración del 15 de febrero de 2000 ante el Congreso
estadounidense, Lawrence Meriage, haciendo referencia a "elementos
subversivos", manifestó: "Nuestros contratistas se ven
obligados a pagar un 'impuesto de guerra' o enfrentarse a la amenaza bien
real de que su equipamiento sea destruido y su personal atacado. Los
trabajadores locales deben pagar dinero de 'protección' o poner en
peligro su seguridad personal y la de sus familias".
En Arauca, las guerrillas han obligado a los contratistas de obras
públicas a pagarles un porcentaje. Con frecuencia, estos contratistas se
han visto obligados a pagar tanto al ELN como a las FARC para poder
llevar a cabo su trabajo sin obstáculos. De esta manera, la guerrilla se
ha hecho con parte de los impuestos por petróleo que benefician a Arauca.
Esta es una de las razones que motivaron la decisión tomada por el
gobierno colombiano en enero de 2003 de que los pagos de los impuestos se
administraran desde Bogotá.(56)
Los trabajadores del petróleo han sido amenazados repetidamente
por las fuerzas de guerrilla. El 16 de abril de 2001, el ELN secuestró a
más de 107 trabajadores de Occidental Petroleum en el municipio de
Arauca. A 73 de ellos los puso en libertad al cabo de unas horas, y a los
demás los dejó libres el 19 de abril. Los comandantes del ELN dijeron que
el secuestro había tenido como finalidad alertar a Colombia y a la
comunidad internacional de la creciente presencia de paramilitares en el
departamento y de los vínculos de éstos con las fuerzas armadas y el
sector económico. Algunos trabajadores del petróleo también han sido
víctimas de homicidio.(57)
8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS
DEL CONFLICTO
Además de las comunidades indígenas y campesinas y de los
sindicalistas, también los miembros de determinadas profesiones y otros
sectores civiles de Arauca han sido víctimas de amenazas y homicidios por
parte de la guerrilla y los paramilitares respaldados por el ejército.
Esto ha sucedido especialmente en el caso de maestros y periodistas, que
han sido blanco de ataques porque su trabajo los pone a menudo en
contacto con los dos bandos del conflicto. También se ha atacado a
mujeres, en ocasiones por su trabajo como maestras (una profesión con una
gran representación femenina) y otras veces por haber entablado
relaciones con miembros de uno de los dos bandos del conflicto.
Periodistas: un golpe a la
libertad de expresión
Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para que
los periodistas realicen su trabajo. Quienes informan desde el
departamento de Arauca han sido blanco especial de ataques durante los
últimos años:
· en
1984 fue volada con explosivos la oficina de Radio Caribarare, en
Saravena;
· en
1991, Henry Rojas Monje, periodista de El Tiempo, fue asesinado.
En su homicidio estaba implicado personal del ejército;
· en
1995 tuvo lugar el homicidio de Iván Darío Pelayo, director de Radio
Llanorámica;
· en
2001, Zoraida Ariza, corresponsal de La Voz de Cinaruco, fue
víctima de un ataque con explosivos, al parecer obra de la guerrilla.
El 21 de enero de 2003, el ELN secuestró a la periodista británica
Ruth Morris y al fotógrafo estadounidense Scott Dalton, de Los Angeles
Times. Los puso en libertad después de 11 días de cautiverio. Un
equipo de cinco periodistas colombianos de RCN, enviados a cubrir la
historia, fueron también secuestrados en la carretera que conduce a
Saravena el 25 de enero de 2003, y liberados el 28 de ese mismo mes.
El 18 de marzo de 2003, el periodista Luis Eduardo Alfonso fue
asesinado cuando se dirigía a su trabajo en la emisora de radio Meridiano
70 en la capital, Arauca. Luis Eduardo Alfonso había sido víctima de
amenazas de muerte y había recibido anteriormente protección del Programa
de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior. Muchos otros
periodistas de Arauca están asimismo bajo la protección de este Programa.
Otro periodista, Efraín Varela, murió también, al parecer a manos de
paramilitares, el 28 de junio de 2002. Los dos se habían mostrado muy
críticos con la guerrilla y los paramilitares.
Desde 2003 han circulado por el departamento diversas listas
negras, en las que se nombra a un total de 24 periodistas y se les pide
que abandonen Arauca inmediatamente. Una de las listas tiene 16 nombres
(14 de Arauca, uno de Saravena y otro de Tame) y, al parecer, es de las
FARC. Otra pertenece presuntamente a los paramilitares y contiene 10
nombres, con los de Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso marcados con una
cruz a la derecha del nombre.
A consecuencia de las amenazas de muerte, 16 periodistas del
departamento de Arauca viajaron a Bogotá el 31 de marzo de 2003 para
pedir medidas al gobierno. Sin embargo, las amenazas ya han tenido serias
repercusiones en la libertad de expresión en la región. Los periodistas
con sede en el departamento ahora sólo informan sobre noticias no
controvertidas y comunicados oficiales, no abandonan los núcleos urbanos
para realizar periodismo de investigación ante el temor a ser atacados, y
tienen dificultades para encontrar a personas dispuestas a hablar con
ellos, ya que los posibles informantes están demasiado asustados.
Según los informes, las autoridades militares también han tratado
de censurar directamente la información. El 13 de noviembre de 2002, la
emisora comunitaria Radio DIC, que cubre Saravena, Arauquita, Tame y
Fortul, tuvo que cerrar, al parecer a consecuencia de las presiones de un
oficial del ejército. El día antes había emitido un comunicado de una
organización social que denunciaba violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad en la zona. Al parecer, dos
oficiales del ejército visitaron la oficina de la radio en Saravena para
prohibir a su director que transmitiera en Arauca.
Maestros: minando el derecho a
enseñar
Los maestros han sido blanco especial de ataques por parte de
todos las partes del conflicto. Han sido víctimas de homicidio,
secuestro, "desaparición", extorsión por grupos armados
ilegales, amenazas escritas y telefónicas, declaraciones públicas en las
que los identifican como objetivo militar, y órdenes de grupos armados
que les prohíben participar en actividades sindicales y les exigen que se
den de baja en su sindicato. En marzo de 2003, las FARC, y también los
paramilitares, habían amenazado, según los informes, a más de 90 maestros
en Arauca. De ellos, unos 60 han dejado la región. También había maestros
entre los aprehendidos en las detenciones en masa llevadas a cabo en
Saravena en noviembre de 2002.
Los miembros de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR)
han sido víctimas de amenazas y homicidios. El 18 de marzo de 2003,
Raquel Galvis, miembro de ASEDAR que vive en Arauquita, recibió una
amenaza de muerte telefónica cuyo autor se identificó como miembro de las
AUC y le advirtió de que, si se encontraba con un control paramilitar, la
matarían. Al día siguiente, Jaime Ernesto Carrillo, presidente de ASEDAR,
recibió una amenaza de muerte por escrito que decía: "Cuide a sus
hijos o no los volverá a ver". Varios maestros fueron asesinados en
2003:
· el
7 de marzo, Luis Alfonso Grisales murió en Clarinetero, municipio de
Arauca, al parecer a manos de paramilitares. Había sido maestro rural
durante 26 años;
· el
13 de enero, paramilitares de las AUC mataron, según parece, al maestro
José Marcelino Díaz González en Tame. José Marcelino Díaz era conocido
por su trabajo sindical y comunitario y era uno de los fundadores del
Colegio Técnico Froilán Farías.
Mujeres: atacadas como táctica
de terror
Las mujeres en Colombia también son víctimas de ejecución
extrajudicial, homicidios deliberados y arbitrarios, tortura,
"desapariciones" y otras formas de violación de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Los ataques de que son
víctima se deben en gran parte, aunque no exclusivamente, al papel que
las mujeres asumen en sus comunidades como activistas y líderes en la
campaña en favor de los derechos políticos y económicos o porque son
miembros de comunidades situadas en zonas de conflicto en las que tiene
puestas sus miras cualquiera de los dos bandos. También se recurre a la
violencia sexual contra las mujeres, incluidas la violación y la
mutilación genital, por ejemplo en el contexto de matanzas o como forma
de tortura, como arma de guerra para generar temor.
Pese a ello, las mujeres siguen siendo las víctimas ocultas,
ocultas a consecuencia del nivel de impunidad y del silencio que rodea
los actos de violencia, especialmente la violencia sexual, y a
consecuencia de que estas cuestiones no se encuentran en la agenda ni del
gobierno colombiano ni de la comunidad internacional. Sin embargo, en los
últimos años la violencia de género en el contexto de los conflictos
armados ha recibido atención, especialmente en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, que incluye una lista de delitos de violencia
de género bajo las definiciones de crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra, como la violación, la esclavitud sexual, la
prostitución forzada, la trata de mujeres, el embarazo forzado, la
persecución por motivos de género y la esterilización forzada.
· Entre
el 1 y el 7 de mayo de 2003, soldados de la XVIII Brigada, con brazaletes
de las AUC, entraron, según los informes, en las comunidades indígenas de
Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, en Betoyes, Tame,
Arauca. En Parreros, el 5 de mayo, Omaira Fernández, una muchacha de 16
años embarazada, fue presuntamente violada y asesinada. Sus atacantes le
abrieron el vientre y sacaron el feto, y luego introdujeron el cadáver de
la joven en una bolsa que, según los informes, después arrojaron al río
Cravo. En Velasqueros, tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años fueron
también violadas, según indican los informes. Estos y otros ataques del
ejército y los paramilitares, así como los combates entre los
paramilitares y la guerrilla, obligaron a centenares de personas a huir a
localidades cercanas como Saravena. Los paramilitares, según los
informes, amenazaron a miembros de estas comunidades desplazadas diciendo
que los matarían si regresaban.
· El
28 de diciembre de 2003, unos hombres armados no identificados mataron a
dos mujeres, Rosa Adelina Parales Carrerro y Rosa Casa Parales, así como
una niña de 10 meses, en el municipio de Tame. Las víctimas eran,
respectivamente, la madre, la hermana y la hija del presidente del
concejo municipal de Tame, Ángel Demetrio Casas Parales, quien, según los
informes, era a quien buscaban los asesinos pero no se encontraba en casa
en el momento de los homicidios. Al parecer, Ángel Demetrio Casas había
recibido amenazas de muerte de las FARC.
· El
2 de octubre de 2002, un miembro del Batallón Héroes de Saraguro,
adscrito a la XVIII Brigada, entró por la fuerza en la casa de Inocencia
Pineda Pabón, en la comunidad de Las Blancas, municipio de Arauquita, y,
según los informes, disparó al esposo de ésta, Francisco Guerrero
Guerrero, y la violó a ella. Aunque se dijo que la Fiscalía General había
iniciado investigaciones judiciales sobre el caso, Amnistía Internacional
fue informada en marzo de 2003 de que el soldado en cuestión había
escapado dos veces mientras estaba bajo custodia de la XVIII Brigada, lo
que hacía temer que las autoridades militares no estuvieran cooperando
plenamente con el sistema de justicia.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las partes del conflicto armado interno de Colombia han explotado
durante décadas a los civiles del departamento de Arauca para conseguir
sus propios objetivos políticos, militares y económicos, basados
principalmente en la explotación y el control de los sustanciosos
recursos petrolíferos del departamento. La violencia en la región aumentó
espectacularmente tras el descubrimiento de petróleo en la década de
1980. La explotación de la riqueza petrolífera de Arauca podría haber
supuesto un gran beneficio económico para los habitantes de la región. En
cambio, lo que ha traído consigo es una violencia cada vez mayor.
Los constantes esfuerzos de las guerrillas por destruir el
oleoducto y la infraestructura eléctrica del departamento han dado lugar
a numerosas muertes de civiles y a una importante degradación del medio
ambiente. Sus intentos de minar la autoridad del Estado se han saldado
con centenares de homicidios selectivos de civiles y funcionarios
públicos a quienes acusan de colaborar con sus enemigos. Las amenazas
colectivas de muerte dirigidas por la guerrilla a trabajadores del sector
público y a otros grupos como los periodistas han creado un clima de
inseguridad y miedo.
El ejército ha respondido a esta amenaza, no enfrentándose
directamente a la guerrilla, sino atacando a los civiles. De esta manera,
parece creer que puede privar a las FARC y al ELN del oxígeno que, según
afirma, estos grupos reciben de la población. Para las fuerzas de
seguridad, todos los civiles del departamento deben ser tratados como
posibles guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla. Esto se aplica
especialmente a las zonas que tienen una fuerte presencia guerrillera y
que son de interés económico, como Arauca. En estas zonas, el tachar de
subversivos a los civiles proporciona un pretexto para emprender
operaciones militares o paramilitares en las que se cometen violaciones
de derechos humanos para silenciar a quienes hacen campaña en favor de
los derechos sociales y económicos o para obligar a los civiles a
abandonar zonas de importancia económica. En particular, el ejército y la
policía han atacado a campesinos, comunidades indígenas, defensores de
los derechos humanos y sindicalistas. La estigmatización de estos grupos
como colaboradores de la guerrilla se ha visto exacerbada por la campaña
emprendida por el gobierno para minar la legitimidad de su trabajo.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido
para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los
civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los
derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La
zona de rehabilitación y consolidación de Arauca no redujo la violencia y
la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita.
De hecho, según la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, en
algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al
igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de
seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas
civiles. Durante el tiempo en que la zona de rehabilitación y
consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento
del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó
principalmente a los defensores de los derechos humanos, los activistas
en favor de la paz y los sindicalistas, muchos de los cuales habían
sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos
presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra
estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa,
continúan imparables a pesar de que la zona de rehabilitación y
consolidación ya no está en funcionamiento.
Vistas desde esta perspectiva, la zona de rehabilitación y
consolidación, la Estructura de Apoyo y la práctica constante de
detenciones arbitrarias señalan una intensificación de la estrategia de
contrainsurgencia de las fuerzas armadas, destinada no sólo a combatir a
la guerrilla sino también a silenciar a quienes defienden los derechos
socioeconómicos –incluidos los sectores que "obstaculizan" las
exploraciones petroleras–, y a obligar a los civiles a abandonar las
tierras que son importantes para la industria petrolera y para otros
intereses económicos, garantizando al mismo tiempo que no se filtra
información sobre lo que está sucediendo en la región.
La presencia de investigadores judiciales en los cuarteles de la
XVIII Brigada y el uso de informantes pagados, encapuchados y anónimos
conducen inevitablemente a que se cometan injusticias en el departamento
de Arauca. Los sospechosos no son detenidos basándose en investigaciones
judiciales independientes e imparciales previas, sino en la información
poco fiable proporcionada por informante anónimos y con frecuencia
pagados, y los investigadores judiciales suelen tener demasiado miedo a
ser destituidos si se salen de la línea. La presencia de soldados
campesinos y de redes de informantes pone también a las comunidades en
las que éstos viven en peligro de sufrir ataques violentos de la
guerrilla. Por su parte, el programa "soldado por un día", y
otros programas similares, amenazaron con arrastrar incluso a los niños
al conflicto armado.
Amnistía Internacional sigue recibiendo información fidedigna que
indica que las fuerzas armadas, incluida la XVIII Brigada, están
directamente implicadas en homicidios, torturas y
"desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y
secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en
Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido
"limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el
oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados
con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas
y homicidios contra campesinos, miembros de comunidades indígenas,
defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas, así como
contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o
simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de
mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor
mediante matanzas, "desapariciones" y tortura. Existen sólidos
indicios de que algunos sectores de las fuerzas de seguridad siguen
estando en connivencia con los grupos paramilitares, y la distinción
entre ambos suele difuminarse a propósito para intensificar el clima de
temor e inseguridad entre los civiles. De hecho, las operaciones de las
fuerzas de seguridad prepararon inicialmente el camino para la presencia
de los paramilitares en el departamento de Arauca. Si las fuerzas de
seguridad están actuando en abierta connivencia con las fuerzas
paramilitares, ¿a quién pueden acudir los civiles en busca de protección?
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de
América –con mucho, el principal donante de ayuda militar a Colombia–,
tiene el deber de garantizar que sus fondos no se utilizan para cometer
violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y esto resulta trágico,
sigue financiando unidades militares, incluida la XVIII Brigada de
Arauca, pese a las abrumadoras pruebas que indican que dichas unidades
están violando los derechos humanos, ya sea directamente o en connivencia
con grupos paramilitares. La reciente decisión del gobierno
estadounidense de permitir que su ayuda militar se utilice para
actividades de contrainsurgencia en Colombia tendrá un resultado evidente
y trágico: un aumento de los ataques contra la población civil. Mientras
tanto, es probable que las guerrillas, que deberían ser el centro de la
atención del ejército, permanezcan relativamente ilesas, como ha sido el
caso habitualmente en este conflicto que dura ya 40 años y del que el
mayor coste humano ha tenido que pagarlo la población civil del país.
Según los informes, Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF,
que poseen y gestionan el yacimiento petrolífero de Caño Limón, en
Arauca, han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los
acuerdos de seguridad establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el
ejército. Occidental Petroleum ha captado apoyos para que se proporcione
ayuda militar a las fuerzas de seguridad colombianas y, según los
informes, ha proporcionado financiación para la unidad especial de la
Fiscalía General: la Estructura de Apoyo. Por su parte, Ecopetrol también
ha proporcionado importantes sumas de dinero a las fuerzas armadas, según
los informes. Este apoyo refuerza la responsabilidad de estas empresas de
garantizar que los agentes estatales o los representantes de éstos que
actúan para defender los intereses económicos y estratégicos de sus
empresas en Arauca no cometen violaciones de derechos humanos.
Occidental Petroleum participa en el proceso de diálogo tripartito
conocido como Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la
Extracción, que regulan la valoración de riesgos, la interacción con la
seguridad pública y la interacción con las fuerzas de seguridad
privadas(58). Occidental Petroleum ha preparado una política global del
buen vecino y un código de conducta empresarial al objeto de actuar de
forma socialmente responsable. También ha refrendado los Principios
Globales Sullivan de Responsabilidad Social. Además, Repsol-YPF participa
en el Pacto Mundial.(59)
Aunque las empresas hayan participado en estas iniciativas de
carácter voluntario, al operar en zonas en conflicto como Colombia, las
violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo. Hay denuncias de
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad
que, al parecer, han recibido financiación de estas empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, Amnistía Internacional pide a
estas empresas que evalúen y establezcan la valoración de riesgos y las
relaciones contractuales con las empresas de seguridad, determinen las
debilidades e integren los derechos humanos en sus códigos de conducta,
utilizando como referencia las Normas sobre las Responsabilidades de las
Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los
Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que:
· elabore
una política global de derechos humanos que cumpla plenamente las
obligaciones internacionales de Colombia y las recomendaciones de la ONU
y otros órganos intergubernamentales respecto a los derechos humanos,
incluidas las relativas a actuar para poner fin a la impunidad, hacer
frente a los grupos paramilitares respaldados por el ejército y
disolverlos, y garantizar la seguridad de los sectores vulnerables;
· garantice
que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las
violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
y garantice también que los responsables de esas violaciones comparecen
ante la justicia y que todos los miembros de las fuerzas de seguridad de
quienes las investigaciones judiciales o disciplinarias concluyan que han
estado implicados en casos de violaciones de derechos humanos o
connivencia con los paramilitares son apartados de sus puestos hasta que
se determine su culpabilidad o su inocencia;
· anule
las propuestas que amenazan con arrastrar a la población civil aún más al
conflicto y con reinventar el paramilitarismo a través de medidas como la
red civil de un millón de informantes o el ejército de soldados
campesinos;
· derogue
las medidas que amenazan con agravar el problema de la impunidad en
Colombia, como las que otorgan poderes de policía judicial al ejército o
las que conceden amnistías de facto a miembros de grupos armados
ilegales implicados en graves violaciones de derechos humanos;
· ponga
fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a cabo
por los defensores de los derechos humanos, los activistas en favor de la
paz y los sindicalistas, muchos de los cuales han sido víctimas de
detenciones en masa, detenciones arbitrarias y asaltos a domicilios y
oficinas;
· abandone
el uso de "registros voluntarios" por parte del ejército y
elimine la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General, ya que amenazan
con fortalecer la impunidad en el departamento de Arauca.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que:
· inste
al gobierno colombiano a poner en práctica las recomendaciones antes
expuestas y vigile de cerca los esfuerzos del gobierno a este respecto.
Estas recomendaciones son conformes con las formuladas repetidamente por
las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, lo que impone a
los gobiernos de segundos países el deber de vigilar estrechamente las
acciones emprendidas por las autoridades colombianas para ponerlas en
práctica;
· pida
a los grupos armados de oposición que se comprometan públicamente a
respetar las normas humanitarias internacionales y a impedir que sus
miembros cometan abusos que infrinjan el derecho internacional
humanitario;
· utilice
sus buenos oficios para instar al gobierno colombiano y a los grupos
armados de oposición a alcanzar un acuerdo humanitario para retirar a los
civiles del conflicto;
· aumente
la vigilancia sobre el terreno de la situación de los derechos humanos
tanto en el departamento de Arauca como en las otras antiguas Zonas de
Rehabilitación y Consolidación.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que:
· aplique
plenamente la ley Leahy, que prohíbe que Estados Unidos proporcione
formación a unidades militares de las que se crea que han participado en
violaciones de derechos humanos;
· interrumpa
el desembolso de ayuda estadounidense en materia de seguridad a Colombia
hasta que el Departamento de Estado pueda certificar que las fuerzas
armadas de Colombia han cumplido los criterios sobre derechos humanos
establecidos en la sección 564 del proyecto de ley de Asignaciones
Generales del año fiscal 2003, incluidos el de cortar los lazos entre el
ejército y las fuerzas paramilitares y el de hacer rendir cuentas al
personal militar por las violaciones de derechos humanos;
· haga
en Colombia declaraciones públicas en las que reconozca la legitimidad
del trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las
organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a los grupos armados de oposición
que:
· ordenen
a todos sus combatientes que respeten el derecho internacional
humanitario, que prohíbe específicamente a todas las partes de un
conflicto armado interno que ataquen a personas que no participan
directamente en hostilidades, y en especial que se abstengan de cometer
actos de violencia como el asesinato, la mutilación, el trato cruel, la
tortura, los atentados contra la dignidad de la persona y la toma de
rehenes;
· pongan
en práctica medidas específicas destinadas a garantizar el respeto del
derecho internacional humanitario, como asegurarse de que todas las
fuerzas bajo su control reciben formación y órdenes sobre el respeto
constante a los principios del derecho internacional humanitario,
investigar las denuncias de infracciones del derecho internacional
humanitario para determinar quiénes son sus responsables, y asegurarse de
que dichos responsables son apartados de todo puesto en el que puedan
cometer abusos contra civiles y contra personas que están fuera de
combate;
· se
aseguren de no utilizar armas ni prácticas militares que puedan dar lugar
a una amenaza desproporcionada e indiscriminada contra la seguridad de
los civiles;
· respeten
el derecho de las autoridades locales y los funcionarios, como los
alcaldes, los concejales o los funcionarios judiciales, a cumplir con su
deber legal y legítimo sin temor a amenazas.
Amnistía Internacional pide a Occidental Petroleum y a
Repsol-YPF que:
· presionen
al gobierno colombiano para que aplique plenamente las recomendaciones
sobre derechos humanos de Naciones Unidas, tal como se indica supra;
· insistan
en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre
los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por las
fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los
grupos armados de oposición en las zonas en que sus empresas operan;
· retiren cualquier apoyo que puedan estar prestando a la
Estructura de Apoyo de la Fiscalía General e insistan en su
desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia y de manera
independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una
investigación criminal por la Estructura de Apoyo.
Amnistía Internacional pide a las empresas petroleras que operan
en Arauca que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las
Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los
Derechos Humanos, de Naciones Unidas, y, concretamente, que:
· garanticen
que las disposiciones sobre seguridad para las empresas cumplen con las
normas internacionales de derechos humanos;(60)
· pidan a las autoridades colombianas que inicien una
investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos
presentadas contra agentes de la seguridad privada. Las empresas deben
comunicar a las autoridades colombianas que los funcionarios implicados
en violaciones cometidas en el pasado no actuarán en las zonas donde
ellas operan;
· garanticen
que, antes de contratar a guardas de seguridad u otros agentes de
seguridad en Arauca, se lleva a cabo una investigación sobre su conducta
en el pasado, y que se aplican políticas que prohíben tanto la
contratación de individuos como la colaboración con unidades de las
fuerzas de seguridad del Estado o la contratación de empresas de
seguridad sobre las que se sepa de su responsabilidad en violaciones de
derechos humanos o del derecho humanitario.(61) En este contexto se
engloba la conducta de las fuerzas de seguridad, no sólo en la zona del
oleoducto, sino también su conducta en otras zonas en el pasado. Las
empresas han de insistir en que las firmas de seguridad privada cuyos
servicios contratan no estén integradas en redes de inteligencia de
civiles.
· se
aseguren de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o
con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones
Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean
requeridas a fin de garantizar su cumplimiento.
Como empresa que participa en los Principios
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en el Sector de la
Extracción, Occidental Petroleum debe:
· aplicar
las disposiciones específicas que regulan la valoración de riesgos y la
interacción entre empresas y fuerzas de seguridad públicas o privadas;
· llevar
a cabo consultas regulares con el gobierno de Colombia y, en su caso, con
las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en relación con
las repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan tener en
las comunidades locales;
· presionar
a las autoridades colombianas para que inicien una investigación
exhaustiva e imparcial sobre los abusos y actúen para combatir y
desmantelar a los grupos paramilitares respaldados por el ejército;
· proporcionar
una compensación adecuada, justa y equitativa cuando así se requiera.
********
(1) La Fiscalía General de la
Nación se estableció en la Constitución de 1991 para investigar y
procesar todos los delitos cometidos en Colombia, incluidos los abusos y
violaciones de derechos humanos.
(2) La función de la Procuraduría
General de la Nación consiste en llevar a cabo investigaciones
disciplinarias sobre denuncias de conducta indebida, incluidas
violaciones de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos, como
los miembros de las fuerzas de seguridad.
(3) La cifra de población es una
estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE).
(4) Véase Amnistía Internacional,
Colombia: Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno
para hacer frente a la crisis de derechos humanos, diciembre de 2002, AMR
23/132/2002.
(5) El derecho internacional
humanitario, que incluye los Convenios de Ginebra, es el derecho de la
guerra, y busca regular los métodos de hacer la guerra (como el trato a
los combatientes) y proteger a los civiles que no participan en el
conflicto.
(6) El Tiempo, 9 de septiembre de
2003.
(7) La cifra de población es una
estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE).
(8) "La Violencia" fue,
en la práctica, una guerra civil que estalló a partir del largo conflicto
entre los partidos Liberal y Conservador. Se cobró la vida de unas
200.000 personas entre 1948 y 1957.
(9) Defensoría del Pueblo, Proyecto
Apoyo Defensorial en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación: Primer
Informe de Actividades, marzo de 2003, Bogotá.
(10) En 1996, la Asociación Cravo
Norte, que actúa en el yacimiento de Caño Limón y es propiedad de la
empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Occidental Petroleum y la
española Repsol-YPF, había firmado un "acuerdo de colaboración"
mediante el cual se comprometía a proporcionar ayuda a las unidades de la
XVIII Brigada que actuaran en las cercanías del yacimiento.
(11) Según la ley estadounidense,
las unidades militares financiadas por Estados Unidos deben contar con
una "certificación" que acredite que han cumplido una serie de
criterios en materia de derechos humanos; si no tienen dicha
certificación pueden perder la financiación.
(12) Esta ley establece la jurisdicción
de los tribunales estadounidenses en las querellas presentadas contra
autores de violaciones de derechos humanos que se encuentran dentro de
las fronteras de Estados Unidos pero que cometieron el presunto delito
fuera de territorio estadounidense.
(13) Occidental Petroleum había
traspasado el contrato con Airscan a la Fuerza Aérea Colombiana, y ese
contrato lo había pagado la empresa petrolera estatal colombiana
Ecopetrol.
(14) El yacimiento petrolífero de
Caño Limón lo explota la Asociación Cravo Norte, propiedad de Ecopetrol
(50 por ciento), Occidental Petroleumcol (25 por ciento) y Occidental
Petroleum Andina (25 por ciento). Occidental Petroleumcol es propiedad de
Occidental Petroleum (75 por ciento) y Repsol-YPF (25 por ciento).
Occidental Petroleum Andina era la parte de Shell en la Asociación Cravo
Norte hasta que fue vendida a Occidental Petroleum.
(15) Según los informes, el
oleoducto fue atacado con explosivos 152 veces en el año 2000, 178 veces
en 2001 y 50 veces en 2002. Véase Protecting the Pipeline: the US
Military Mission Expands, Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), mayo de 2003.
(16) Sitio web de Occidental
Petroleum: www.oogc.com
(17) Testimonio del general Gary D.
Speer, comandante en jefe en funciones, Comando Sur de los Estados
Unidos, Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Senado de
Estados Unidos, 24 de abril de 2002.
(18) "A Colombian village
caught in a cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US
involvement in the Latin American drug war can be", Los Angeles
Times, 17 de marzo de 2002.
(19) Cifra citada en Thad Dunning y
Leslie Wirpsa, "Oil and the Political Economy of Conflict in
Colombia and Beyond: A Linkages Approach", 2002, artículo cuya
publicación estaba prevista en Geopolitics.
(20) "A Colombian village
caught in a cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US
involvement in the Latin American drug war can be", Los Angeles
Times, 17 de marzo de 2002.
(21) Véase el documento de Human
Rights Watch: Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security
Arrangements Of Transnational Oil Companies (abril de 1998).
(22) Véase el documento de Human
Rights Watch: Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security
Arrangements Of Transnational Oil Companies (abril de 1998).
(23) Declaración de Lawrence P.
Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de
Occidental Oil and Gas Corporation, ante el Subcomité de Justicia Penal,
Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso, vista sobre Colombia,
15 de febrero de 2000.
(24) En el capítulo 6 encontrarán
un análisis más detallado de la Operación Arawac
(25) En Seguridad, ¿a qué precio?
La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de
derechos humanos (Índice AI: AMR 23/132/2002) encontrarán un análisis
detallado del Estado de Conmoción Interior y del decreto 2002.
(26) En el capítulo 6 encontrarán
un examen detallado de los poderes de policía judicial.
(27) Artículo 11, decreto 2002 de
2002.
(28) El 24 de noviembre de 2002 se
incluyeron en la zona de rehabilitación y consolidación dos nuevos
municipios, uno en el departamento de Bolívar y otro en el departamento
de Sucre.
(29) El Batallón "Héroes de
Saraguro" había estado adscrito a la V Brigada y actuaba en el
departamento de Norte de Santander. Fue transferido a la XVIII Brigada
tras una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por
paramilitares en 1999 y 2000 en zonas próximas a unidades de este
batallón.
(30) El Tiempo, 4 de octubre de
2002.
(31) Procuraduría General de la
Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca: Informe
Especial, 2003, Bogotá.
(32) Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.
(33) Declaración de la ministra de
Defensa durante una visita a Arauca en julio de 2003, de la que informó
el sitio web del gobierno el 15 de julio de 2003
(www.presidencia.gov.co).
(34) Entrevista con el general
Lemus, 20 de marzo de 2003.
(35) El Espectador, 24 de febrero
de 2002.
(36) Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2003/13), 24 de febrero de 2003,
y Diario del Magdalena, 30 de marzo de 2003.
(37) El Tiempo, 9 de agosto de
2002.
(38) El decreto 1612 podría
preparar el camino a la reaparición de grupos de "autodefensa"
similares a los CONVIVIR, creados por el presidente Ernesto Samper en
1994. Aquellos grupos solían estar armados y se vieron implicados en
violaciones de derechos humanos tales como matanzas, muchas veces en
coordinación con los paramilitares y las fuerzas armadas. En noviembre de
1997, la Corte Constitucional resolvió que no debía permitirse que los
CONVIVIR actuaran como "escuadrones de la muerte" y ordenó que
entregaran las armas reservadas para uso del ejército. Se teme que
algunas redes de informantes civiles puedan terminar convirtiéndose en
grupos del estilo de los CONVIVIR. Amnistía Internacional no ha recibido
información que indique que el decreto 1612 ha sido derogado por el
gobierno actual; de hecho, se aprobó tan sólo unos días antes de que el
gobierno del Presidente Uribe ocupara su cargo.
(39) Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.
(40) Semana, 3 de febrero de 2003.
(41) Informe Comisión
Interinstitucional sobre Situación de Derechos Humanos en los
Departamentos de Casanare y Arauca, julio de 1995.
(42) Artículo 1 de la resolución
02033 de la Fiscalía General de la Nación, de 23 de noviembre de 2001.
(43) Véase Huellas, nº 39,
febrero-marzo de 2002; también la entrevista con el mayor Aldana, de la
XVIII Brigada, y con Aldemar Rodríguez, de la Federación de Derechos
Humanos de Arauca, 22 de marzo de 2003, y con el procurador regional de
Arauca, José Reinel Orozco, 19 de marzo de 2003.
(44) En el capítulo 6 encontrarán
más información sobre la matanza.
(45) Procuraduría General de la
Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe Especial,
2003, Bogotá.
(46) Amnistía Internacional desea
proteger la identidad de la testigo.
(47) Procuraduría General de la
Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe Especial,
2003, Bogotá.
(48) La Comisión Interinstitucional
de julio de 1995 hizo referencia a la actuación de dos grupos
paramilitares en el departamento de Arauca: las Autodefensas de Sarare
(ADS), establecidas en Saravena en 1993, y el Comando Dumar Aljure, que
actuaba en el municipio de Tame en 1995.
(49) En 1994, el gobierno del
entonces presidente Ernesto Samper autorizó la creación de cooperativas
privadas de seguridad, inicialmente llamadas grupos CONVIVIR, que, entre
otras actividades, proporcionarían a las fuerzas de seguridad información
militar secreta.
(50) Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia al 58 periodo de sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002.
(51) El yacimiento de Capachos lo
explotan Repsol-YPF y Ecopetrol. En 2001, mientras se llevaba a cabo la
perforación exploratoria, TotalFinaElf había adquirido una participación,
pero renunció a ella en 2002.
(52) Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.
(53) En el capítulo 5 encontrarán más
información sobre las detenciones en masa del 21 de octubre de dirigentes
políticos y candidatos electorales.
(54) Cifra citada en Thad Dunning y
Leslie Wirpsa, "Oil and the Political Economy of Conflict in
Colombia and Beyond: A Linkages Approach", 2002, trabajo próximo a
publicarse en Geopolitics, tomada de un artículo publicado en el
Pittsburgh Post-Gazette del 22 de julio de 1996, que a su vez citaba un
artículo publicado en El Tiempo el 21 de julio de 1996.
(55) Íbid.
(56) Íbid.
(57) Véase el capítulo 2.
(58) La valoración del riesgo
engloba la identificación del riesgo, el potencial para la violencia, el
historial en materia de derechos humanos, el Estado de derecho, la
valoración de conflictos, y la transferencia de equipos. La interacción
con las fuerzas de seguridad se refiere a los principios que gobiernan
las disposiciones, el despliegue y la conducta en materia de seguridad, y
la consulta y el asesoramiento.
(59) El Pacto Mundial es una
iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que
insta a las empresas a actuar respetando los derechos humanos, los
derechos laborales y el medio ambiente. http://www.pactomundial.org/.
(60) Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones Unidas.
(61) Principios Voluntarios sobre
Seguridad y Derechos Humanos, de los que Occidental Petroleum es
firmante.
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Índice AI: AMR 23/004/2004
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20 de abril de 2004
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